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    martes 04 de junio de 2024

    Otro diciembre de angustia para extrabajadores de Casa de Galicia

    Entre depresiones, desalojo e incertidumbre, aseguran que viene una avalancha de juicios al Estado y apuntan al patrimonio de Alberto Iglesias

    Para 495 extrabajadores de Casa de Galicia este es otro diciembre triste. El tercero, luego del cierre de esa mutualista decretado por la Justicia ese mes de 2021 y la incertidumbre del de 2022. Este, si se quiere, está agravado porque el Parlamento no votó el miércoles 6 levantar el veto parcial impuesto por el presidente Luis Lacalle Pou a la ley para cubrir los créditos laborales que se les adeudan. Para muchos de ellos, cerca de 70% mujeres, según sus propias estimaciones, en buena parte entre los 40 y 50 años, franja en que la reinserción laboral es particularmente difícil, la situación ya se torna desesperante.

    Hay 260 trabajadores de la mutualista cerrada que ya tenían otro empleo que les ha permitido sobrellevar mejor una situación desde ya difícil. Otros 235 nunca fueron llamados a trabajar por otro prestador de salud, pese a que así lo establecía la Ley N° 20.022, de febrero de 2022, referida al cierre de la institución. Entre estos últimos está Patricia González, que pasó 16 años en la conserjería de Casa de Galicia. Su marido también estuvo 24 años en la sección de servicios y tampoco fue reinsertado. “Fuimos casi los últimos en irnos”, le dice a Búsqueda, en referencia a un doloroso final tan cercano y lejano a la vez.

    “Es una situación muy angustiante, una gran decepción, una lucha día a día. En noviembre se nos terminó el seguro, con eso íbamos llevando la cosa. No era mucho, pero te permitía pagar el alquiler y sobrevivir”, cuenta esta mujer de 49 años. Tiene un hijo de 15 que la acompañó en la sesión parlamentaria del miércoles 6. “Con verme la cara me entendió todo. Yo volví a casa y estaba muy angustiada, muy mal. Como madre no me gusta que tenga que ser mi soporte a esa edad, es injusto…”.

    En un momento Patricia se quiebra. Juega la incertidumbre de tener que pensar en mudarse “de acá al mes que viene” a lo de un familiar; la incógnita de saber sí ella podrá hacer “changas” de limpieza, o su marido de fletes; la imposibilidad de ayudar o siquiera ir a ver a su madre, que vive en Salto; la salud, la suya: “Yo estoy bajo tratamiento psiquiátrico por temas depresivos, sufro ataques de pánico, todo por este estrés, y se me terminó la mutualista…; no estoy nada bien, nunca imaginé que iba a tener que pensar qué comer o dónde iba a tener que vivir en un mes”.

    Más allá de los números, leyes, decretos y declaraciones cruzadas, las situaciones personales son los peores coletazos del cierre de la centenaria mutualista. Y esta no es la peor. “Hay compañeros que tomaron la peor de las decisiones, catastrófica y triste. El día de la asamblea general (el 6 de diciembre) una compañera me dijo que pensó en tirarse de las barras para abajo. Otra la sostuvo. Eso es a lo que han llevado a muchos compañeros. Otros están medicados, con depresión, con tumores. Es que es desesperante pasar dos años sin que te den el dinero que corresponde”, dice a Búsqueda Flor Costanzo, extrabajadora y representante ante el Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS).

    Otra vocera, Verónica Puche, asegura a Búsqueda que ya son nueve los excompañeros que se suicidaron. Ella —que trabajó siete años como administrativa— se ha arreglado entre “fotografía, jardines, limpieza y lo que venga”. Estuvo internada una semana en una clínica por depresión. Eso fue posible mientras tuvo mutualista, cosa que no ocurre hoy; al menos su hija sí tiene cobertura, gracias a su padre. También tiene el desalojo de donde vive para el 31 de este mes.

    Camino judicial

    Con votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, algunos nacionalistas y el del Partido Ecológico Radical Intransigente (PERI), el Parlamento había aprobado en noviembre una indemnización que alcanzaba los US$ 30 millones. Desde el oficialismo se señaló que estos trabajadores gozaron de contemplaciones especiales. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo en rueda de prensa que “para los trabajadores de Casa de Galicia hubo soluciones que no hay para trabajadores de otras empresas que se funden”, que “tuvieron un seguro de paro extremadamente especial que no tiene ningún trabajador que es despedido o que se queda sin trabajo porque la empresa cierra” y que “buena parte” de ellos en este tiempo “consiguieron otro trabajo porque hubo una salida acordada por la que, por cada 1.000 socios que se cambiaban de mutualista, esa mutualista tenía que tomar a 21 trabajadores”.

    Fuentes de los prestadores privados señalaron a Búsqueda que esta situación es responsabilidad de un mal manejo de recursos humanos de Casa de Galicia, que tenía aproximadamente 55% más de funcionarios cada 1.000 socios que el promedio de las demás.

    El presidente envió al Parlamento un mensaje para vetar algunos artículos de la ley. Argumentó que violaban la Constitución, discriminaba a algunos exempleados por sobre otros y afectaba la “planificación financiera” del Poder Ejecutivo.

    Ninguna de las cámaras consiguió el miércoles 6 la mayoría especial de tres quintos para levantar ese veto parcial. El gobierno aseguró así pagar a los extrabajadores de Casa de Galicia —en total, más de 2.000— un monto de unos US$ 8 millones, como era su intención. Entre gritos, insultos y llantos de varios de ellos, la sesión terminó con las barras desalojadas.

    Costanzo señala que ahora se viene una avalancha de juicios contra el Estado. “Son un hecho, y se harán en los ámbitos que los abogados consideren”, dice. “Esto ha ocasionado daños y perjuicios a mucha gente. El Estado se tiene que hacer cargo, tiene que cumplir la ley (del Fondo de Garantías Laborales) del BPS (Banco de Previsión Social), no puede ser que al presidente se le antoje no hacerse cargo”.

    Los antecedentes de ese camino, más largo, que incluye abogados y que por ello no todos pueden afrontar, ha sido en general favorable a los exfuncionarios. Aproximadamente 40 de ellos han optado por él. Incluso hay legisladores oficialistas, como el blanco Sergio Botana, que habían señalado que “la mejor solución” era la norma luego parcialmente vetada para evitar llegar a estas instancias.

    Otra delegada de los exfuncionarios, Jennifer Ferrer, cobró así en junio $ 1.200.000 cuando la Liga de Defensa Comercial (Lideco, designada por la Justicia como síndico de la mutualista) le había ofrecido apenas $ 360.000. La única plata que se ha pagado al resto, señala Ferrer, es 11,2% del total en diciembre pasado y otro 2,4% este año. “Hay muchos que aceptaron lo que les ofrecía Lideco. Algunos no podían esperar, hay situaciones que eran desesperantes”, dice. Ella paralelamente trabajaba en el Hospital Saint Bois. “Igual seguimos en la lucha por los compañeros que no tienen nada, que se quedaron sin seguro o que salieron a buscar trabajo en otro lado y los retiraban de la bolsa. Hay mujeres solas, con hijos a cargo, que están a un paso del desalojo”, reafirma Ferrer. En un local de su propiedad, en Sayago, se están juntando alimentos no perecederos para que los extrabajadores que la están pasando peor tengan unas fiestas menos amargas.

    Dolores

    Si bien aún existe la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), de la que Costanzo es presidenta, no hay un grupo monolítico entre todos los exfuncionarios. Puche y Ferrer no son parte de ese gremio. Sin embargo, para la semana próxima está previsto que se realice una nueva elección de representantes en la Comisión de Seguimiento que funciona en la órbita del Ministerio de Trabajo con la participación de la mayor cantidad de implicados.

    Más allá de la intención de hacer juicios, no están claros tampoco los pasos a seguir. A través de un whatsapp enviado este miércoles 13 a varios trabajadores, un abogado señaló que aún hay que establecer “qué juicio iniciar”. Su postura va en sintonía con la de legisladores del FA, quienes creen que si bien no se alcanzó la mayoría especial para levantar el veto, tampoco la hubo “para aceptar las modificaciones o textos sustitutivos que el Poder Ejecutivo envió a consideración del Parlamento junto con el veto”. Por lo tanto, de incluirse estos en una promulgación, “a todos los problemas jurídicos que ya nos planteaba este asunto se agregaría uno más, que sería la inconstitucionalidad”.

    El lunes 11 un fallo del juez Leonardo Méndez declaró culpable al concurso en que Casa de Galicia se presentó en octubre de 2021 y responsabilizó a su entonces presidente, Alberto Iglesias, de esa situación. La sentencia —que no es definitiva, según publicó El País el martes 12— también inhabilitó a Iglesias a administrar por 20 años bienes propios o ajenos, así como representar a terceros, y lo condenó a responder con su patrimonio. Eso también fue señalado en ese whatsapp: “Eso quiere decir que si existen bienes a nombre del señor Iglesias, el síndico podrá rematarlos para con el producido pagar a los acreedores del concurso de Casa de Galicia”, lo que incluye a los trabajadores.

    Pero hay realidades que van más allá de sentencias, estrategias y declaraciones. “No se trata de si la plata la necesitás o no. Es plata que te ganaste. Yo estuve 30 años como auxiliar de servicio en Casa de Galicia, ¿sabés lo que son 30 años?”, se pregunta indignada Daniela Gaglianone. Ella se asesoró y se le adeudan $ 545.000; la iniciativa del gobierno es pagarle unas 30.000 unidades indexadas a cada trabajador en su situación, lo que equivale a unos $ 175.000. “Esa miseria no la voy a aceptar, porque además hay que hacerle descuentos, me están obligando a ir a juicio, ¿a vos te parece justo?”, agrega.

    El proceso estuvo en las antípodas de resultarle inocuo. El cierre la encontró de viaje. Al mes y medio tuvo síntomas de depresión. Meses después le diagnosticaron un tumor en el endometrio. Cuando lo superó le detectaron un cáncer en la pleura. Todos quienes están en el mundo de la salud saben el peso que tiene lo emocional en este tipo de enfermedades. Fue llamada por otra mutualista, pero debió dejar de trabajar por certificación médica. “Yo necesito el dinero para enfrentar a esta enfermedad, día a día y peso a peso”. No pudo estar con sus compañeras el 6 de diciembre en el Parlamento. Ese día tenía sesión de quimioterapia.

    Información Nacional
    2023-12-13T19:53:00