Penalistas cuestionan a jueza de Operación Océano por “censura” y reivindican derecho a defender su postura del caso en los medios

En una misiva enviada a la sección Cartas al director de Búsqueda, publicada en esta edición, la asociación expresó “preocupación” por la advertencia de la jueza debido a que entienden que no respeta la “libertad de expresión” ni “el principio de igualdad que debe regir entre las partes”. Enumeraron, en ese sentido, varias situaciones en las que, a su entender, la Fiscalía vulneró la reserva de la investigación y no fue observada por la magistrada.

La jueza dictó la resolución tras la publicación días antes de una nota en el diario El País que detallaba parte de los testimonios de la víctima y se citaban declaraciones de Della Valle. “La fiscal debió haber investigado ese delito de proxenetismo cometido por la joven”, dijo el abogado al diario, en referencia a que a su entender chats entre la víctima y algunos hombres mostraban que ella había actuado como nexo con otras jóvenes. “La fiscal también debió investigar un asunto vinculado con drogas en la casa de esa víctima. Eso estaba en un chat”, añadió Della Valle.

En la resolución, Larrieu recuerda a los abogados que las audiencias de la causa tienen carácter reservado de acuerdo a lo previsto en el artículo 135 del Código del Proceso Penal (CPP), “y a fin de preservar la intimidad de las víctimas”.

El caso denominado Operación Océano indaga a una treintena de hombres formalizados por el presunto delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo. La Fiscalía a cargo de Darviña Viera tiene identificadas a un total de 20 víctimas y planea que todas declaren en la Justicia. Hasta el momento cinco víctimas han declarado de forma anticipada (en una audiencia que se realiza antes del juicio para recoger sus testimonios), y otras cuatro lo harán en los próximos días.

La Asociación de Abogados Penalistas se creó en agosto del año pasado con la aspiración de defender los derechos e intereses de la defensa penal frente a una Fiscalía que se fortaleció tras la reforma del CPP y ante la mayor atención mediática que suscita la publicidad de los casos. Actualmente cuenta con unos 150 afiliados, entre ellos, varios de los abogados que defienden a los imputados en la Operación Océano, como Della Valle, Ignacio Durán, Jorge Pereira Schurmann, Pablo Donnángelo, Alejandro Balbi y Daiana Abracinskas.

Desde la asociación trasmitieron a Búsqueda que la preocupación por el decreto de Larrieu se basa en la advertencia a todos los abogados a que se abstengan de realizar descargos públicos, cuando se trata de un derecho fundamental de la defensa. Además, indicaron que discrepan con la “ponderación” que realizó Larrieu entre el derecho a opinar del caso y la vulneración de la reserva, ya que entienden que fue “parcializada”. También mencionaron que hay una obra de teatro en cartel sobre la Operación Océano, que según sus creadores se basó en entrevistas con la fiscal e Interpol, entre otros, y que frente a esas divulgaciones no hubo reproches judiciales, sino que fue la propia familia de la víctima la que presentó un recurso de amparo para intentar preservar la privacidad de las víctimas.

Opinar con libertad 

En la carta la asociación de abogados recordó que el artículo 9 del CPP “establece el principio de publicidad externa”, salvo excepciones. A continuación, señaló que en los medios y redes sociales “es el único lugar donde las partes pueden brindar sus opiniones con libertad y realizar sus descargos frente a eventuales desconformidades con las decisiones del sistema o el comportamiento de su contraparte”.

Para reforzar esto mencionan las declaraciones que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, realizó en una entrevista con Búsqueda en enero: “La Fiscalía debe dar la ‘batalla comunicacional’ porque hoy los casos ‘se juegan’ en los juzgados y ‘en la prensa’”.

“En el caso concreto, el Dr. Víctor Della Valle, socio de nuestra institución, solo refirió a una situación advertida en audiencia, que, de confirmarse, resultaría relevante para la teoría del caso, y es imperiosa su denuncia y posterior investigación, tal cual se limitó a manifestar el susodicho. Las referidas afirmaciones, en modo alguno, pueden considerarse como vulneratorias de la reserva existente, y mucho menos otorgarle un afán intimidante”, afirmó la asociación.

Por otra parte, los abogados indicaron que la magistrada debe controlar las eventuales afectaciones que puedan generarse por la publicidad, “de forma ponderada, racional y mediante un criterio único”. Y en ese sentido, plantearon: “¿Quién ha filtrado a la prensa y a la opinión pública los nombres de los imputados? No debe perderse de vista que los nombres de las personas han sido mancillados en infinitas ocasiones, ¿acaso la juez de garantía observó dicha violación en esa ocasión?”.

También señalaron que la fiscal del caso, en entrevista con el semanario Brecha en febrero otorgó datos personales de la víctima. “Nuevamente, ¿acaso la juez de garantía observó dicha violación?”, cuestionaron.