Pesca: empresas denunciaron convenios, casi toda la flota está parada y el gobierno evalúa apoyos al sector

“Estamos en el CTI. A ninguna empresa le sirve no trabajar, pero si no salgo (a pescar) pierdo 10 y si salgo pierdo 15”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Uruguaya (CIPU), Juan Riva-Zucchelli. Explicó que la problemática se arrastra hace mucho tiempo pero que últimamente se ha ido “deteriorando tanto, que hoy se hace imposible salir a pescar, porque produce más pérdidas que no salir”.

Por su parte, el titular del Ministerio de Trabajo (MTSS), Pablo Mieres, dijo a Búsqueda que la situación del sector es “muy compleja” y que las soluciones deberían generarse en ámbitos interinstitucionales, lo que no se ha dado.

Sin zarpar

La última zafra no fue del todo buena para las empresas pesqueras y al arranque del 2024 los buques que están en altamar se cuentan con los dedos de una mano; el resto no zarparon. Unos 54 barcos no han salido por temas de viabilidad económica, ya que en estas fechas las capturas no son suficientes para compensar los costos.

“El 90% de la flota está parada (...) y el personal de licencia o en seguro de paro. Ahora, en febrero, va a ir todo el mundo (al seguro) porque las licencias se acaban”, señaló Riva-Zucchelli. Estimó que entre la tripulación de los barcos y los trabajadores de las plantas no habrá menos de 2.000 personas en esa situación. “Es una carga que las autoridades deberían evaluar, porque estarán así hasta que las empresas puedan salir a trabajar, cuando sea viable”, afirmó.

El sindicato de la pesca fue recibido esta semana por el MTSS para plantear su preocupación por la inactividad y con el interés de lograr un “seguro de paro especial” para aquellos trabajadores que, por falta de jornales, no pueden acceder al subsidio por desempleo. Mieres dijo que se está analizando el universo de personas que abarcaría esa medida, antes de tomar una decisión al respecto.

Riva-Zucchelli aclaró que la determinación de no zarpar “no es una medida de presión, ni corporativista, sino que las empresas coinciden en que no vale la pena salir a pescar”.

El representante empresarial enumeró el conjunto de factores que explican por qué para “subsistir” han resuelto paralizar la actividad.

El régimen de aportes a la seguridad social que estableció una jubilación bonificada para el sector es el principal problema, indicó. Dijo que es “ilegal”, según informes de juristas calificados, y por eso las gremiales solicitaron que se derogue para buscar una alternativa que conforme a todas las partes antes del invierno. Por el sistema actual, informó, las firmas realizan aportes patronales del orden del 13%, por encima de lo que pagan los demás sectores de la economía. “Es una carga importantísima”, que en los últimos años implicó “no menos de US$ 40 millones” en pagos de más al Banco de Previsión Social, una cifra con la que podría haberse renovado más de la mitad de la flota de barcos costeros, alegó.

Las cámaras del sector señalaron al MTSS que la “insostenible y extraordinaria” carga previsional frena el potencial del sector y solicitaron derogar los decretos de 2009 y 2010 que regulan la materia. Pero Mieres dijo que eso “no está en agenda”.

“La actividad es zafral, los empleadores se quejan de que las condiciones de aportes al Estado no les cierra y los trabajadores de que los armadores no los convocan”, resumió el ministro. Dijo que la pesca arrastra un “problema estructural histórico” que lo vinculó a una “relación” del país con el sector “que no se entiende”: “Tenemos un territorio marítimo enorme y una incapacidad estructural desde hace décadas. No tiene que ver con este gobierno ni con los anteriores. No se desarrolló”.

Mieres agregó que “no hay ninguna duda” de que el trabajo en el sector debe ser “bonificado”, lo que incrementa el aporte patronal. Explicó que aunque a juicio de los empleadores los montos actuales de los aportes son altos no alcanzan a los niveles que corresponden “porque hubo una permanente postergación”.

Otra de las medidas que reclaman las empresas es la rebaja de la prima por accidentes de trabajo. Riva-Zucchelli apuntó que las firmas pueden colaborar y trabajar en “reducir sustancialmente” la siniestralidad, pero explicó que el Banco de Seguros del Estado aplica una forma de cálculo semestral que termina generando un incentivo a que los trabajadores se certifiquen en cuanto termina la zafra ya que perciben una compensación mayor, dado que la misma se calcula en relación a los últimos seis meses de actividad donde la remuneración fue mayor a la de antes de la temporada.

Con respecto a la Dinara, las cámaras se quejan de la “discrecionalidad” de las multas que aplica, además de los costos y criterios de otorgamiento, gestión y renovación de permisos de pesca. Solicitaron rebajar a la mitad el costo de los permisos y pidieron que los informes “pasibles de multas económicas” se transformen en “apercibimientos” mientras se revisa la normativa y se determinan los montos.

Consultado, el nuevo director de la Dinara dijo que se está trabajando en actualizar la normativa sanitaria de manipuleo de pescado a bordo, que es de 1997, y que es “base de muchos problemas”. También se refirió a que se dictará con mayor claridad una resolución sobre la distancia mínima de la costa que las embarcaciones deben mantener mientras pescan, un tema que genera muchas de las multas que se aplican. Opinó que ambas medidas van a “ayudar”.

Además, se refirió a que desde la Dinara se buscará dar mayor “flexibilidad” y ser más “expeditivos” en lo que hace a la gestión de los permisos de pesca si bien, dijo, hay cosas que requieren más tiempo porque implican cambios de leyes y decretos.

Entre otras gestiones ante organismos públicos, las cámaras solicitaron rebajas tarifarias a UTE y a Ancap, y pidieron a la Administración Nacional de Puertos que mantenga las condiciones y costos a la flota cuando pase a funcionar en el Puerto Capurro.