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Desde que se creó tras la restauración democrática y hasta el comienzo del segundo quinquenio del Frente Amplio en el gobierno, la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) no admitía ser auditada por el Tribunal de Cuentas. En las primeras décadas, el holding registró “pérdidas importantes” y la selección de las empresas a las que apoyaba no era “transparente”. Años después la CND cambió su “papel” y se vincula más a las obras de infraestructura, dijo a Búsqueda su director en representación del Frente Amplio, Alfredo Asti.
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De la mano de ese nuevo rol asignado a la CND vino una mejora de sus números. El 2020 fue atípico no solo por el impacto de la emergencia sanitaria a raíz del Covid-19: su primer presidente —el abogado Miguel Loinaz— tras el cambio de gobierno duró pocos meses, ya que debió renunciar tras admitir que no trabajaba “full time” para el organismo y que había dispuesto un despacho paralelo al suyo para que su mujer lo ayudara con sus negocios personales como empresario (Búsqueda Nº 2.074). En contraste con esas salidas estridentes de su antecesor, José Luis Puig, ha optado por el bajo perfil; de hecho, no respondió a las consultas de Búsqueda a propósito del balance del 2020 y los planes para el año en curso. Tampoco quisieron hablar el vicepresidente, Ángel Fachinetti, ni el gerente general, Sergio Fernández.
El resultado de la CND en 2020 tuvo signo positivo, aunque empeoró levemente respecto al ejercicio anterior. Fue de $ 487 millones (unos US$ 11,6 millones), frente a los $ 507 millones del 2019 (US$ 14,4 millones). Si se incluye a sus subsidiarias, el holding ganó $ 623 millones (US$ 14,8 millones) el año pasado, según su balance.
En 2020 administró casi $ 92 millones menos que en 2019 y aportó $ 1.000 millones al Fondo Coronavirus, una transferencia que no está prevista para el ejercicio en curso.
Pese a que el total de los ingresos fue menor, la ganancia resultó “importante”, valoró Asti. “La situación está bastante saneada en la CND como empresa madre y en todas sus subsidiarias”, agregó. La baja en la administración de fondos se debió al “cambio de gobierno”, a la “pandemia” y a que instituciones públicas como el INAU y la ANEP tuvieron menos dinero disponible para concretar obras.
Por su lado, la empresa Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF) —en la que CND tiene una participación del 49%— tuvo pérdidas, pero, a juicio del director de la oposición, no son “preocupantes”. Esa sociedad tiene “capacidad ociosa” y su actividad está afectada por las obras del Ferrocarril Central. Asti estima que en 2021 SLF logrará “equilibrarse debido” a algunos contratos firmados para este año.
En Isur, en tanto, la CND posee una participación minoritaria (1,39%). Esta empresa se encarga de la construcción y gestión de estación conversora de energía entre Uruguay y Brasil y tiene un “panorama muy positivo” que le permitió adelantar el pago del endeudamiento que tenía, señaló.
Deuda
Una de las empresas integrantes de este holding —una persona jurídica de derecho público no estatal— es la Corporación Vial del Uruguay (CVU), propiedad de la CND.
Por subsidios de concesión de estas obras, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) había generado una deuda de US$ 70 millones con la CVU que preocupaba al director frentista (Búsqueda N° 2.115). Por este incumplimiento, la CND había tomado deuda bancaria. Sin embargo, Asti informó a Búsqueda que ese monto fue “cancelado” y la cartera está “prácticamente al día” con la corporación. “Puede haber atrasos, pero no son significativos”, destacó.
El pago le permitió a la CND saldar su crédito bancario y avanzar en un plan de emisión de títulos bursátiles por el equivalente a US$ 150 millones. La colocación —que estaba prevista desde la administración anterior— sería en tres monedas: dólares, unidades indexadas y unidades previsionales, y tendrá como garantía los ingresos de la concesión de los peajes y los subsidios que cobra la CVU. El plan de emisión espera la autorización del Banco Central; se prevé que la operación se concrete este mes.
El dinero que obtenga lo destinará a financiar obras viales previstas, como el ensanchamiento de la Ruta 5 desde Canelones hasta Paso de los Toros —donde la empresa finlandesa UPM construye su segunda planta de celulosa en el país—, las rutas 1 y 3 y algunos puentes.
