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    Propuesta de Petit para microtráfico puede provocar “avalancha” de liberados, dicen fiscales

    El comisionado parlamentario promueve cambios normativos para reducir la pena de ese delito a partir de cuatro iniciativas que analiza el Parlamento y atender “a la vulnerabilidad social” de mujeres que entran droga a cárceles

    Existe una preocupación compartida por los efectos causados por el aumento de las penas al microtráfico aprobados en la Ley de Urgente Consideración, que establece como mínimo cuatro años de prisión cuando se entrega o vende droga en cárceles. Esta modificación afecta, principalmente, a mujeres jóvenes, pobres, de bajo nivel educativo y con trabajos informales, que son detenidas con pequeñas cantidades de sustancias para entregar a reclusos. También explica el incremento –a un ritmo mayor que entre los hombres– que se ha registrado en los últimos años de la población femenina que está privada de libertad.

    Con el objetivo de cambiar esta realidad, desde diciembre del año pasado se presentaron cuatro proyectos de ley: hay iniciativas de legisladores del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Ministerio del Interior y del Frente Amplio. Como ninguna alcanzó el consenso necesario para su aprobación, el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, decidió, en su calidad de asesor del Poder Legislativo, interceder para incluir una modificación normativa, a través de la Rendición de Cuentas que está en proceso.

    La semana pasada elevó un “informe especial” a la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General con varias propuestas sobre la sanción penal del microtráfico de drogas y “atención de la vulnerabilidad social”, informó El País.

    El informe –que intenta recoger aspectos de las diferentes iniciativas parlamentarias, tras un diálogo con operadores del sistema de justicia y expertos– sugiere que se incorpore un inciso al artículo 36 de la Ley de Estupefacientes 14.294, de 1974, que deje en manos del juez la aplicación de la condena, “cuando la conducta imputable se perfile en grado de tentativa”, como es el caso de mujeres que son detenidas ingresando a la cárcel con droga. En esos casos el juez podría decidir si tratarlo como un caso de tentativa o por el contrario como acto preparatorio, que permite que el castigo sea de la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado.

    Por otra parte, el texto, al que accedió Búsqueda, también plantea una modificación del artículo 304 del Código del Proceso Penal vigente sobre el “aplazamiento” del cumplimiento de la pena de cárcel y que en las “circunstancias excepcionales”, que deben cumplirse para eso, se pueda “sustituir” la condena de prisión por otras medidas y no solo posponer. Por ejemplo, en casos de embarazadas a partir del quinto mes o madres en el primer año de lactancia, de quienes tienen “necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial” la prisión, personas “afectadas por una enfermedad que acarree grave riesgo para su vida o salud” y mayores de setenta años “cuando ello no involucre riesgos”.

    Los cuatro fiscales de estupefacientes (Mónica Ferrero, Stella Llorente, Rodrigo Morosoli y Angelita Romano) ven con “preocupación” la modificación propuesta del artículo 304 del Código del Proceso Penal. Tres de ellos, consultados por Búsqueda, advirtieron que el alcance es para todos los delitos, no solo para la problemática específica de microtráfico en cárceles. A su vez, alertaron por los posibles efectos retroactivos, lo que permitiría que personas que se encuentran privadas de libertad reclamen ser amparadas en el cambio normativo y soliciten la libertad con base en algunas de las “circunstancias excepcionales”.

    Quienes son los encargados de dirigir las investigaciones penales vinculadas al tráfico de drogas y alcanzar condenas en juicios abreviados con los acusados o a través de juicios orales, advirtieron que de aprobarse se saturará el sistema de pedidos, provocará una “avalancha” de reclusos en libertad de diversos delitos y por tanto habrá “impunidad”.

    Esta modificación fue incorporada por Petit del proyecto presentado por la legisladora colorada Carmen Sanguinetti.

    Mujeres ingresando a una cárcel de visita. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

    Mulas y reclutadores

    El informe escrito por Petit establece que las drogas que mujeres intentan ingresar a las cárceles “suelen ser para su pareja, allegados o para comercializar”, son “expresión de desesperadas estrategias de supervivencia en el mundo del microtráfico” y “el resultado suele ser finalmente el mismo: esa mujer termina privada de libertad, comprometiéndose la crianza de su hijos y su propio futuro”.

    “Los autores del ilícito son mayoritariamente mujeres y personas con grandes vulnerabilidades que suelen ser manipuladas o explotadas por terceros”, agrega.

    Sin embargo, los fiscales de estupefacientes consultados advierten que si bien han tenido que llevar a la Justicia a madres con hijos pequeños, también han detectado un aumento de situaciones de mujeres “mulas” que reciben sumas de dinero de entre $ 3.000 y $ 4.000 por llevar droga a varios reclusos distintos, es decir que lo utilizan como un negocio. También han sido formalizadas personas que reclutan a otras para llevar droga a cárceles, por lo que no consideran adecuado que puedan evitar la prisión.

    Consultado al respecto, el fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, aseguró que “se debe modificar la pena mínima y máxima para estos casos”, pero “con el cuidado de no alterar aspectos procesales”. Para Gómez, que existan varios proyectos de ley indica que “la preocupación está plenamente justificada”.

    Información Nacional
    2023-08-09T23:37:00