Poco crecimiento y baja productividad son problemas que asimilan a Uruguay con la región, según jerarca y especialistas internacionales

Rovira marcó que en la región hay realidades muy distintas, aunque tienen “en común el bajo crecimiento y la baja productividad”. Citó además proyecciones de la Cepal para este año: América Latina y el Caribe en promedio crecerá 2,1% y Uruguay lo hará 3,6%, pero en los últimos 50 años hubo tasas “muy estancadas” que contrastan con las de las economías desarrolladas.

Y planteó que una “agenda proinversión” supone pensar cómo desarrollar ciertos “sectores estratégicos nuevos que permitirían acelerar la transición al desarrollo”, que a su entender deben ser aquellos basados en el conocimiento y la innovación.

En una línea similar Luis Cecchi, analista de Políticas en la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE y coordinador del documento, se refirió a la “oportunidad que significa la transición verde, en particular para Uruguay”. Presentó unos cálculos recogidos en el estudio: si hubiese una inversión sostenida en sectores verdes, desde ahora hasta el 2030 se podrían generar en el país casi un 20% de nuevos empleos netos en el rubro alimenticio, un 14,6% en el área pública y 14% en la construcción, el comercio y el transporte sostenible.

“Éxito”.

Moderando uno de los paneles, Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, le preguntó a Juan Labraga, jefe de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, “qué factores explican el éxito” de Uruguay en la atracción de inversión extranjera directa.

El jerarca ministerial dio una respuesta sin autocomplacencia: “Uruguay, en muchas cosas, se diferencia de América Latina y el Caribe, pero en otras no. (…) Cuando uno ve la tasa de crecimiento estructural, tenemos el problema de Latinoamérica, no nos escapamos y somos parte del promedio”.

Como respuesta, Labraga señaló que el país tejió una “amplia red de acuerdo de inversiones, la enorme mayoría firmados en los años 90”, que “no contemplaban nada de sostenibilidad, ni ambiental ni de ningún tipo”. Contó que el gobierno, al participar en el Comité de Inversiones de la OCDE, ha intentado “cruzar estos temas”, aunque admitió cierta frustración. Desde el punto de vista técnico “se ha trabajado muy bien” pero, “al pasar a la realidad” y proponer a los países desarrollados renegociar los acuerdos y ser “pioneros” incorporando estas cláusulas, la respuesta ha sido negativa. “Nos dicen: ‘No, con Uruguay no es prioritario, porque en Uruguay hay estabilidad política, económica’”, relató el funcionario de Economía.

Añadió a su vez que la ministra Azucena Arbeleche “levanta bastante el tema de los premios y castigos: la sostenibilidad también tenemos que fomentarla. Quizás no sea lo más seductor empezar con Uruguay, pero es un primer paso. Por supuesto que no va a afectar el medio ambiente en general una cláusula con Uruguay, pero sí genera antecedente”.

Labraga prosiguió contando un caso, con Australia, en el que sí se obtuvo un resultado positivo en uno de los últimos acuerdos de inversión negociados. Se incorporó “un anexo con excepciones y procedimientos por razones de salud pública (…). Lo logramos”, se congratuló, que cerró ese comentario reivindicando el propósito de seguir buscando un “sistema de premios y castigos”.

“Tenemos que diseñar un nuevo sistema de incentivos y ver el desarrollo sostenible como una oportunidad para salir de la trampa estructural”, señaló Labraga, insistiendo con una idea que ya manejó en otras ocasiones. Contó además, sin intención “de spoilear”, que el informe de 2024 “va a traer muchas pistas de cómo” construir este sistema de incentivos”, para lo cual habrá que pensar “fuera de la caja”, imaginando “nuevos diseños”.

Bonaglia aprobó la idea de pensar en mecanismos de “incentivos positivos”.

“Indignante”.

Al hablar en ese mismo panel referido a cómo promover “inversiones de calidad”, la presidenta de la Academia Nacional de Economía, María Dolores Benavente, reiteró su preocupación por el posible plebiscito que impulsa el PIT-CNT sobre la seguridad social y el “perjuicio que sería para el sector productivo y para el desarrollo sostenible del país” si se eliminan las AFAP.

También instó a que Uruguay adhiera al Tratado Transpacífico y que el Parlamento apruebe el acuerdo internacional sobre patentes. “No se puede creer que este tema está sobre la mesa desde 1997, es indignante”, se lamentó, y lo atribuyó a “presiones y lobbies que impiden que se firme”.

Y reclamó una “adecuada regulación” en materia laboral y “coherencia”: “Se habla de responsabilidad empresarial solidaria, pero después están estos chicos de Pedidos Ya, que son los esclavos del siglo XXI, con inseguridad por donde se mire”.