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Diego Labat, presidente del Banco Central (BCU), no está conforme con los niveles de inflación que tiene Uruguay. No puede estarlo si la meta fijada es que no supere el 6% en períodos de 12 meses y el último dato oficial —a febrero— la ubicó un punto y medio por encima de esa cifra. En cambio, le alegra que este tema y, junto con eso, la política monetaria estén siendo parte del debate público, algo novedoso según él. “Que se discuta ya es un logro”, subrayó en una reciente entrevista con Búsqueda.
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Pero ni hace unos años ni ahora entre los economistas parece haber consenso acerca de qué nivel de inflación es deseable —u óptimo— para Uruguay. En 2021 fue tema de una mesa en las Jornadas Anuales de Economía del BCU. El intercambio público más reciente, hace pocos días, tuvo como contexto la polémica acerca de la política monetaria contractiva que aplica el BCU desde agosto de 2021: mediante aumentos de la tasa de referencia busca influir para que el costo del crédito en el sistema financiero se encarezca y, así, afloje la demanda y la presión sobre los precios minoristas. Sectores exportadores y algunos dirigentes políticos se quejan señalando que esa estrategia antiinflacionaria no dio hasta ahora resultados contundentes y que, en cambio, deprimió la cotización del dólar, causando lo que llaman “atraso cambiario” y pérdida de competitividad. A su vez, a escala global la inflación también se reavivó en los últimos años —aunque más recientemente empezó a ceder, por ejemplo, en Estados Unidos— debido a políticas monetarias y fiscales expansivas desplegadas para contrarrestar el frenazo económico ocasionado por la pandemia.
Gabriel Oddone, socio de la consultora CPA/Ferrere, escribió en Twitter que hace 40 años “el mundo adoptó un consenso (no suficientemente justificado) de tasas de inflación objetivo muy bajas”, de 2% anual. Sin señalar causalidades, planteó la duda de si el beneficio compensa “algunos riesgos asociados: tasas de interés bajas, mayor endeudamiento, burbujas de activos y ciclos reales profundos”. Para ese analista, “un mundo con muy baja inflación es más propenso para que fenómenos de este tipo sean frecuentes”. Niveles de inflación anual algo mayores a 2% pero sin superar el 4% podría “lubricar sin distorsionar”, sostuvo.
Le contestó desde su cuenta personal Gerardo Licandro, un profesor de Economía Monetaria de la Universidad de Montevideo que es también gerente de la Asesoría Económica del BCU. Argumentó que un objetivo de inflación más alto “no logra licuar deuda”; solo lo hace un alza de precios inesperada. Agregó que la mayor volatilidad de precios relativos implica más riesgo para la inversión, afectando el ritmo de crecimiento económico a partir de umbrales que “en el caso de países con buenas instituciones como Uruguay se ubica en 8%”. También sostuvo que “muchos países subdesarrollados”, entre ellos Uruguay, han tenido “booms crediticios” con inflación “alta”.
Oddone replicó. Coincidió en que una mayor inflación tiene efectos sobre la volatilidad de precios y entraña mayor riesgo para la inversión, cosas que “afectan el crecimiento”. Pero aclaró que en su hilo conjeturó sobre el nivel “deseable” para “fomentar el intercambio sobre cuán baja debe ser”, pero no buscó “sostener que la inflación es buena”.
Licandro le señaló que el “90% de los trabajos sobre inflación óptima publicados no pueden encontrar argumentos para inflación mayor a 2%”.
Moncloa inflacionaria
Días antes Adrián Fernández, del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), había reflexionado sobre estas cuestiones.
En la diaria del lunes 6, señaló que investigaciones para Uruguay indican que el nivel de inflación tolerable es de 10% anual, “es decir, por debajo de ese umbral no es claro que se esté afectando el desarrollo a largo plazo”.
“Es claro que es preferible una inflación del orden de, digamos, el 4% anual a una inflación del 8%. Una baja inflación fomenta la desdolarización de la economía y, ciertamente, protege a los sectores más vulnerables, los que tienen ingresos más o menos fijos: asalariados, pasivos, etcétera. Sin embargo, debemos relativizar estos beneficios por varias razones. En primer lugar, para los sectores más vulnerables, en un país con mecanismos indexatorios generalizados como el nuestro, no hay grandes diferencias en sus efectos” con una inflación de 4% o una de 8%, afirmó. Desde el punto de vista de impactos en el desarrollo, según él, la “única conclusión robusta sobre Uruguay es que la inflación no debería sobrepasar el 10% anual. Pero, más allá de los beneficios de largo plazo, hay que tomar en cuenta los costos del proceso para llegar a este resultado. El paquete no es gratis”, sostuvo Fernández.
Dijo no estar seguro de que la política monetaria “convencional, así fuera mucho más contractiva”, conduzca a una reducción permanente de la inflación. “A veces se plantea como una especie de cuestión religiosa: vamos a atravesar el desierto y eventualmente vamos a llegar a la tierra prometida. Tenemos que pasar por la etapa de sufrimiento con la política contractiva, pero dejaremos comportamientos adecuados de los agentes para el futuro en forma permanente: baja indexación, confianza y credibilidad de la política, etcétera”.
Para ese economista del Cinve, niveles de inflación de 4% o 4,5% “sería razonable” y preferible, un 8% tampoco debiera “desvelar. No es un guarismo que anticipa una espiral de precios. La tendencia actual no apunta en el sentido de un salto de precios hacia adelante”. En el contexto de incertidumbre que planea la economía mundial, dijo, sería “cauteloso” en el manejo monetario.
Para el 19 de abril el BCU tiene programada una reunión de su comité monetario. Según lo anunciado, no habría nuevos aumentos en la tasa de referencia (hoy en 11,5% anual), aunque son varios los analistas que especulan con que podría resolver una baja. Labat confía en que la inflación está empezando a ceder de manera sostenida y que terminará el año en torno al 6,7%, levemente desviada de la meta.
En la primera quincena de marzo el índice de Precios al Consumo de Búsqueda (IPCB) subió 1,4% frente al promedio de febrero y lo hizo 1,39% respecto a los mismos días de ese mes; esta última variación proyecta la tendencia inflacionaria para todo marzo.
Fernández hizo una propuesta. Un “plan gradual que necesariamente implique acuerdos entre agentes sociales que pongan sobre la mesa la desindexación de algunos precios claves”, como los salarios y los alquileres, lo que requeriría cambios legales y regulatorios. “El acuerdo tendrá viabilidad si se encuentra una forma de distribuir las pérdidas, y probablemente el gobierno tendrá que poner, también, su cuota parte en cuanto a rebaja de impuestos u otras decisiones que pueden implicar costos fiscales. Es una especie de pacto de la Moncloa, adaptado a la situación uruguaya de 2023”, comparó.
