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Mediante una resolución fechada el lunes 9, esa secretaría de Estado adoptó la medida que habilita el uso de recursos del Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) para brindar asistencia a los productores de las localidades que abarca la declaratoria.
Las nuevas autoridades del MGAP asumieron el lunes 2 y el déficit hídrico que afecta negativamente a la producción agropecuaria fue uno de los primeros temas que abordaron. De hecho, con apenas una semana en el cargo el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, firmó la resolución que declara la emergencia en el agro.
Los técnicos de esa secretaría de Estado analizaron las informaciones sobre la cantidad de agua disponible en el suelo y el índice de precipitación estandarizada, provenientes del Sistema Nacional de Información Agropecuaria y del Instituto Uruguayo de Meteorología, para definir las secciones policiales más afectadas de los departamentos mencionados.
Para la ejecución de las medidas de apoyo, el MGAP advirtió que los productores con deudas de operativos anteriores con el FAE deberán ponerse al día para ser tenidos en cuenta en esta oportunidad. En los últimos años esa cartera de Estado reclamó el pago a los ruralistas, principalmente por la responsabilidad que tienen las gremiales agropecuarias que coordinan las ayudas.
La distribución de raciones para alimentar el ganado fue una de las medidas adoptadas con más frecuencia en anteriores situaciones de sequía. Ese alimento fue adquirido con fondos públicos que traspasó Rentas Generales al MGAP. La falta de devolución de los recursos por parte de los productores incide en la disponibilidad futura de los fondos.
Familiares y otros
La actual emergencia agropecuaria comprende un área productiva de 500.000 hectáreas y unos 6.000 registros de productores en la División Contralor de Semovientes (Dicose), dijo el subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, el lunes 9 en conferencia de prensa.
Señaló que “el foco está en los productores familiares, que es el grupo que se ha venido priorizando en el aterrizaje de las políticas públicas”.
“Y vamos a ampliar un poco esa definición a pequeños productores que están atravesando las situaciones más complicadas”, acotó.
Las administraciones del Frente Amplio establecieron normas legales para definir al productor familiar que sería priorizado en las políticas oficiales. Algunos de los requisitos previstos para ser considerado agricultor familiar es que el productor tenga un área máxima de explotación, bajo cualquier forma de tenencia, de hasta 500 hectáreas índice Coneat 100, tener hasta dos asalariados permanentes o su equivalente en zafrales, residir en el predio o a una distancia no mayor a los 50 kilómetros y recibir ingresos extraprediales por fuera de la actividad agropecuaria de todo el núcleo familiar menores de 14 BPC (equivalente a $ 63.266) por mes.
Los productores familiares podrán acceder a diferentes políticas públicas dirigidas a la producción agropecuaria familiar y tendrán acceso diferencial a planes, programas y proyectos gestionados por la Dirección de Desarrollo Rural.
Actualmente el FAE cuenta con unos US$ 8 millones que serán utilizados para dar “ayudas directas en dinero” a los productores, por lo que no solamente comprenderá la entrega de raciones, indicó.
“Exhortamos a los productores que mantienen deudas (con el FAE) a acercarse a las oficinas del MGAP y de Microfinanzas del Banco República para empezar a regularizar esa situación”, reclamó.
Comentó que una de las preocupaciones pasa por hacer llegar los fardos a los productores lecheros en zonas alejadas, como puede ser en ciertas localidades de Canelones.
Hay un núcleo de 5.400 productores en la región que comprende la emergencia agropecuaria y Ganadería monitorea la situación de déficit hídrico en otros departamentos del país, en caso de que sea necesario ampliar esa medida de asistencia al sector.
