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La demora en la aprobación por parte de la Presidencia de la República de la Evaluación Nacional de Riesgos, que analizó las falencias del sistema antilavado de activos, genera preocupación en diversos actores del sector, según fuentes consultadas por Búsqueda.
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El experto contratado por el gobierno para llevar adelante la evaluación, Alejandro Montesdeoca, entregó el resultado de su trabajo a la Secretaría Nacional para el Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) dos meses atrás. El documento debe ser aprobado por la Prosecretaría de la Presidencia.
Las “vulnerabilidades” en los organismos públicos dedicados al combate del lavado de activos abundan y se necesitan varios cambios, a juzgar por las conclusiones de Montesdeoca.
Una vez que la evaluación tenga el aval oficial, el experto deberá elaborar un proyecto de nueva estrategia nacional antilavado. La falta de una estrategia acorde a los desafíos vigentes, explicó uno de los consultados, podría impactar en la posición de Uruguay ante los organismos que controlan el cumplimiento de las normas de combate al blanqueo de capitales.