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    miércoles 05 de junio de 2024

    Presidencia es el organismo que más reclamos judiciales enfrentó por no entregar información

    Desde 2014 hasta 2023 solo 84 casos llegaron a la Justicia

    La ley de acceso a la información tuvo un papel clave en la renuncia de la entonces vicecanciller Carolina Ache en 2022 y, más recientemente, en la caída de varios jerarcas del gobierno. Un fallo del juez Carlos Aguirre amparó el derecho de los senadores del Frente Amplio de acceder a los intercambios de WhatsApp entre Ache y el exviceministro del Interior Guillermo Maciel sobre el narco Sebastián Marset. Cuando la oposición tuvo en sus manos esa documentación, la suerte de varias autoridades estaba echada.

    Recurrir a un juez para acceder a información que un organismo público no quiere entregar es un camino muy poco recorrido, según datos de la Suprema Corte de Justicia. Entre 2014 y 2023, solo 84 casos llegaron a la vía judicial. La Presidencia de la República, con 10 litigios, es la que más juicios enfrentó, seguida por la Intendencia de Montevideo (8), y por la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Banco de Previsión Social y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (cada uno con cinco).

    La información surge de un pedido de informes que elevó el diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez a la Suprema Corte de Justicia. Si bien el legislador había solicitado información desde que se promulgó la ley en 2008 y hasta la fecha, el Poder Judicial, solo pudo recabar información desde 2014.

    La respuesta firmada por Silvana Leggire, directora del Área Jurisdiccional, dice que, de esos 84 expedientes, 22 fueron a una segunda instancia en un Tribunal de Apelaciones, y tres fueron recurridos por casación a la Suprema Corte de Justicia.

    Cualquier ciudadano tiene derecho a iniciar en la Justicia un reclamo contra una oficina pública, sea o no estatal, cuando esta se niega u omite responder un pedido de acceso a la información pública. Si bien supone un costo para quien la realiza, se trata del único mecanismo incluido en la norma por el cual la Justicia dirime si corresponde o no que un organismo entregue la información pública, o si la información que el organismo le proporcionó a un ciudadano es suficiente para responder a su pedido de acceso a la información.

    El informe también sostiene que, de esas 84 acciones, 43 tienen “sentencia” pero no especifica si implicó un resultado “favorable” al acceso a la información. “No es posible obtener esa información”, dice escuetamente la respuesta al pedido de informes.

    Los datos que surgen de esta respuesta del Poder Judicial reflejan que una ínfima parte de las solicitudes de acceso a la información terminan en la Justicia. Según el informe anual de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), difundido en marzo de 2023, solo en 2022 los sujetos públicos obligados por la ley (que enviaron la información a dicho organismo) recibieron 8.000 solicitudes, de las cuales 7500 fueron respondidas, 398 rechazadas y 102 quedaron sin responder. De las 7.500 solicitudes respondidas, en 6.436 casos se dio un acceso total a la información solicitada, mientras que en 757 casos la información fue denegada, y en otros 307, las respuestas fueron “múltiples”.

    Proyecto cabildante

    Menéndez utilizó esta información como insumo para un proyecto que presentó en noviembre con modificaciones a la ley de acceso a la información pública. El texto, acompañado por los diputados cabildantes Martín Sodano y Nazmi Camargo, le atribuye facultades sancionatorias y nuevas potestades a la UAIP, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la norma.

    Cuando un organismo no entrega información o el solicitante considera que lo hizo parcialmente, puede denunciar el caso ante la UAIP. Las resoluciones de esa oficina no son vinculantes y su incumplimiento tampoco conlleva sanciones.

    El objetivo del proyecto, redactado por Menéndez, es que los dictámenes de la UAIP sean preceptivos y que pueda sancionar a los incumplidores. En la exposición de motivos, el legislador explicó que cuando el organismo público no entrega la información “se obliga al interesado a transitar por la vía judicial, lo que trae aparejado dos consecuencias, a saber, los costos económicos y dilaciones temporales que conlleva para el interesado, y un gasto innecesario de recursos económicos, humanos y materiales del Estado”.

    En línea con la propuesta, durante una entrevista concedida a Búsqueda en noviembre de 2023, el expresidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP, Gabriel Delpiazzo, sostuvo que es necesario fortalecer al organismo de contralor. Tras 15 años de aprobada la normativa, era necesario “pasar de la zanahoria al garrote”, resumió.

    Otra iniciativa estancada

    El texto de los diputados cabildantes está en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, pero no ha sido analizado. Otro proyecto que también pretende modificar la iniciativa y sí tuvo un tratamiento mayor -pero tampoco ha sido aprobado, hasta ahora- fue presentado por la bancada del Frente Amplio. Ese documento está a estudio en una comisión especial “con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado”.

    La iniciativa del Frente Amplio sugiere otro tipo de cambios. Por ejemplo, amplía el alcance de la ley a instituciones privadas que se financien a través de fondos públicos o los administren, y establece que a la hora de calificar una información como reservada o confidencial, el organismo deberá contar de forma preceptiva con el visto bueno de la UAIP.

    El texto, sostuvieron integrantes de la comisión, obtuvo aportes y críticas de varias instituciones. Según explicó el diputado nacionalista Álvaro Rodríguez Hunter a Búsqueda, la coalición considera que el proyecto aún no está en condiciones de votarse. “No hemos adelantado una posición al respecto, pero es necesario incluir modificaciones y seguir trabajándolo”, aseguró.

    A sabiendas de que la iniciativa no cuenta con votos para ser aprobada, el Frente Amplio ha optado por congelar el tratamiento formal del proyecto y buscar un acuerdo por vía informal, por fuera de la comisión parlamentaria. Dentro del oficialismo no hay posturas únicas. A diferencia de Rodríguez Hunter, uno de los diputados de la coalición, el independiente Eduardo Lust, dijo a Búsqueda que está dispuesto a aprobar la mayor parte del proyecto, y que además pretende introducirle una modificación a la norma para que no puedan declararse confidenciales los contratos que firma el Estado. Lust ha sido uno de los diputados más críticos con el contrato que el gobierno firmó para autorizar la segunda planta de UPM que se instaló en Pueblo Centenario, Durazno.

    Información Nacional
    2024-01-17T21:54:00