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    Gabriel Delpiazzo: los mensajes entre Maciel y Ache eran “información pública” y no comunicaciones privadas

    Todos los gobiernos “en el discurso” son “protransparencia”, pero en la práctica “hay una distancia” y no les gusta que los “controlen”

    La caída de Sendic y ahora la renuncia de los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Luis Alberto Heber (Interior), el subsecretario Guillermo Maciel (Interior) y el asesor en Comunicación y Estrategia Roberto Lafluf tuvieron como una de sus piezas desencadenantes documentación obtenida a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.

    En 2017, Búsqueda informó que Sendic había usado la tarjeta corporativa de Ancap, mientras integraba el directorio de la petrolera, para gastos personales. Los datos los obtuvieron sus periodistas a través de una solicitud de acceso a la información prevista en la norma aprobada en 2008. La renuncia de la semana pasada se da después de que Búsqueda informara que el gobierno de Luis Lacalle Pou había intentado ocultar de la Justicia los mensajes de WhatsApp entre Maciel y la exvicecanciller Carolina Ache sobre el narcotraficante Sebastián Marset. Esas comunicaciones debían ser entregadas a legisladores del Frente Amplio, quienes la obtuvieron después de pedirla por la ley.

    Para Gabriel Delpiazzo, que dirigió la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) durante 10 años, hasta su renuncia el año pasado, ambas “crisis políticas” muestran que la ley de acceso “efectivamente es una herramienta de control que es muy sana para la gestión, para la democracia, para la participación, pero que es una espina en el zapato para cualquiera que esté circunstancialmente en un puesto de poder”.

    En una entrevista con Búsqueda, el experto en derecho administrativo opinó que los mensajes entre los exjerarcas eran documentos públicos y que estuvo bien la Justicia en obligar a la Cancillería a entregarlos.

    —¿Qué balance general hace del funcionamiento que implicó la creación de un derecho?

    —Mi balance es totalmente positivo, sin duda. Que nuestro país haya aprobado la ley de acceso a la información pública es muy importante, estaría muy en el debe si no lo hubiera hecho. Hoy, a 15 años de que se aprobara la ley, por supuesto que hay muchas cosas para mejorar, pero si uno mira para atrás, hoy los sitios web de los organismos públicos tienen mucha más información, más ordenada, más accesible, tenemos un sistema en el que podemos pedirles información a distintos organismos en línea y nos contestan, y hasta les podemos hacer el seguimiento. De hecho hay cosas hoy que se saben que antes no se podían saber gracias a este derecho, a esta herramienta. Entonces, el balance es positivo, sin lugar a dudas, para una gestión más transparente, para que haya más participación y el ciudadano pueda controlar de otra manera lo que hacen los gobernantes. ¿Que hay cosas para mejorar? Sí. La ley sigue siendo la misma que en 2008 y hoy los estándares internacionales en la materia te dicen que hay mejoras para hacer.

    —Usted habla de un balance positivo, pero en algunos lugares del Estado pareciera que todavía hay que pelear a nivel administrativo o judicial para obtener la información. ¿Persiste un problema cultural en el Estado en cuanto a de quién es la información?

    —Sí, eso es cierto en muchos casos. No en todos, pero en muchos casos es así. El cambio cultural es progresivo, requiere capacitación permanente. Pero sí, empezar a entender que el funcionario que tiene la información la tiene como administrador, un depositario, que no es algo que sea propiedad de él, es un clic mental que hay que hacer. También lo tiene que hacer la ciudadanía común, porque tal vez los periodistas, los abogados, los gremios pedimos información y estamos dispuestos a pelearla más. Todavía no veo al ciudadano común empapado de este derecho que tiene, como para animarse a ir a pedir o valorar las ventajas que puede tener pedir información. La Unidad de Acceso a la Información Pública todos los años hace una encuesta y más o menos un 26% a 30% dicen que saben que hay una ley de acceso a la información pública que les reconoce un derecho. Pensá: uno de cada tres, más o menos, sabe, ahí ya tenés un problema. Luego, del otro lado del mostrador, hay que seguir capacitando al funcionario, generando más compromiso en los jerarcas y empujar ese cambio cultural.

    —En una charla organizada por la organización Siembra, el miércoles 25, usted dijo que desde la UAIP vio pasar gobiernos de todo color político y todos se quejaban por los pedidos de acceso que recibían.

    —En estos 10 años pasé por tres gobiernos y obviamente en el discurso cualquiera es protransparencia y, además, creo que genuinamente así lo deben manifestar. En la práctica hay una distancia, del dicho al hecho hay una distancia. Efectivamente la ley es para controlarlos, entonces tal vez es hasta natural que a nadie le gusta que lo controlen. Y si te fijás, ahora que se habla de crisis política, las últimas crisis políticas de los últimos años, muchas de ellas parten de informaciones que se saben a partir de pedidos de acceso a la información pública. Información que tal vez la administración no quiso dar, después el juez condenó a darla y después… como es el caso de ahora, como el de Sendic

    Búsqueda accedió a los gastos de Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap a través de un pedido de acceso a la información.

    —Exacto. Entonces, efectivamente es una herramienta de control que es muy sana para la gestión, para la democracia, para la participación, pero que es una espina en el zapato para cualquiera que esté circunstancialmente en un puesto de poder, porque supone que la ciudadanía lo esté mirando y pueda saber lo que hace. Todo eso, lógicamente genera resistencias. Sumado eso al cúmulo de pedidos, todavía no logramos otro cambio cultural, que es ver que el pedido es parte del trabajo del funcionario y que no es un plus, no es un extra que llega y se acumula al trabajo de todos los días.

    —También hay mecanismos de transparencia activa, según los cuales la administración pública debería ser proactiva al divulgar información. Cumplir ese aspecto de la ley permitiría bajar la cantidad de pedidos. ¿No?

    —Exactamente. La transparencia activa es una herramienta fabulosa si se usa bien. Si vamos a publicar en los sitios web la normativa, la estructura orgánica, la historia del organismo, no digo que no sea información buena, pero no es la más requerida ni más útil para la ciudadanía. Entonces, si se usara bien, si se enfocara en lo que a la gente le interesa, disminuiría la cantidad de pedidos y sería una herramienta mejor.

    —¿Qué cambios deben instrumentarse a la ley para mejorarla?

    —Uno de los grandes cambios es fortalecer al órgano de control. Hasta ahora ha sido un órgano de control que acompaña, que capacita, que apoya; bueno, creo que después de 15 años hay que pasar de la zanahoria al garrote. Es un proceso lógico, incluso. Es bueno que tenga potestades de sanción, que sus decisiones tengan otra fuerza vinculante, que sus jerarcas tengan una retribución por su trabajo, que los mecanismos de designación de los jerarcas puedan no estar vinculados a la decisión del gobierno de turno y eso es una manera de garantizar la imparcialidad. No digo que no haya existido esa imparcialidad en todo momento, pero hay que tener herramientas que la aseguren.

    —En la charla de Siembra usted dijo que en el índice de transparencia que elabora la UAIP hay organismos de contralor que están mal ranqueados, lo que supone por lo menos una ironía. ¿A qué lo atribuye?

    —El Índice Nacional de Transparenciaes algo que armamos en su momento, justamente, por la falta de dientes. Al no tener la Unidad de Acceso a la Información esa potestad de sancionar o de hacer valer sus decisiones de otra manera, la idea fue: “vamos a mostrar”. Mostrar los resultados porque, siendo organismos públicos los que son sujetos obligados, a veces la sanción moral tiene más efecto que una multa. Entonces, que se sepa los que hacen las cosas bien y los que no. Hace pocas semanas se publicó el Índice de Transparencia correspondiente al 2022 y tiene cosas positivas y negativas. Entre las positivas está que mejoró la cantidad de sujetos obligados, de organismos, que se sumaron al índice y brindaron información. De un total de 250, respondieron 169, cuando la vez pasada habían sido 126. O sea, mejoró pero todavía tenemos 80 organismos que no contestan. Es preocupante que dentro de esos 80 hay órganos de control, como el Tribunal de Cuentas. Que un órgano de control, que sabe de la importancia que tiene la labor de control, no conteste cuando es controlado, me parece muy contradictorio. Destaco otros ejemplos positivos que les fue muy bien ahora y en la pasada, y que demuestran que se puede hacer las cosas: el Banco Central, Presidencia de la República, el Latu, entre otros. La Cámara de Representantes respondió en esta edición, yo no podía creer que en la edición anterior no haya contestado; por lo que implica: son los representantes de la ciudadanía y no contestan el formulario sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Esta vez contestó, me parece bueno. Por otro lado, las dos cámaras que están registrando bajos niveles de cumplimiento. ¿Por qué las destaco? Por lo que implica, son los representantes del pueblo y me choca que no cumplan en mejor nivel las obligaciones de transparencia.

    —Usted mencionaba el caso que derivó en las renuncias de varios integrantes del gobierno y el rol de la ley de acceso a la información. ¿Qué evaluación hace de la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de obligar a la Cancillería a entregar las comunicaciones por WhatsApp entre la exvicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel? ¿Eran conversaciones privadas?

    —Creo que el criterio a seguir cuando se trata de funcionarios públicos es que es información pública la que es propia del desempeño de la función, y no es información pública la que refiere a su privacidad. Esto lo digo como criterio general y aplica a este caso y a muchos otros, independientemente del soporte. Te pongo un ejemplo: si vos querés saber cuánto gana un funcionario, es información pública; ahora, si querés el recibo de sueldo del que surge una retención por pensión alimenticia o por aporte al gremio, bueno, esa no es información pública. Si me pedís correos electrónicos o chats y refieren a cuestiones vinculadas al ejercicio de la función o al trabajo, como es el caso, creo que está bien que se condene a dar, es información pública, salvo que se cumpla alguna de las excepciones de la ley. Si estoy organizando un asado, un partido de fútbol, eso no es información pública. El criterio va por ahí. Llevado al caso, si eran chats que referían al trabajo de todos los días o al ejercicio de la función, bueno, salvo que encuadre en algunas de las excepciones por algún motivo, me parece bien que se la considere información pública.

    Exdirector de la Unidad de Acceso a la Información, Gabriel Delpiazzo. Foto: Nicolás Garrido

    —¿Tiene que haber un protocolo de uso de teléfonos, de correos electrónicos? ¿Se puede pedir información de un correo personal si se usa para cuestiones laborales?

    —Por eso hacía referencia al criterio independientemente del soporte. Porque uno piensa en el teléfono oficial, en el mail institucional, pero luego lo cierto es que las comunicaciones se canalizan por otros medios y sí referirse a la función. La ley de acceso, de todos modos, no va a resolver todos los problemas.

    —Desde el lugar que ocupó, ¿cómo ve un intento de ocultar o de hacer desaparecer documentación que iba a ser entregada a la Justicia?

    —No lo sé. Lo primero que me surge es que si había una sentencia que obligaba a brindar la información, obviamente el fallo judicial hay que cumplirlo. Luego, si hubo intentos de eliminar, si hay connotaciones penales, no es mi especialidad y no me animo a dar una opinión fundada sobre eso.

    Información Nacional
    2023-11-08T19:49:00