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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobaron el 21 de diciembre de 2023, en los últimos acuerdos antes de que empezara la feria judicial, una nueva lista de los magistrados que podrán ascender en su carrera. Tres de los jueces irán al Tribunal de Apelaciones en materia de Familia, que se creó a través de la Rendición de Cuentas a partir del 1º de enero de 2024, luego de que el Parlamento apruebe las venias.
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El sistema de ascensos es un tema que mantiene en conflicto a la Asociación de Magistrados del Uruguay desde el 19 de noviembre de 2022, punto al que se llegó luego de varios años de reclamos. Para hablar sobre este asunto, dos semanas atrás, el presidente del gremio, Leonardo Méndez, se reunió con la actual presidenta de la SCJ, Doris Morales.
Méndez contó a Búsqueda que en ese encuentro le plantearon los cambios que consideran “imprescindibles” para que “se levante el manto de suspicacia” de la carrera judicial. En el régimen actual la Asociación de Magistrados entiende que existe falta de transparencia, entre otros motivos, porque desconocen los “argumentos” de las calificaciones.
Dentro de sus propuestas de modificaciones ponen como un punto “irrenunciable” que se implemente una “calificación universal”, es decir, que todos los jueces reciban las evaluaciones por su trabajo y que la totalidad de las sentencias que son derivadas a un Tribunal de Apelaciones sean analizadas. Al respecto, Méndez señaló que en la actualidad la situación “se complejiza”, porque evalúan los expedientes luego de un año, por lo que deben apelar a la “memoria” y sería “muy fácil” que se complete “en tiempo real” con un sistema informático.
También proponen que se elabore una reglamentación que defina — de manera previa — el “peso” de los diferentes ítems en la calificación de los jueces a través de las sentencias: la calidad técnica, la dirección del proceso y el cumplimiento de los plazos. Eso, con el objetivo de lograr una “uniformización de los criterios de corrección” y eliminar la “disparidad” que existe en la actualidad, como ocurrió en la última prueba de oposición de los jueces que se realizó en julio de 2023. Según indicó, en esa ocasión se debieron instalar “muchos tribunales”, que tuvieron criterios “muy disímiles”.
“De repente, el que valoraba la materia penal en Montevideo fue mucho más duro que el que valoró penal para el interior. O entre las distintas materias se generaron resultados muy diversos con gente que técnicamente era de similares características. Entonces, dependió de la suerte con que se constituyó el tribunal”, dijo.
Otro de los principales cambios que plantean es que los jueces conozcan el valor de los insumos para su valoración final, como la calificación de las sentencias, la prueba y los cursos realizados en el marco de la capacitación obligatoria. Esto permitiría que puedan conocer por qué no integran la lista para obtener un ascenso, es decir los argumentos de los evaluadores.
El presidente del gremio de jueces indicó que el sistema actual es “complicado”, porque “hay colegas que no saben por qué ascienden”, mientras que “otros no saben por qué no”, cuando “en el resto del Estado se manejan con concursos de oposición y méritos, con reglas claras preestablecidas, donde el funcionario que se siente afectado puede impugnar la resolución”.
En febrero, los gremios elevarán por escrito las propuestas a la presidenta de la SCJ. Así se los solicitó Morales para tratar el tema con los otros ministros que integran el organismo, ya que se trata de decisiones que deben resolverse por mayoría.
“Estamos tratando de seguir analizando cómo llegar a tener un buen sistema de ascensos, para hacer una lista de jueces en mejores condiciones, y darle herramientas para que se capaciten e intenten lograr estar ahí por su capacidad”, dijo Morales a Búsqueda.
El presidente del gremio, por su parte, dijo que saben que la de la presidenta de la SCJ es “una voluntad en cinco”, pero que como presidenta se ha mostrado “fuerte” y “determinante” en “momentos donde la institucionalidad pudo verse en juego, en relación con las denuncias de acoso laboral en la interna del Poder Judicial que están siendo investigadas.
“Vamos a volver a insistir con mejoras al sistema que, si bien ha tenido avances, estamos muy lejos todavía de un rendimiento óptimo. Para nosotros es valioso que ella haya abierto la puerta nuevamente a la discusión de este tema”, afirmó Méndez, y agregó que “tendría que haber una decisión de la Corporación de acompañar estas iniciativas”, que modifiquen la reglamentación, para “rever” la declaración de conflicto que está vigente.
Cuestionamiento internacional
El reclamo del gremio de magistrados recibió un respaldo internacional el año pasado, cuando un estudio de diagnóstico de la independencia de los sistemas judiciales de la región, realizado por la Federación Latinoamericana de Magistrados y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de Nueva York, Estados Unidos, cuestionó el sistema uruguayo. Allí se estableció que los “altísimos poderes discrecionales” de la SCJ respecto a la regulación de la carrera funcional de los jueces se presenta como un “serio inconveniente” para la independencia técnica. “Sin perjuicio de que la SCJ sostiene que a los efectos de determinar los ascensos judiciales se tomará en cuenta tanto criterios objetivos como subjetivos, en la práctica ello no ocurre así en una gran cantidad de casos”, planteaba el documento.
