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Año tras año, a medida que se fue ampliando el universo de agentes obligados, la cantidad de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo han ido en aumento. En 2018, bajo una “ley integral” en la materia que trajo algunas innovaciones regulatorias, el Banco Central (BCU) recibió 782 de esos informes, un incremento de 42% al comparar con los de 2017.
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Si bien son las entidades del sistema financiero las que hacen más ROS (519 el año pasado), los efectuados por entidades de fuera de ese sector vienen creciendo a mayor ritmo y hubo 263 en 2018.
Así surge de la memoria anual de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU, de la cual depende de la Unidad de Información y Análisis Financiero, responsable de filtrar y evaluar las transacciones inusuales —en efectivo, transferencias, cambios de moneda, compraventa de inmuebles, etc.— potencialmente sospechosas de lavado de activos. En 2018 realizó 141 acciones de cooperación y asesoramiento nacional, a la vez que recibió 84 pedidos de información internacional y envió una decena; esas cifras son en general similares a las del año previo.
La ley integral contra el lavado de activos (19.574), aprobada a fines de 2017 al igual que su decreto reglamentario, entró en vigor en enero del 2018. Entre otras cuestiones, incorporó a las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, casinos, inmobiliarias, rematadores, así como personas físicas o jurídicas que intervengan en la compraventa de ciertos bienes, como sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas. Hasta ese momento tal requisito recaía básicamente sobre las instituciones financieras. Esta ley fue aprobada por el gobierno en vísperas de la misión del Gafilat (Grupo de Acción Financiera para América Latina) que en este primer semestre de 2019 inspecciona las prácticas antilavado que aplica Uruguay.
Plan 2019
En el mismo documento, además de reseñar sus actividades de 2018, la SSF detalló los planes para el año en curso. Varias actividades suponen darle continuidad a proyectos en marcha.
Entre otras acciones, este año someterá a consulta de las instituciones financieras una propuesta normativa para establecer un “colchón de capital anticíclico”.
Por otro lado, pondrá en producción un nuevo software para recabar información sobre los conjuntos económicos a los que pertenecen las empresas supervisadas y otro relacionado con las compañías aseguradoras.
En cuanto al sistema de AFAP, la SSF planea revisar este año los límites de inversión de los ahorros previsionales por emisión, fiduciario, etc., así como la admisión en el portafolio de estas administradoras de activos con calificación menor a investment grade (sin riesgo especulativo).
También tiene prevista la elaboración de “estándares mínimos de gestión para los intermediarios de valores”, así como normas en materia informativa de las operaciones extrabursátiles.
