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Las alarmas saltaron a mediados de abril en una UTU del barrio Cerro. En las primeras horas de la tarde hubo una persecución policial a un motociclista que circulaba a alta velocidad y sin casco.
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El conductor de la moto —menor de edad— desoyó las advertencias de la policía y se refugió en la Escuela Técnica Cerro Maestro Nicasio García. Era la hora de salida del turno matutino, cuando suele haber mayor concentración de estudiantes en la puerta del centro. Según un informe del núcleo sindical de esa UTU, la policía procedió de “forma violenta”. Dos agentes se bajaron de la camioneta que frenó en la puerta de la institución y entraron al predio en busca del menor, alumno de esa UTU. Lo “golpearon contra el patrullero” y lo “dejaron de piernas abiertas” durante una media hora, relató el sindicato. Varios docentes resolvieron intervenir dado el procedimiento aplicado por los agentes, que a su vez pidieron refuerzos policiales. Al llegar el segundo patrullero, una policía mantuvo un diálogo “tenso” con los docentes en la puerta del instituto. En ese ambiente, ya caldeado, un alumno apedreó uno de los patrulleros y también fue retirado “de forma muy violenta” del local educativo, agrega el comunicado de los trabajadores de la UTU. Ambos adolescentes fueron detenidos y a las horas entregados a sus referentes adultos. La familia de uno de ellos y docentes que presenciaron el operativo presentaron una denuncia por uso desproporcionado de la fuerza policial contra los menores.
Si bien el director general de Educación Técnico Profesional-UTU, Juan Pereyra, minimizó el episodio —dijo a El País que “no pasó a mayores”—, parte de la comunidad educativa del centro lo consideró “sumamente grave”.
“Como educadores del centro educativo consideramos que esta serie de hechos violentos por parte de la autoridad policial no deben ocurrir ni dentro del centro ni delante de cientos de nuestros estudiantes”, expresó el director del instituto, Ruben Ferreira, en una carta dirigida a la Dirección General de Educación Técnico Profesional-UTU.
El caso fue discutido por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde, según comentaron varios consejeros a Búsqueda, hubo coincidencia en la necesidad de “afinar el protocolo de actuación policial” en los centros de enseñanza pública.
La inquietud de las autoridades educativas trasciende el caso de la UTU del Cerro y encuentra base en las crecientes cifras de delitos registrados dentro y fuera de las escuelas, liceos y locales de UTU en los últimos años. Según informó Búsqueda semanas atrás, desde 2015 aumentaron 40% los hechos delictivos en los centros educativos, muchos de ellos asociados al vandalismo y a los robos de materiales de estudio, alimentación y otros. Con la pandemia, al quedar muchos locales de estudio vacíos, aumentó sensiblemente la actividad delictiva y el fenómeno siguió una vez concluida la crisis sanitaria.
En 2022 hubo varios episodios violentos en instituciones educativas de Montevideo, Canelones y Colonia. Semanas antes del caso del Cerro, un alumno de la Escuela Técnica de Solymar Norte recibió un corte de cuchillo en el brazo en una pelea registrada dentro del local de estudios, informó Subrayado. En febrero sucedió algo parecido en Colonia, cuando un joven de 15 años fue apuñalado gravemente por otro, según reportó la diaria. Uno de los últimos episodios se produjo días atrás en el Liceo N° 2 de la ciudad de Canelones y derivó en una pelea con la participación de allegados a uno de los jóvenes, ajeno a la institución. Se montó un operativo policial en la entrada del liceo para que el resto de los alumnos pudieran salir, contó el jefe de Policía canario, Víctor Trezza, mientras trabajadores de la institución evitaron que la trifulca, por la que dos menores fueron detenidos, se produjera dentro del local.
En 2021 se reportaron 224 delitos en un universo de 457 centros de educación media georreferenciados en Montevideo, de acuerdo a un análisis estadístico de la ANEP al que accedió Búsqueda.
Protocolo
Ante este panorama, hace dos semanas Robert Silva, presidente del Codicen, se reunió con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para discutir cambios en el abordaje policial en los centros educativos públicos. Según supo Búsqueda, los jerarcas acordaron reformular el actual protocolo de actuación policial en las instituciones de enseñanza pública.
Los cambios que se están analizando incluyen ampliar el patrullaje en las áreas donde se ubican los centros de estudio, exhibir menor poder de fuego cuando los policías se relacionen con los estudiantes, mejorar la coordinación con las direcciones y responsables de los servicios de seguridad edilicia, desarrollar un mayor seguimiento de inteligencia posterior a los hechos delictivos, incluyendo a quienes los cometen, y ampliar la videovigilancia de los edificios.
Para definir estos detalles, las autoridades decidieron que las conversaciones entre la ANEP e Interior sigan con el comisario retirado Jonnhy Trías, designado por el Codicen como asesor en seguridad en centros educativos, y el subdirector de la Policía Nacional, Héctor Ferreira. Ambos delegados ya mantuvieron una primera reunión para establecer acciones en el área metropolitana.
Heber y el director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la cartera, Santiago González, también recibieron a una delegación de la filial montevideana de la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu), que planteó reforzar la cobertura del patrullaje en algunas escuelas de contexto crítico, especialmente en los horarios de mayor movimiento de entrada y salida de alumnos.
“Estamos procurando un trabajo más articulado con el Ministerio del Interior, pero es una realidad que tenemos. No podemos poner guardias en todos los centros educativos”, dijo el presidente del Codicen en una reciente comparecencia ante la Junta Departamental de San José.
La ANEP invierte cerca de $ 300 millones para monitoreo directo y vigilancia privada de los locales educativos. El organismo de la educación ya proyectaba instalar más cámaras de seguridad en escuelas y liceos además de aumentar la videovigilancia perimetral y externa edilicia, dijo a Búsqueda Trías, el experto de seguridad contratado por ANEP.
El plan de videoverificación está diseñado desde hace más de un año y ya “cuenta con el visto bueno” del Codicen, confirmó Búsqueda.
