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Dos organismos dependientes de la Presidencia de la República prevén firmar próximamente un convenio de intercambio de datos, dentro de los cuales se incluyen los balances económicos y las transferencias de deportistas por parte de instituciones de todo el país. La Secretaría Nacional del Deporte y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo trabajan conjuntamente en un texto de “aceptación general” para la entrega de ese y otro tipo de información, dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo.
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En setiembre del año pasado el presidente Tabaré Vázquez y sus 13 ministros firmaron un decreto que busca ordenar las ventas de deportistas profesionales, con el objetivo de transparentar esas operaciones y profundizar el cumplimiento de Uruguay de normas nacionales e internacionales. El decreto (Nº 268/017) establece que los clubes, previamente a efectuar la transferencia de un deportista, deberán presentar ante la Secretaría Nacional del Deporte la declaración jurada con los detalles de la operación: entre ellos el nombre del deportista involucrado, el club de origen y el club de destino, el monto y la moneda de la transacción, la forma de pago, el nombre de los bancos y los números de cuenta utilizados, los intermediarios intervinientes y los porcentajes acordados entre las partes.
“El nivel de requerimientos es muy básico y la información obra en poder de los clubes o puede ser obtenida fácilmente”, expresó la Presidencia en un comunicado al anunciar el decreto. “En tal sentido, se trata de avanzar en el ordenamiento y transparencia de una actividad que no se ajusta a la normativa, tomando como punto de partida la disposición de la información mínima exigible que debe aportar una actividad de carácter profesional”, agregó.
El comunicado explica además que, en el caso específico del fútbol, el ingreso de dinero obtenido a través de la transferencia de jugadores es una de las fuentes fundamentales de la economía de los clubes, por lo que se “apunta a establecer las condiciones necesarias para que las transferencias se ajusten a derecho y que la circulación del dinero de cada operación pueda ser sometida a los controles correspondientes en cumplimiento de las normas nacionales y los compromisos asumidos por el país ante organismos internacionales”.
Indicada naturaleza.
Anterior a la publicación de este decreto la regulación de operaciones económicas en el deporte estaba únicamente regulada por el decreto ley Nº 14.996 de 1980. Entre otras cosas esa norma prohíbe todas las cesiones de derechos sobre la prestación de la actividad de un deportista o sobre su transferencia, en favor de personas físicas o de personas morales que no revistan la indicada naturaleza.
Sin embargo, la norma no se aplicaba y, especialmente en el fútbol, los representantes adquirían con asiduidad los derechos de los jugadores directamente de los clubes. A raíz de un debate público protagonizado en junio de 2017 entre el representante Daniel Fonseca y el presidente de Liverpool, José Luis Palma, sobre los futbolistas juveniles Pablo Javier García y Gianluca Colla, en setiembre el gobierno decidió intervenir en el tema con el decreto. La nueva norma insiste en la prohibición a todas las instituciones afiliadas a las asociaciones o federaciones deportivas a realizar cualquier tipo de cesión de derechos sobre un deportista a favor de personas físicas o de instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado.
Según las fuentes, por el momento los clubes de fútbol están cumpliendo con el pedido y envían la información sobre traspasos a la Secretaría Nacional del Deporte, en donde también deben registrar, anualmente, sus balances aprobados por asamblea. Este organismo está habilitado a comunicar la información obtenida a otros órganos competentes en la materia, y es lo que se prevé que haga con la Secretaría Antilavado, encargada de coordinar la ejecución de políticas nacionales sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
