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Empezó un nuevo año, uno muy importante para todo el sistema político y para nuestro país. El 2023 será, seguramente, el último de este período de gobierno en el que se podrán concretar algunos cambios trascendentes en el plano económico, el educativo y en la administración pública, algo que todos los uruguayos estamos necesitando, más allá de las diferencias ideológicas.
Luego llegará el 2024 con sus urnas asomándose por el horizonte y allí sí será todo electoral y proselitista. Mucho más teniendo en cuenta que las empresas más importantes de opinión pública coinciden en señalar que la próxima elección nacional será muy reñida. Imposible entonces pensar en un 2024 como de grandes acciones gubernativas.
Por otra parte, este año que recién comienza no será fácil. En su última edición, Búsqueda publicó su XXVII Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales, cuyos resultados son muy reveladores. La baja competitividad, el elevado “costo país” y sostener el nivel de actividad son los mayores problemas que el empresariado ve para encarar en los próximos 12 meses. Seis de cada 10 empresas esperan producir más y seguirán invirtiendo, pero menos de un tercio tomará personal, según muestran algunas de las conclusiones de la encuesta.
Es evidente que todavía queda mucho por hacer y que el oficialismo debería aprovechar este 2023 para al menos concretar algunas reformas que alivien esas preocupaciones que sienten los empresarios y que, lógicamente, también repercuten en una parte importante de los empleados.
Hay algunas señales positivas en ese sentido. La votación a fines de diciembre en la Cámara de Senadores del proyecto de ley que contiene la reforma previsional es una de ellas. El sistema de seguridad social tal como se encuentra ahora no se sostiene más y postergar los cambios sería suicida.
También es positivo el anuncio realizado por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública sobre que a partir de marzo se comenzarán a instrumentar los cambios en el sistema de enseñanza. Para algunos especialistas son muy tímidos y para otros son demasiado arriesgados pero lo cierto es que no hacer nada durante un año más es insostenible. Hace mucho que el sistema educativo está en decadencia, así que cualquier acción que se pueda adoptar para modificarlo debería ser vista como un avance.
A su vez, está prevista para este año una rebaja en las franjas más bajas del IRPF y del IASS. No son muy significativas pero generan un respiro en momentos en los que hace falta. Hay otros temas más postergados, que se deberían acelerar en este último año efectivo de gobierno. El más urgente parece ser una reforma del Estado, por más tímida que sea, pero también está la concreción de una buena vez de una nueva inserción internacional.
Ni uno solo de esos asuntos debería dividir demasiado al sistema político o servir para cuestiones electorales. Ya habrá tiempo para que lo hecho pueda ser puesto arriba de las mesas de votación. Adelantarlo es perder tiempo valioso para la mayoría de los uruguayos, que están muy lejos de esa fiebre electoralista.
Sobre esa base, sería bueno que al menos durante los primeros seis meses de este año todo el sistema político acordara una tregua en la batalla proselitista, que de tan prolongada a veces cansa.
Hace ya mucho que la oposición parece estar pensando en las elecciones nacionales de 2024 y ahora varias de las figuras centrales del oficialismo entraron en la misma sintonía. Sería un error que eso se intensificara en los próximos meses en lugar de reducirse. Porque los que ahora se muestran apurados por que lleguen las urnas serán quienes tendrán que gobernar o ser oposición junto con su equipo en el próximo período. Y si nada se puede hacer en este 2023, será la futura administración la que verdaderamente cargará con los dos años perdidos y todos nosotros los que pagaremos las consecuencias.
