Militantes de la coalición de gobierno organizaron una reunión virtual de fin de año para conversar con legisladores oficialistas. Al encuentro, un espacio de Twitter el martes 28, asistieron la senadora blanca Graciela Bianchi y los cabildantes Guido Manini Ríos y Raúl Lozano, tres legisladores que, a lo largo de la conversación, demostraron estar alineados en varios temas.
“La gente dice, repite y se habla, y te dicen que es como que el gobierno es muy blandito, en el sentido de que mucha corrupción hubo anteriormente, pasaron muchas cosas como Pluna, Ancap (...). No sé si depende tanto del gobierno llevarlos en cana y por qué no se ha hecho nada”, dijo el organizador a modo introductorio. Y preguntó: “¿El gobierno es blandito? ¿Tiene algo que ver el gobierno en eso?”.
La primera en responder fue Bianchi. “Creo que no fue blandito en absoluto y no es blandito”, dijo. Sostuvo que pese a que la manejó “muy bien”, la pandemia “neutralizó” al Poder Ejecutivo y le impidió ir a la velocidad deseada.
La senadora dijo en seguida que “no hay que subestimar” al Frente Amplio, cuyas filas integró durante años y ocupó cargos de confianza en la enseñanza hasta que renunció desencantada. Afirmó que la coalición de izquierda “manejó 15 años el Estado” y supo “aprovechar” esa oportunidad. Denunció la existencia de “concursos amañados” que le permitieron “ubicar en forma presupuestada” a militantes que hoy son “mandos medios difíciles de sacar”.
“Y los mandos medios hoy siguen manejando el Estado”, acotó Bianchi. “Una de las cosas en las que quiero poner el acelerador es sobre los mandos medios, porque los mandos medios, en general, no son nuestros”.
En cuanto a “la parte penal”, la senadora dijo que “no es fácil” condenar a personas por corrupción y que por eso “está el delito de abuso de funciones”. Para Bianchi, se trata de un delito que “no hay que derogar”, una posibilidad que se analizó en legislaturas pasadas. Por el contrario, opinó, deberían aumentar las penas que se aplican por esa conducta.
La senadora le recordó a quienes la escuchaban en el espacio de Twitter que los frenteamplistas acusados “son todos primarios”, por lo cual es difícil que terminen en prisión. Mencionó el caso del exvicepresidente Raúl Sendic, condenado por peculado, al que calificó de “delito gravísimo”. Que ese delito “tenga penas bajas es otra cosa, y que sea primario y entonces no lo podemos meter en cana, estoy de acuerdo, quisiéramos verlo en cana”, añadió. Recordó que también fueron condenados el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el expresidente del Banco República Fernando Calloia por el caso Pluna.
“Lo que pasa es que nosotros teníamos una idea de que podíamos meter en cana a todo el mundo. No. Y dentro de todo está bien, porque significa que el Estado de derecho sigue funcionando”, fundamentó.
Los tres ejemplos mencionados por Bianchi, de hecho, comenzaron a ser investigados durante los gobiernos del Frente Amplio. En el caso de Lorenzo y Calloia su procesamiento se produjo mientras ocupaban cargos en el gobierno de José Mujica, mientras que Sendic renunció como vicepresidente con la investigación en curso y después de que un dictamen del Tribunal de Conducta Política de su partido cuestionara el uso que dio a las tarjetas corporativas de la petrolera estatal Ancap. Las condenas de Calloia y Sendic quedaron firmes en 2021, mientras que la de Lorenzo estaba firme desde 2019 porque había decidido no apelar.
Bianchi dijo que la Fiscalía “es un problema” y que lo ha dicho “hasta el cansancio”. No obstante, declaró como un logro del gobierno la salida del ex fiscal general Jorge Díaz, quien renunció al cargo en octubre, seis meses antes de que terminara su mandato. “Valoremos las cosas positivas que hemos logrado. ¡No es casualidad! No se fue solito y porque quiso”.
Además de cuestionar a la Fiscalía, Bianchi tiene otros objetivos. “Ahora estoy empezando a tratar de que pensemos que también el Poder Judicial está infiltrado por los que… La Universidad fue una usina de adoctrinamiento, es así”, dijo. “Entonces, hay muchos mecanismos que están trancando la posibilidad de avanzar más” en la persecución penal de los posibles delitos cometidos en los gobiernos frentamplistas.
La senadora, tercera en la línea de sucesión presidencial, afirmó que, pese a esas trabas, de a poco hay avances, como el hecho de que la construcción del Antel Arena sea investigada por la Justicia. Y luego aseguró: “Miren que los fiscales y los jueces —ejercí casi 30 años la abogacía— tienen una percepción de quién está mandando, ¿eh? Entonces, de nosotros depende seguir insistiendo y lo que les decía al principio: meter el acelerador”.
Sobre el final de su intervención, Bianchi dijo que impulsará la aprobación del delito de “enriquecimiento ilícito” propuesta por Cabildo Abierto. “Esa es una de las cosas que tenemos que lograr que se apruebe, porque por las coimas no se dan recibo, pero el enriquecimiento injustificado es una de las formas jurídicas que en el mundo entero ha llevado a que mucha gente terminara presa”, aseguró. “Eso lo tenemos que tener como faro, pero no nos digan que no hicimos nada. Hicimos bastante. ¿(Carolina) Cosse en la Justicia? Es mucho, es mucho”.
Raul Lozano y Guido Manini Ríos. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
“Intencionalidad”
El senador Lozano tomó la palabra y dijo que compartía la visión de Bianchi en cuanto a que “los cambios sí se están produciendo”. Añadió que quizás no ocurren a la velocidad deseada por los votantes y por eso a algunos “les gana la ansiedad”.
Lozano destacó que de a poco va quedando atrás el “relato frenteamplista” al que la gente estaba acostumbrada. “Somos partícipes activos de que ese relato se vaya terminando y se digan las cosas como son. Creemos en valores distintos, nosotros creemos en la verdad; no nos da lo mismo decir una cosa hoy y otra mañana, a gusto del consumidor”, detalló.
Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y excandidato a presidente, dijo que “por supuesto” coincide “totalmente” con lo que habían dicho los dos senadores que lo antecedieron.
“Es claro que la Justicia a veces se equivoca y a veces no actúa como se entiende que tiene que actuar. Podemos focalizar en los fiscales, pero en definitiva es parte de todo el proceso”, dijo Manini Ríos. “Nosotros lo hemos denunciado una y otra vez, hemos tenido problemas por denunciar el sesgo y las cosas que hemos visto nos llevan a pensar que hay cierta intencionalidad. Recuerdo aquel fiscal que perdió un pendrive a la hora de acusar a jerarcas de la Intendencia de Montevideo. Cosas que han pasado que hacen pensar que muchas veces hay cierta intencionalidad y no se llega a fondo”.
Al final del período pasado, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó la formalización de Manini Ríos porque cuando era comandante en jefe del Ejército no habría denunciado en la Justicia un delito confesado durante un tribunal de honor militar. La defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad, lo que demoró el proceso. Cuando la Suprema Corte de Justicia falló en contra de ese recurso, Manini Ríos ya había sido electo para ocupar una banca en el Parlamento. El Senado votó en contra del pedido de desafuero que presentó el fiscal con votos de la mayoría del oficialismo, mientras que el sector colorado Ciudadanos, el Partido Independiente y el Frente Amplio apoyaron la medida.
El senador Manini Ríos dijo en el espacio de Twitter que habrá que esperar a ver “cómo se terminan resolviendo” los casos que ya están en la Justicia. La idea, añadió, es “aportar toda la información necesaria a través de auditorías o investigadoras para que haya más casos en la Justicia cuando eso lo amerite”.
El líder cabildante sostuvo que en los lugares donde se investigó “a fondo”, los antecedentes “han terminado en la Justicia, irremediablemente”, porque “se han constatado irregularidades y presunción de delito clarísimo”. Como ejemplos, mencionó el caso Gas Sayago y el Antel Arena.
“Creemos que hay que profundizar este tipo de investigaciones en distintas reparticiones que todavía no se han profundizado”, añadió. De todos modos, Manini Ríos pidió tiempo y prometió que harán lo posible para que las cosas “sigan su curso” y pronto los responsables del “mal manejo” de los recursos públicos sean juzgados.
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