Días atrás la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que cuatro de cada 10 futuros docentes no alcanzan los niveles de lectura mínimos esperables en un graduado de bachillerato, que el 56% muestra bajo nivel de escritura y que una cuarta parte presenta desempeños insuficientes en ambas áreas. Los datos surgen de la evaluación diagnóstica Informa 2023 del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la ANEP, comprende a 4.703 aspirantes a educadores que ingresaron a la carrera de formación docente este año y arrastran dificultades provenientes del propio sistema educativo del cual egresan.
“(Este sondeo) nos da un baño de realidad”, afirmó el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, durante la presentación de los datos. “No para torturarnos; pero sí para, a partir de la evidencia, ratificar un conjunto de acciones que se están llevando adelante y proyectar otras”, afirmó.
Hoy los focos de la ANEP apuntan tanto a la reforma del bachillerato en Secundaria y UTU —cuyos documentos, planes de estudio y métodos de enseñanza ya cuentan con un “primer borrador”— como a la formación docente, nivel en el que las autoridades están aplicando cambios por vía del Consejo de Formación en Educación y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Este propósito enfrenta la férrea resistencia de los colectivos sindicales docentes y estudiantiles y críticas de la oposición política.
En el plano político, las autoridades dicen estar dispuestas a soportar la ofensiva de los gremios, que cuestionan el contenido de los cambios y piden mayor incidencia en las decisiones. Sindicatos de la enseñanza y consejeros docentes de educación también consideran “insuficiente” el presupuesto presentado por el ente autónomo en esta Rendición de Cuentas.
En su proyecto enviado al Parlamento, la ANEP solicitó un presupuesto incremental de $ 2.412 millones para 2024, alrededor de US$ 61,8 millones, con foco en la financiación para terminar de implementar la reforma. Incluye la transformación curricular integral de la educación media superior (Secundaria) y de la técnico profesional (UTU). Con los cambios en estos subsistemas se completaría el plan de Educación Básica Integral (EBI), que se aplica de inicial a tercer año de liceo o UTU (hoy noveno grado) desde marzo de este año.
El monto adicional solicitado es considerado “clave” para que en 2024 se perciban los cambios en las aulas uruguayas. De no recibir esos casi US$ 62 millones, “se hará muy difícil” cumplir con lo proyectado, resumió a Búsqueda una fuente oficialista de la ANEP.
Por eso las autoridades políticas del Codicien se preparan para plantear el próximo lunes 24 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes la necesidad de cerrar un acuerdo político, con la finalidad de lograr un presupuesto educativo suficiente para cubrir los costos del modelo de enseñanza proyectado.
“Seguramente, con el presidente (del Codicen, Robert) Silva vamos a encontrar la manera de que tengan recursos para seguir adelante con la transformación educativa”, sostuvo la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el lunes 10, en su presentación ante la comisión parlamentaria que trata el proyecto de ley. El mensaje del Poder Ejecutivo para ANEP presentado el 30 de junio en Parlamento no previó gastos adicionales.
Entretanto, varios consejeros y cargos políticos consultados por Búsqueda esperan recibir menos de lo necesario para poner en práctica los planes. Los dos representantes docentes en el Codicen, la maestra Daysi Iglesias y el profesor Julián Mazzoni, consideran “insuficiente” este incremento y descreen que sea atendido el pedido aprobado por la mayoría política del Consejo.
“Está claro que lo que pide ANEP no se va a otorgar, porque no hay condiciones mínimas para hacerlo; y si se le da, serán chirolas”, auguró Mazzoni. Vamos a estar justos de dinero, reconoció otro jerarca del ente autónomo de la educación.
Iglesias y Mazzoni explicarán este jueves 20 en una conferencia por qué no acompañan la solicitud. “Básicamente, porque un 62% de los recursos pedidos está destinado a la transformación educativa y a nuevas figuras —como los ‘mentores’— que no compartimos, y porque pensamos que la distribución del dinero tiene que ser totalmente diferente”, avanzó Mazzoni.
Hacen falta más recursos para poder conformar “equipos multidisciplinarios” —cargos de psicólogos y trabajadores sociales—, completó Iglesias, en atención a un reclamo recurrentemente planteado por las comunidades educativas.
Más allá de lo presupuestal, los equipos técnicos convocados por la ANEP avanzan en la producción de los documentos y planes de estudio para que la reforma de los bachilleratos llegue a las aulas en 2024.
Este asunto también fue abordado en la sesión del Codicen de ayer, miércoles 19.
Cambiar “el bachillerato de la dictadura”
A mediados de 2022, el Codicen aprobó el Marco Curricular Nacional, el “documento madre” del que derivan el resto de los cambios. Allí se redefine el perfil que deben tener los egresados del sistema de enseñanza obligatorio. Este año se está implementando la reforma en la educación inicial, en los primeros dos años de Primaria, y en los primeros tres años de la Educación Media, lo que antes era Ciclo Básico.
A partir de 2024 cambiarán su formato y contenido los bachilleratos en liceos y UTU.
Los equipos técnicos analizan varias opciones que buscan darles mayor facilidad a los alumnos para personalizar sus experiencias educativas. Uno de los cambios planteados es que el foco debe estar centrado en las “competencias” que adquieren los estudiantes y no en el “contenido disciplinar”.
El objetivo de las autoridades es avanzar en la discusión de las definiciones más controversiales —como la estructura, las cargas horarias y el régimen de evaluación—, según las fuentes técnicas. “Hay trabajo adelantado, pero todavía falta bastante para que algún documento vea la luz”, indicó una de ellas.
La idea es que previo al receso de verano, la ANEP ratifique todos los cambios que regirán en bachillerato el próximo año. Impulsores de la transformación aseguran que los equipos técnicos ya elaboraron un “primer borrador” que se presentará en estos días a la Asamblea Técnica Docente, instancia representativa del cuerpo de educadores con derecho a iniciativa y función consultiva en aspectos educativos.
También se dirigirá una propuesta a las direcciones generales de Secundaria y UTU, que podrán elevar sus propios planteos al Codicen. Una idea conversada es que los alumnos de liceo y UTU puedan “navegar” con mayor fluidez entre ambos subsistemas si así lo eligen.
Las autoridades apuntan a que el estudiante de bachillerato “no tenga opciones diversificadas de manera temprana en su trayectoria”. El nuevo formato buscará dar “mayor amplitud de opciones” a los jóvenes para que no tengan que “atarse” a una orientación desde el principio del bachillerato, explicaron desde la ANEP. El objetivo es que puedan optar con mayor información y conocimiento en el último año o en los últimos dos años de estudio, cuando se vayan perfilando hacia algo más específico.
A fines de mayo, El Observador avanzó parte de los contenidos de este plan, que apunta a que el bachillerato sea más general que diversificado. Las opciones dejarán de dividirse en “Humanístico”, “Biológico” o “Científico” como hasta ahora.
Desde la oposición, incluyendo a referentes de la educación de los últimos 15 años del gobierno del Frente Amplio y a los consejeros docentes del Codicen, cuestionan la forma y el fondo de los cambios. En la izquierda opinan que se trata de una reforma “exprés”, sin participación “real”, y en un entorno de “hostilidad” y enfrentamiento con la ATD y los sindicatos de la enseñanza.
El titular del Codicen dijo que el diálogo está abierto y garantizó que los cambios serán procesados con tiempo y consultas suficiente. La intención es “cambiar el plan de bachillerato que, por más que algunos se enojen, es el bachillerato de la dictadura”, afirmó el jerarca el martes 18 en el programa Periodistas de Canal 5.
Silva aseguró que sin el refuerzo presupuestal, la transformación educativa tendrá que “resignar” algunos proyectos, y citó “procesos de acompañamiento a comunidades”, entre otros.
Repreguntado sobre si en tal caso la sustancia de la reforma quedará en peligro, Silva respondió, dos veces: “No”.
