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Luis Moreno Ocampo (62) es cuidadoso y prudente cuando se le interroga sobre temas de candente actualidad y frente a los cuales sus opiniones importan, sobre todo después de nueve años de experiencia como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (2003-2012). Sus respuestas son muy específicas y escuetas, lo que no quiere decir que rehúya los temas.
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Estima, por ejemplo, que si el gobierno de Venezuela no investiga una serie de denuncias sobre ataques masivos y sistemáticos a la población civil, la Corte Penal Internacional podría hacerlo. Resalta la importancia de los jueces y fiscales porque son la garantía decisiva y final para que la ley no se transforme en un arma solo para atacar a los enemigos, y hace un llamamiento a los medios de información para que eviten transformarse en oposición política y se mantengan como instituciones imparciales de discusión para prevenir la escalada de violencia y ser un canal para el manejo pacífico de los conflictos.
Moreno Ocampo fue quien, como primer fiscal jefe, instaló la Corte Penal Internacional. Previamente, fue fiscal adjunto en los juicios en que fueron condenados los miembros de las juntas militares argentinas y también fue el primer abogado que inició un juicio contra el dictador chileno, Gral. Augusto Pinochet. Se desempeñó por varios años como director de Transparencia Internacional para América Latina. Actualmente dicta clases en Harvard y Yale, y ejerce privadamente su profesión de abogado.
El siguiente fue el diálogo que Búsqueda mantuvo con el hombre que procesó, entre otros, a Muammar Gaddafi.
— Hace más de una década, cuando el gobierno de Néstor Kirchner investigó y llevó a la justicia a figuras de gobiernos anteriores, caso de la ex ministra Julia Alsogaray, usted declaró estar de acuerdo con la estricta aplicación de la ley. Dijo que ese es el instrumento indicado, pero hizo una advertencia: siempre que se aplique a todos, no solo a los enemigos o adversarios políticos. Existe una percepción de que hoy se ha instalado un mecanismo siniestro por el cual la ley se aplica a los adversarios y disidentes, pero que no se recurre a ella cuando se trata de los aliados, amigos o allegados. ¿Usted qué opina?
—Que un mundo legal reemplace a un mundo de violencia implica un paso adelante. Pero, efectivamente, se puede utilizar la ley para atacar a los enemigos. Por ello el factor crítico y esencial es quiénes ejercen como jueces y fiscales y que estos respeten los límites.
—Instituciones reconocidas y respetadas como Amnesty International y Human Rights Watch denuncian un grave deterioro de los derechos humanos y de las libertades civiles en Venezuela. Expresamente citan decenas de casos de asesinatos, represión y detención de miles de manifestantes y disidentes. La ONU y gobiernos como los de Estados Unidos y España, entre otros, también reclaman en ese sentido y piden liberación de presos políticos. El gobierno de Nicolás Maduro impide que inspectores de organizaciones internacionales actúen para aclarar la realidad y autorizó expresamente al Ejército a disparar contra manifestantes y periodistas. ¿Eso no configura una situación por la cual se podría incurrir en crímenes contra la humanidad o, al menos, no significa que están dadas las circunstancias como para actuar e investigar frente a un peligro tan serio?
—No conozco los datos con que cuenta la Fiscalía pero si se demostrara que hay una organización que está realizando ataques masivos o sistemáticos contra la población civil, estaríamos en presencia de un crimen de lesa humanidad. Y si Venezuela no lo investiga, la Corte Penal Internacional podría investigarlo.
—En una reciente reunión de la SIP, usted hizo un llamado a dueños, directores y editores de diarios para que no ataquen a los gobiernos, para que no se transformen en oposición política y concentren más su esfuerzo en realizar una tarea periodística imparcial. Su planteo causó gran polémica. ¿Podría ampliar su visión?
—Hice dos preguntas en la reunión de la SIP. Una: ¿quiénes de los allí presentes creían que los gobiernos de América Latina atacan la libertad de expresión? La mayoría absoluta levantó la mano por la afirmativa. La segunda pregunta fue: ¿quiénes creen que en cinco años los gobiernos van a respetar la libertad de expresión? Los pocos que levantaron la mano fueron criticados por la mayoría escéptica. Si eso es así, la cuestión es: ¿quién va a defender la libertad de expresión de los ciudadanos? Los medios no pueden caer en la trampa de convertirse en oposición política. Sería fundamental para la libertad de expresión que los medios encararan fórmulas que contemplen la inclusión de todas las opiniones, aun la de los gobiernos que los atacan. No desconozco que eso puede ser complicado: uno de los participantes contó que el gobierno había matado a su hermano. Sin embargo, es preciso fomentar el debate y para eso hacen falta espacios imparciales de discusión. Además, si eso se hace así y bien, es hasta mejor negocio porque se expande el mercado.
—Usted advirtió sobre el riesgo y error de dejarse llevar y de solo transmitir emociones. ¿Cómo es eso?
—La violencia masiva se genera por el deseo de proteger a mi grupo que ha sido atacado por otro grupo. Y frente a ello solo la existencia de instituciones imparciales previene esa escalada de violencia y los medios tienen que ser una institución privada que canalice en forma pacífica el manejo de los conflictos.
—Mientras estuvo al frente de la Corte Penal Internacional, ¿quién fue el peor de todos los que tuvo que juzgar?
—Todos nuestros procesados habían estado involucrados en crímenes masivos. Desde Joseph Koni, pasando por el presidente de Sudán, hasta Muammar Gaddafi. Es difícil señalar uno. Mi tarea era crear la institución y en menos de diez años la Corte Penal Internacional se ubicó como parte del escenario mundial.