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La fiscal Gabriela Fossati solicitó el lunes 3 a la Policía Nacional que emita a Interpol alertas internacionales sobre determinados ciudadanos rusos que recibieron pasaportes uruguayos irregularmente.
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El pedido, sin embargo, aún no se ha concretado, ya que la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol no recibieron ninguna orden judicial que avale el pedido de Fossati. Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que es necesaria la autorización de la Justicia para que Crimen Organizado actúe; añadieron incluso que esta autorización puede demorarse varios días, ya que es necesario que antes la fiscal presente las pruebas suficientes para pedir las alertas.
Las notificaciones rojas de Interpol se colocan sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir una condena. Se trata de una solicitud a fuerzas policíacas y de seguridad de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a estos fugitivos, que luego son extraditados. Tras el primer pedido realizado el lunes 3, Fossati esperaba activar más alertas rojas en los próximos días a medida que su investigación avanzara.
Desde la semana pasada, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial Alejandro Astesiano está en prisión preventiva en la cárcel de Florida por ser partícipe de una red dedicada a tramitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos con documentación falsificada. La Fiscalía de Flagrancia de 12o turno, a cargo de Fossati, lo imputó, junto con otras tres personas, por un delito continuado de suposición de estado civil con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias.
A partir de la detención de Astesiano, quien coordinó la entrega de decenas de pasaportes a ciudadanos rusos, la Policía Nacional prepara un trabajo conjunto con Interpol para conocer dónde se encuentran estas personas. El interés radica en saber para qué tramitaron los documentos irregulares y si participan de actividades de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo o espionaje. Las fuentes indicaron que por ahora ninguno de ellos es requerido por otro país, ya que no figuran en la nómina de notificaciones rojas de Interpol. Esta había sido otra de las acciones que la fiscal realizó el lunes, cuando solicitó a la Dirección Nacional de Identificación Civil la lista de personas que tramitaron pasaportes irregulares para chequear internacionalmente su estatus penal y jurídico.
Más allá de los pedidos de Fossati a la Policía respecto a las alertas rojas de Interpol, la investigación procura saber qué otras personas integraban la red delictiva. Durante la audiencia de formalización realizada el martes 27, la fiscal argumentó que, como custodio principal del presidente Luis Lacalle Pou, Astesiano posiblemente contó con la complicidad de funcionarios ubicados en “puestos estratégicos” de la administración pública. Además de la incautación de su celular y otras evidencias de su domicilio personal, también se espera confiscar de la Torre Ejecutiva elementos personales del guardaespaldas.
En el piso 4 de la casa de gobierno, Astesiano coordinó encuentros con dos de los otros tres detenidos: el escribano uruguayo Álvaro Fernández y Alexey Slivaev, un ruso radicado en Uruguay que gestionaba la llegada de compatriotas suyos desde Rusia para que aquí recibieran pasaportes a través de documentación adulterada que los hacía pasar ante Identificación Civil como hijos de uruguayos.
Bajo la gestión de Lacalle Pou el Servicio de Seguridad Presidencial pasó a funcionar en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, una ubicación alejada de donde funcionó hasta marzo de 2020 y de donde están las oficinas claves del gobierno: Presidencia, Secretaría y Prosecretaría de Presidencia, Dirección General de Presidencia, Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y la sala del Consejo de Ministros, concentrados entre los números 10, 11 y 12. En gobiernos anteriores, el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, el resto de los custodios y el médico del servicio tenían sus oficinas en el piso 11, junto al presidente, mientras que escaleras arriba se encontraban administrativos y miembros del comando operativo del servicio, integrado por policías.
Torre Ejecutiva
“Se le mintió”
La polémica sobre la responsabilidad en la designación de Astesiano causó molestia a nivel policial, dijeron a Búsqueda fuentes de la institución. Como militante del Partido Nacional y custodio de dirigentes blancos, Astesiano era conocido desde hacía dos décadas por Lacalle Pou y su familia. Cuando fue detenido, el presidente dijo en conferencia de prensa que no tenía ningún “indicio” de que su guardaespaldas actuara por fuera de la ley, aunque previo a asumir la presidencia ya estaba al tanto de las anotaciones policiales que pesaban en su legajo. Luego alegó que únicamente desconocía su encarcelamiento en 2013 por estafa.
Este dato fue informado la semana pasada por la diaria y generó que el Ministerio del Interior inicie una investigación de urgencia en la Dirección Nacional de Policía Científica para determinar por qué el antecedente penal de Astesiano no figuraba en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública cuando, en dos ocasiones, el ministerio le informó a Lacalle Pou sobre el legajo de su custodio.
Por esta investigación se le inició un sumario con separación del cargo al director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez, quien en setiembre de 2021 agregó en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública el antecedente penal de Astesiano. La sanción no fue por corregir el error, sino por no comunicarlo a sus superiores. Todavía se investiga quién borró el dato originalmente al desasociar el número de cédula de identidad de Astesiano de su nombre. “Al presidente se le mintió”, afirmó el ministro Luis Alberto Heber el viernes 30 en conferencia de prensa.
Dentro de la Policía entienden equivocado responsabilizar a la institución por el nombramiento de Astesiano porque el cargo que ocupa es de competencia política. Aseguran que no es tarea policial investigar ni elevar datos sobre personal de confianza que por ley debe ser designado desde Presidencia de la República. Son nombramientos en los cuales “no corresponde a la Policía intervenir” y de hacerlo puede “suponer una contravención legal”; es una “decisión exclusiva” del presidente.
El Servicio de Seguridad Presidencial es efectivamente una dependencia de la Presidencia, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia. Pese a que tiene un comando operativo ejercido por un oficial jefe o superior del escalafón ejecutivo de la Policía, y a que existe un enlace directo con el Ministerio del Interior, la protección del presidente y sus familiares directos depende del jefe del servicio, que podrá tener estado policial o civil y por decreto tiene que ser designado directamente por el presidente.
Al igual que Astesiano, en gobiernos anteriores los custodios presidenciales Nelson Isnardi y Carlos Haller también fueron civiles bajo la responsabilidad directa de Tabaré Vázquez y José Mujica.
