El actual ministro de Ganadería, Fernando Mattos, declaró en varias ocasiones su intención de revisar los impuestos en el agro, específicamente con el criterio de “gravar más renta que la tierra”.
Eso “en general lo comparto”, dijo a Búsqueda el director de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa), Adrián Tambler, en alusión a la postura del secretario de Estado.
Relató: “Nosotros hicimos varios estudios y propuestas en la actual administración que iban en ese sentido, identificando impuestos que puedan estar mal diseñados”. Y acotó que esas propuestas quedaron en estudio, considerando que “no es el momento” por “la situación de la pandemia” de Covid-19 y los “problemas de déficit presupuestal”.
“El impuesto que para nosotros (Opypa), y en lo personal, parece más regresivo es el Impuesto al Patrimonio (IP) en la forma en que está diseñado”, porque “con 1.990 hectáreas no te grava nada y con 2.000 hectáreas te grava todo”, argumentó Tambler, y comparó que en el sector de “industria y comercio se grava el patrimonio capaz que en valores inferiores pero con una única tasa; mientras que en el agro la tasa es progresiva”. “Es una tasa que busca la desconcentración de (la propiedad de) la tierra, pero no la logra”, enfatizó.
Planteó la interrogante de “por qué la tierra no se puede concentrar y uno puede hacer un edificio de apartamentos en cualquier lado”.
“Está bien que la tierra no se puede generar más”, reconoció el titular de la repartición técnica en el entendido de que no es un recurso renovable.
Consideró que “a veces a la gente que no es del campo le cuesta saber, y no tiene por qué saberlo, que para producir en el agro se precisa el factor tierra, que es muy caro pero la rentabilidad del capital es muy baja”.
Entonces “si a una rentabilidad sobre el capital que es el 2,5% o 3% le pones 2% o 3% de Impuesto al Patrimonio le estás casi que diciendo a la persona que deje la actividad”, advirtió.
A modo de ejemplo, Tambler dijo que “a una fábrica de Coca-Cola probablemente no le incide de la misma forma que incide el activo tierra en la actividad agropecuaria”.
“O sea, con muchas hectáreas y mucho capital se produce poca carne, y con muchísimo menos capital que eso en una fábrica de bebidas gaseosas se producen muchísimas botellas y ventas”, analizó, y recalcó que “no pueden tener la misma tasa y gravar lo mismo, no se puede gravar con el mismo criterio que el de un inmueble suburbano, donde hay una fábrica de lo que sea que en dos semanas su facturación es equivalente al valor de un activo”. “En cambio, en un campo para generar un valor del activo con base en las ventas brutas se precisan 100 años”, indicó Tambler, y agregó a su vez que “lo que se produce en la tierra requiere un proceso biológico con sus tiempos propios”.
Sobre el estudio de una “reforma impositiva” con el Ministerio de Economía para “discutir en 2023” habló el ministro de Ganadería en abril de este año en el programa Hablemos de agro en Canal 10. Justificó ese asunto en que “está en el programa de gobierno” el objetivo de “reducir la incidencia de los impuestos ciegos”.
Reforma y algún ajuste
La Opypa no participó en la reforma impositiva de 2007, si bien formó parte de algunas reuniones con los técnicos que la estaban haciendo para ver hasta dónde iba a llegar.
Esa reforma introduce relativamente pocos cambios para el agro, lo único que hace es volver a poner la obligatoriedad del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) para productores de más de 1.250 hectáreas o con ingresos equivalentes a esa extensión de tierras.
Luego aparecieron otros cambios impositivos que aumentaron los impuestos sobre la tierra, como el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), que fue declarado inconstitucional y se sustituye por el Impuesto al Patrimonio (IP).
Al poco tiempo se reinstauró el Impuesto de Primaria y se cambió la tendencia de lo que planteó la reforma de 1996 en cuanto a que “los impuestos a la tierra pasan a ser los que más gravan al campo”, dijo el titular de Opypa.
“Uno de esos impuestos es la Contribución Inmobiliaria Rural, que no hay forma de modificar porque es lo que genera buena parte de los ingresos de las intendencias”, consideró Tambler.
Al ser consultado sobre la posibilidad de otorgar algún aporte del agro en momentos de auge de precios y mejor rentabilidad para financiar planes de apoyo al sector u otros objetivos, dijo que el rubro del agro y la agroexportación “va a pagar el Impuesto a la Rentas de las Actividades Económicas, como cualquier otro sector, les esté yendo bien o mal”.
“El IRAE el año pasado ya subió en su recaudación, al igual que el Imeba, y este año va a volver a subir lo recaudado por los impuestos a las rentas”, adelantó.
En 2021 la recaudación impositiva correspondiente al sector agropecuario fue de casi US$ 270 millones, lo que representó un incremento de 4% (US$ 10 millones) en comparación con el año anterior, según estimaciones de la Opypa.
El mayor aumento se produjo en los impuestos a la renta, que fueron de 18,5% respecto a 2020.
El técnico admitió que “quizás haya que hacer algún ajuste porque tal vez haya algunas exoneraciones en demasía, habría que estudiarlo”.
“Cuando al productor le va bien paga sus impuestos, y no pongámosle un impuesto porque si no para qué va a querer que le vaya bien si cuando saca la cabeza le dan un palo”, opinó, y graficó: “Por suerte tenemos a Argentina que nos está dando cátedra de lo que no hay que hacer”.
Es que la política del gobierno argentino en cuanto al cobro de retenciones (impuestos) a las exportaciones de algunos productos del agro, especialmente de los granos, desalentó a los productores y abrió una brecha de tensión entre el campo y la administración del presidente Alberto Fernández.
Como una derivación de ese enfrentamiento, entre otros factores, la economía de Argentina registra una serie de problemas como el aumento de la inflación y la falta de financiamiento de gastos y de diversas políticas oficiales.
En ese sentido, economistas argentinos se refirieron a que el agro es visto como una caja recaudadora más que como una fuente de riqueza, según publicó La Nación en junio pasado.
“Habría que levantar las retenciones y podría haber una explosión de producción que haría la compensación fiscal”, dijo el presidente del Centro de Economía, Sociedad y Tecnología de Argentina, Diego Dequino, a ese medio, considerando un contexto de creciente demanda de alimentos.
