Trabajo precario: académicos proponen intervención estatal para su “erradicación”

El empleo garantizado por el Estado (EGE) consiste en asegurar la oportunidad del acceso a un trabajo remunerado a todos los miembros de la sociedad (mayores de 18 años). Por su lado, la renta básica universal (RBU) implica el pago de un ingreso por parte del Estado a todos los ciudadanos o residentes legales en su territorio sin condicionalidades e independientemente de sus demás fuentes de renta y de si trabajan o no.

Los investigadores explican que la RBU y el EGE tienen en común que facilitan a los trabajadores rechazar condiciones laborales precarias. Señalan que, pese a que estas políticas “resultan atractivas”, es poco lo que se sabe sobre sus impactos y costos debido a los escasos ejemplos de implementación efectiva a escala mundial de alguna de sus variantes. Por eso, como parte de su análisis hicieron algunas simulaciones, a modo “ilustrativo” y con ciertas “limitaciones”.

Uruguay Trabaja (Accesos desde 2021) y Oportunidad Laboral (conocido como “Jornales solidarios”) “podrían aportar evidencia relevante a ser tenida en cuenta”, agregan. Perazzo explicó el 5 de enero en Brecha que las tareas que suelen hacerse en estos programas tienen que ver con el mantenimiento de espacios públicos, plazas, calles y edificios —como refacción de escuelas o fachadas de hospitales—. “Después, en propuestas más teóricas, también surge la idea de hacer trabajos que tengan que ver con el cuidado del medioambiente o el reciclaje”, dijo.

Para el EGE, la propuesta de los académicos implica 30 horas de trabajo semanales y considera los siguientes valores: el salario correspondiente a esa carga horaria pagado al valor del Salario Mínimo Nacional (SMN) hora; dos tercios de la mediana de los salarios horas (que en diversos estudios se entiende como un mínimo de dignidad); y el valor de la línea de pobreza de 2016 para un hogar unipersonal de Montevideo (mínimo necesario para salir de la condición de pobreza).

Tanto el EGE como la RBU como opciones para reforzar la red de protección social “son costosos, pero los beneficios y externalidades también son importantes y no es claro que sean onerosos en términos netos. Igualmente es necesario pensar en fuentes de financiamiento que seguramente estarán vinculadas a incrementos de impuestos existentes”, como una eventual eliminación del mínimo exento del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas y una suba de sus tasas, así como a la implementación de “nuevas formas de imposición”, plantean los autores.

En el caso de la RBU, estimaron que su costo sería de entre 13,5% y 28,5% del Producto Interno Bruto (PBI) si fuera universal, lo que supone “una de las principales dificultades” para su implementación. Si esta política se acota a algunos grupos poblacionales, como los hogares con menores de 18 años, el costo sería menor —de entre 3,5% y 7,3% del PIB—, “aunque tampoco es despreciable”.

Para el EGE, la simulación mostró que, si el salario fuese de un SMN o una línea de pobreza, los potenciales adherentes a la propuesta serían unas 173.000 personas. Con esta política, el desempleo caería de 7,9% en el escenario base a 6,9% y la informalidad laboral lo haría de 25,3% a 19,1%. La incidencia en la tasa de pobreza —que bajaría en casi un punto porcentual— es menor si se compara con los efectos de la RBU, ya que son menos personas potencialmente cubiertas por el EGE.

Sondeo de aceptación

Los autores creen que el EGE tiene más posibilidades de ser aceptado o lograr legitimidad en sociedades como la uruguaya, dado “cierto sentido compartido de reciprocidad”, propio del capitalismo: ningún miembro capaz de trabajar debería recibir los frutos de la cooperación social sin procurar realizar un aporte.

“Un EGE sin definiciones sobre qué debe ser considerado un trabajo valioso y sin control sobre cómo se realiza esta actividad se asemeja a una RBU para poblaciones activas (el factor distinto de EGE en este escenario es que brinda la oportunidad de realizar un cierto trabajo). Así que el camino a seguir es el levantamiento progresivo de las condicionalidades dispuestas en EGE para recibir un ingreso”, sostienen los académicos.

Más allá de eso, evaluaron la posible aceptación de estas propuestas a través de una encuesta de opinión que respondieron 22 personas, entre referentes de la academia, de grupos de jóvenes vinculados a partidos políticos, de cámaras empresariales y sindicales, así como jerarcas de gobiernos anteriores y del actual, además de un par de periodistas.

Sobre la idea de implementación de una política de EGE, 63% indicó un grado de acuerdo alto (7 puntos o más, en una escala de 1 a 10). Quienes se expresaron en contra alegaron argumentos como que pueden generar “desincentivos al trabajo”, “afectar la innovación”, estimular la “concentración del poder del gobierno”, o puede ser incompatible con el actual formato de organización del mercado laboral.