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La decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Tabaré Sosa, de cortar el diálogo con el titular del Colegio de Abogados (CAU), Diego Pescadere, luego de que realizara críticas públicas sobre el accionar de la corporación, despertó numerosas críticas en ámbitos judiciales, políticos y académicos.
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El jueves pasado los ministros de la SCJ, que lidian con diferencias internas que se han agravado en las últimas semanas, mantuvieron la reunión de acuerdo semanal y allí discutieron cómo resolver el conflicto entre los representantes de ambas instituciones.
El presidente Sosa pretendía que Pescadere fuera desconocido por la Corte como “interlocutor válido”, pero eso no contó con el apoyo de todos los ministros. Según relataron a Búsqueda fuentes al tanto de las conversaciones, la discusión fue ardua y tensa y no se arribó a un consenso. En un principio, los ministros consideraron aprobar una resolución intermedia, que planteara al Colegio, a modo de “sugerencia”, que mientras la presidencia de la Corte estuviera ocupada por Sosa (hasta fin de año) Pescadere no fuera el interlocutor. Sin embargo, narraron las fuentes, esa salida no convenció a todos, y en estos días se evalúa revisar esa decisión, que todavía no fue aprobada formalmente.
Consultado por Búsqueda, Sosa dijo que “la intención común es dar por superado y concluido el tema”.
La molestia de Sosa se originó por declaraciones de Pescadere a Búsqueda el jueves 3, en las que realizó críticas a un informe enviado por la Corte al Parlamento referido a un proyecto de ley propuesto por el Colegio para digitalizar los procesos judiciales (Nº 2.125). En la edición posterior, del jueves 10, se informó sobre la decisión de Sosa de desconocer como “interlocutor válido” a Pescadere (Nº 2.126). Tras la publicación, el Colegio difundió un comunicado en el que afirmó que existe “un problema institucional sin precedentes” en el país y que “resulta intolerable” que la Suprema Corte, “guardián de la Constitución, de los derechos y garantías de las personas, resuelva desconocer a las autoridades electas” de la organización y “limitar el derecho de su presidente a expresarse libremente”.
“Nuestro Colegio rechaza cualquier injerencia en su conducción y representación y ratifica las actuaciones de su presidente”, dice el comunicado.
Las asociaciones y colegios de abogados del interior manifestaron su respaldo al presidente del CAU. Además, expresaron su solidaridad el Consejo de Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.
El tema también fue tratado en el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República ayer miércoles, que resolvió emitir una declaración institucional. Si bien la mayoría de los consejeros decidió postergar la discusión del texto para la próxima sesión, hubo unanimidad en transmitir una posición “firme” de la facultad en rechazo de la actitud del presidente Sosa, considerada “muy grave” por el “intento de veto” al titular del Colegio. El tema fue anexado al orden del día a propuesta de los consejeros docentes Gianella Bardazano y Gerardo Caffera. “Consideramos que es un hecho grave que pone en riesgo libertades básicas y es importante que la facultad, que tiene el mandato constitucional de la formación de los operadores del sistema jurídico, llame la atención sobre lo preocupante de esta cuestión”, afirmó Bardazano.
El exdecano de la Facultad de Derecho estatal, Alejandro Abal Oliú, manifestó en el programa radial En perspectiva que es “disparatado” que Sosa pretenda desconocer a Pescadere como interlocutor en represalia por las críticas que realizó. “Se ha equivocado gravemente el presidente”, afirmó.
Por otra parte, la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) difundió un comunicado el jueves 10 donde expresa “preocupación por la situación de tensión institucional que existe en el seno de la Suprema Corte de Justicia”.
