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    Uruguay avanza militarmente con China, mediante un acuerdo que incluye tareas antiterroristas y la posible adquisición de buques

    Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas en 1988, China realizó 11 donaciones militares a Uruguay, generalmente enfocadas en material no bélico y en capacidades educativas y culturales. De esa manera, ambos países mantuvieron durante tres décadas un vínculo constante en materia de defensa, que ahora se encuentra cerca de concretar un paso más contundente.

    Un acuerdo que quedó postergado en la última administración del Frente Amplio fue retomado en este período por el gobierno de coalición. El documento, negociado a fines de 2019, fue remitido al Parlamento con la firma del presidente Luis Lacalle Pou y del ministro de Defensa, Javier García, a la espera de su aprobación.

    Entre sus objetivos establece la adquisición de bienes y servicios de defensa y apoyo logístico, el comercio en el área de la defensa y la transferencia de material, lo que aumenta las posibilidades para la llegada de armamento y equipamiento chino a las Fuerzas Armadas uruguayas. También prevé las visitas de barcos de guerra, la promoción de ejercicios y entrenamientos combinados, la cooperación en materia de antiterrorismo, la cooperación en asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y los equipos militares, visitas mutuas de delegaciones de alto nivel e intercambios en las operaciones para el mantenimiento de la paz que realiza Naciones Unidas en África y Asia. En términos generales, la premisa del acuerdo es “el interés común en el mantenimiento de la seguridad en el campo internacional y la solución por vía pacífica de los conflictos internacionales”.

    El convenio marca un cambio respecto al nexo militar entre China y Uruguay, que se fue profundizando en los últimos años. De cursos de chino mandarín para funcionarios se pasó a la donación de ambulancias tácticas, ómnibus, motoniveladoras, tractores de pala y de banda, equipamientos de protección para infantería, visores nocturnos para casco, miras nocturnas para fusil, cascos balísticos y radios tácticos. La última de estas donaciones, destinada al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, superó los US$ 4 millones.

    “Espero sinceramente que con la atención y la guía política de ambos jefes de Estado, la relación entre los dos ejércitos pueda dar pasos seguros y se convierta en un modelo de cooperación militar internacional”, señaló en julio en un comunicado oficial el agregado de Defensa a la Embajada de China en Uruguay, Gao Feng.

    Su pedido encontró eco en el Poder Ejecutivo, que con la aprobación parlamentaria del acuerdo espera alcanzar con China entendimientos como los que ya tiene con Estados Unidos; el último de ellos, la adquisición de tres buques patrulleros fluviales como parte de una subvención de la Guardia Costera estadounidense para la modernización de la flota de la Armada, por un costo únicamente de entrenamiento de US$ 4,9 millones.

    Actualmente la Armada se encuentra en el proceso de compra de su prioridad más urgente: dos buques patrulleros de zona marítima del modelo OPV (offshore patrol vessels), embarcaciones para tareas de vigilancia, interdicción, búsqueda y rescate, control de contaminación y fiscalización. La licitación para los OPV se extendió hasta el 28 de marzo, buscando captar más interesados, entre los que el gobierno espera que se encuentre China a través de la estatal China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC).

    El monto de la inversión fue estimado en US$ 100 millones por García durante una conferencia de prensa, la mitad a pagar durante el actual período y el resto en 10 años, con el primer buque previsto para entregar a mitad de 2024. El ministro calculó ese monto luego de un acuerdo reciente por el cual el fabricante francés Naval Group entregará cuatro buques similares a Argentina por aproximadamente 300 millones de euros.

    La mayor cercanía militar de Uruguay con China se da en un contexto sensible respecto a la participación del gigante asiático en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. A poco de asumir, García dijo ante el Parlamento que la pesca ilegal implica pérdidas de “millones y millones de dólares” para Uruguay con el robo de especies como merluza, atún, calamar, pescadilla y corvina. Esta práctica es abiertamente cuestionada por Estados Unidos en su puja global con China, al punto que la embajada estadounidense en Montevideo ha llevado adelante acercamientos para trabajar el tema con el gobierno uruguayo.

    La situación también fue criticada el año pasado por parlamentarios de la oposición en Argentina, quienes aseguraron que el puerto de Montevideo se convirtió “en el punto principal de apoyo de flotas estatales chinas, lo cual implica una toma de posición del gobierno uruguayo en relación con las prácticas predatorias” que afectan el patrimonio alimentario argentino. Según los senadores, los buques pesqueros chinos —entre los que se encuentran poteros, de arrastre y palangreros— violan los derechos de soberanía argentinos para la exploración y explotación de recursos naturales.

    Información Nacional
    2022-02-10T00:02:00