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Uruguay busca convertirse en una zona de lanzamiento de satélites ante el interés de la industria privada por instalarse en el país
“Hay empresas que quieren venir acá a lanzar cohetes porque es un lugar muy propicio”, dice el comandante de la Fuerza Aérea para argumentar la factible creación de una agencia espacial nacional
Luis Heber de León. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
En 1969 los astronautas de la misión Apolo 11 volvieron a la Tierra con más de 30 kilos de piedras lunares. Una de ellas está hoy en una vitrina del salón de honor de la base Boiso Lanza, a la salida del despacho del comandante en jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya. La piedra fue traída a Montevideo por el entonces congresista —y luego presidente— George H.W. Bush, en reconocimiento al apoyo del país al desarrollo espacial de Estados Unidos. Más allá de su valor económico, para el comandante Luis Heber de León el pequeño fragmento simboliza la relevancia internacional que Uruguay supo tener en materia espacial durante las décadas del 60 y 70, un destaque que con el tiempo quedó relegado. “Hasta ahora”, advierte.
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Con De León al mando, la Fuerza Aérea impulsa desde el año pasado varias iniciativas, entre ellas, la creación de una agencia espacial para lograr sincronizar al país con el avance global de la actividad. El comandante y el resto de la institución son conscientes de que el anuncio de la aspiración fue recibido con humor por una parte de la opinión pública, que “erróneamente piensa que Uruguay va a mandar alguien a la Luna”. Pero también son conscientes de que la posibilidad es cierta y está asentada en un proyecto de ley con el apoyo del Ministerio de Defensa, que pretende definir el marco legal, regulatorio y político para aprovechar una incipiente actividad privada. “Queremos tener un concepto más eficaz y eficiente, ya que Uruguay no tenía responsabilidad sobre esto y ahora la tiene, con empresas que ya trabajan o tienen intenciones de trabajar acá. Han venido a preguntar empresas de distintos países que quieren aprovechar la zona franca para su desarrollo. Es lo que nos impulsa a movernos”, explicó De León a Búsqueda.
Tras una carrera espacial mundial marcada por la millonaria inversión estatal, los gobiernos y las agencias internacionales han dado paso a los actores privados. La autorización del uso de la órbita terrestre baja a empresas privadas, adonde se envían la mayoría de los satélites y de los vuelos espaciales tripulados, derivó en los últimos años en un boom de la utilización de recursos espaciales con fines comerciales. En este contexto se sostiene el interés de la Fuerza Aérea.
Aunque una misión uruguaya a la Luna es utópica, el objetivo real no es tanto menos modesto: lanzar al espacio desde territorio uruguayo cohetes con satélites. “Hay un nicho, y es muy importante. Hay empresas que quieren venir acá a lanzar cohetes porque es un lugar muy propicio para el lanzamiento en órbitas bajas. Nada tripulado, sino lanzamientos automáticos”, sostuvo De León. Como Uruguay está lejos del ecuador —la cercanía es la ubicación más idónea para enviar cohetes al espacio— el interés privado radica en la navegación ortodrómica, que sigue la distancia más corta entre dos puntos. “El lugar perfecto para ese tipo de lanzamiento es Uruguay. Incluso hay una región determinada, que debe estar ubicada lo más al este posible y cerca del agua, porque parte de las condiciones para ese tipo de lanzamiento es estar cerca del agua”, indicó el comandante. En cuanto al tamaño del terreno necesario, es aproximadamente de 37 hectáreas, las dimensiones de la base Boiso Lanza.
Según De León esta oportunidad que se le presenta a Uruguay es imposible de ejecutar sin una agencia espacial propia que pueda “aunar los criterios” de las diferentes instituciones públicas actualmente involucradas. El proyecto de ley fue hecho por la Fuerza Aérea y está en manos del Ministerio de Defensa por su competencia en el tema, pero en la agencia está establecida la participación de organismos como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica.
Trabajadores de Satellogic preparan un nanosatélite
Satellogic
El ambicioso recorrido espacial que inició el gobierno está apalancado en un sostén fundamental: Satellogic, una compañía argentina dedicada a la captura de imágenes satelitales, fundada en 2010 e instalada desde 2015 en Zonamerica para la manufactura y el ensamblado de satélites. Con más de 240 empleados y oficinas en cinco países, está valuada en US$ 850 millones y fue adquirida el mes pasado por CF Acquisition Corp., un fondo de inversión que le permitirá a fin de año comenzar a cotizar en el Nasdaq. En junio lanzó cuatro satélites desde la estación estadounidense de Cabo Cañaveral en un cohete de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk. Para 2025 prevé tener en órbita una constelación de más de 300 satélites.
Satellogic se especializa en la producción de CubeSats, un estándar de diseño de nanosatélites, los satélites que la Fuerza Aérea aspira a trabajar con una futura estación de lanzamiento uruguaya. Debido a un menor costo, tamaño y tiempo de fabricación, los nanosatélites se volvieron mucho más utilizados que los satélites convencionales, aunque tienen mayor riesgo de fallo y menor tiempo de vida útil. Pesan entre 1 y 10 kilos ante los más de 1.000 kilos de uno convencional y se enfocan en tareas similares: observación y recolección de datos, comunicación y geolocalización, entre otras. Todas estas ventajas lo convierten en una habitual primera experiencia para los países sin antecedentes de actividad espacial, como Uruguay.
“El objetivo de la agencia es analizar cuáles son los proyectos de actividad espacial en el país. La agencia aporta ese análisis técnico, económico, ambiental… Aporta logística y obviamente un marco regulatorio. El costo económico inicial tal vez no lo necesite, porque va a ser una oficina con una determinada cantidad de actores. Luego sí tendrá un costo, pero si su funcionamiento se vuelve eficaz tal vez sean los privados quienes promocionen o mantengan la actividad de la agencia”, apuntó De León.
El objetivo es también obtener contraprestaciones de los actores privados para adquirir tecnología gubernamental. En el plano de imágenes satelitales actualmente funciona en la Presidencia de la República el Geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales, que pone a disposición pública datos abiertos internacionales que el Estado recopila. “A partir de una agencia, si nosotros queremos tener un mejor relevamiento de imágenes, vamos a tener la posibilidad de negociar con las empresas para adquirir sus imágenes, que hoy tienen un costo. Abre desarrollos agrónomos, climáticos, que hoy no son gratuitos y pueden habilitar al país a recibir una mejor información para tomar mejores decisiones”.
Satélite en órbita
Venesat-1
Los lineamientos para la concreción de una agencia espacial uruguaya están en la tesis con la cual De León se recibió este año como licenciado en Defensa Militar Aeroespacial, una carrera reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura y dictada por la Escuela Militar de Aeronáutica para formar a oficiales de la Fuerza Aérea.
Más allá del proyecto de ley de la agencia, desde la Fuerza Aérea se elaboraron dos decretos relacionados con el tema que están en la mesa del presidente de la República (Búsqueda Nº 2.129).
Uno crea la Junta Nacional Espacial para dirigir las políticas espaciales del país y establecer las bases que permitan el funcionamiento de la agencia. Formado por representantes de varios organismos públicos, busca centralizar resoluciones que hoy están desperdigadas y en muchos casos recaen en Antel y en la Ursec. Para De León “falta una política de Estado” en diferentes situaciones sobre las cuáles el país no tiene definido cómo proceder.
Se refiere por ejemplo a las órbitas geoestacionarias, las más alejadas de la Tierra, solo asignadas a países y las de mayor interés para los operadores de satélites de comunicación y de televisión. Desde 1999 la posición orbital 78º oeste le pertenece a Uruguay, tras solicitarla a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Por un acuerdo bilateral, en 2008 Venezuela comenzó a operar en esa órbita un satélite para tráfico de telecomunicaciones de carácter gubernamental (Venesat-1). Estaba previsto que el satélite durara hasta 2023, pero en marzo de 2020 fue dado de baja por una falla, por lo cual la posición 78º oeste está inutilizada y con riesgo de quedar disponible en el futuro para otros países. “Estas órbitas son de muchísimo costo y están sobresaturadas. Y aquello que no ocupo, lo pierdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa órbita? Hay que empezar a analizar. Generalmente esto termina en una decisión de Antel y yo personalmente creo que debería ser un decisor político más amplio quien determine cuál es el uso de ese espectro”, opinó De León.
El otro decreto crea el registro nacional de objetos lanzados al espacio, con el que Uruguay se actualiza ante el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre que entró en vigor en 1967. Uno de los puntos de este acuerdo de Naciones Unidas obliga a que un país inscriba en un registro internacional de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (Unoosa) todo objeto que se lanza a la órbita terrestre baja. Fija así las reglas de responsabilidad internacional y pago de indemnización por potenciales daños y perjuicios causados por objetos espaciales a personas físicas o bienes. “Digamos que en el lanzamiento de un satélite uno estalla y le cae a la gente, o choca con otro satélite. La responsabilidad es de quienes registraron ese satélite”, explica De León.
En el horizonte aparece nuevamente Satellogic, cuyos lanzamientos no son en Uruguay, pero son inscriptos por Uruguay. “Tenemos una empresa que a nombre de Uruguay, porque Uruguay la autorizó, lanza nanosatélites al espacio. Para los registros de la Unoosa esos nanosatélites los lanza Uruguay. Si la empresa hubiera ido a Argentina no estábamos en esta situación. Pero está en nuestra cancha, y bueno, el problema pasa a ser nuestro”.
