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La Policía Nacional de Colombia capturó el 3 de junio en Medellín a cinco presuntos implicados en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo mientras vacacionaba en Barú, una isla paradisíaca ubicada a 45 minutos en lancha de Cartagena de Indias. Mientras los sicarios eran arrestados, en Asunción se producía una reunión del Mercosur con los ministros de Interior y Seguridad de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay junto con delegaciones de Chile, Colombia y Perú en condición de Estados asociados.
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El clima previo había sido tenso y la noticia de que los asesinos estaban detenidos descomprimió las conversaciones, que en parte habían girado sobre la falta de comunicación entre Colombia y Paraguay para proporcionar protección adecuada a Pecci: pese a que su carrera estaba intensamente vinculada a investigar causas de narcotráfico internacional, la Policía colombiana nunca supo que el fiscal se encontraba de vacaciones en el país. A instancias del ministro del Interior paraguayo, Federico González, se propuso entonces discutir la custodia de los agentes judiciales en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
Las delegaciones repudiaron “las acciones criminales que terminaron con la vida del fiscal Marcelo Pecci el 10 de mayo y que atentan contra la seguridad de los agentes de seguridad y de Justicia”, según recoge un acta del encuentro al que accedió Búsqueda. Acordaron que es necesaria una mayor coordinación para la protección de fiscales y jueces cuando se van de viaje al exterior, sea por trabajo o por placer, como en el caso de Pecci, que se encontraba de luna de miel junto con su mujer embarazada. Para eso deberán diseñar una herramienta que permita a los ministerios públicos comunicar la salida al extranjero de sus agentes que están en riesgo por ocuparse de causas relacionadas principalmente a las drogas, para que la Policía del país de destino sea notificada.
“Condenamos todas las acciones de grupos criminales que pretenden dañar la institucionalidad democrática y republicana de nuestros países. Reforzamos nuestra voluntad de fortalecer y profundizar los mecanismos de cooperación en la lucha contra el flagelo del crimen organizado trasnacional. Coincidimos en que el narcotráfico es un flagelo que afecta transnacionalmente, constituyendo un riesgo permanente para el bienestar y la salud de los ciudadanos del Mercosur. Enfatizamos que la seguridad personal de los magistrados, fiscales, miembros de la fuerza pública policial, militar y de agentes especiales debe ser objeto de la cooperación entre los Estados más allá de sus respectivas fronteras”, sostiene una declaración final firmada por González, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, el ministro de Justicia y Seguridad pública brasileño, Anderson Torres, y el director general de Secretaría del Ministerio del Interior de Uruguay, Luis Calabria.
En Uruguay el ministerio ya prepara las medidas para un mejor cuidado de los funcionarios judiciales y fiscales fuera del país, mientras el fiscal de Corte, Juan Gómez, y el ministro Luis Alberto Heber se disponen a dialogar próximamente sobre la situación. “Es una preocupación de la Fiscalía, especialmente porque tendremos la reunión de fiscales generales del Mercosur en nuestro país y tenemos en agenda el tratamiento de toda esa temática con el ministro”, aseguró Gómez a Búsqueda.
Unidad de Protección Especial
Pecci, de 45 años, se encontraba en una playa de Barú junto con su esposa cuando recibió disparos de al menos dos sicarios que llegaron al lugar en motos de agua. Especializado en crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, era uno de los fiscales más importantes de Paraguay y su asesinato causó la reacción oficial de los gobiernos de Paraguay, Colombia y Estados Unidos, que trabajan conjuntamente en la investigación del crimen.
El caso también inquietó a las autoridades uruguayas. Algunos medios paraguayos informaron que Pecci fue quien estuvo este año al frente del operativo A Ultranza Py, la mayor operación antidrogas realizada por Paraguay en la historia. Por ese proceso, del que participó la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay (DGRTID), hay un pedido de captura internacional contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera, acusado de ser uno de los líderes de un poderoso grupo regional que envía cocaína desde América del Sur a Europa. Marset Cabrera es también el sospechoso de ordenar en 2020 la amenaza de muerte a Mónica Ferrero, fiscal especializada en estupefacientes y quien investiga a él y su familia por distintos hechos.
Tras el homicidio de Pecci, la DGRTID se comunicó con la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay para corroborar el posible vínculo de A Ultranza Py con el crimen. Desde Paraguay se informó a la Policía uruguaya que las hipótesis apuntaban a otro lado. Efectivamente, el 17 de junio cuatro personas fueron condenadas a 23 años y seis meses de prisión por la muerte de Pecci bajo cargos de asesinato y porte ilegal de armas y con el indicio de que actuaron coordinados por el Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más fuerte de Brasil, con operaciones que llegan a Europa, Asia y América del Sur. De manera muy incipiente, con algunos miembros encarcelados en Uruguay, el PCC también tiene presencia en el país.
Más allá de la protección internacional, en el ámbito local los jueces y fiscales dedicados a investigaciones delicadas son custodiados por la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio del Interior. Esta división, pensada en principio como de élite y entrenada en rescates y enfrentamientos de armas de fuego de alto calibre, se enmarcó en el artículo 51 de la Ley de Rendición de Cuentas de 2008 y el decreto 305 del 2009, según los cuales el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos recibirá una protección de carácter permanente que no caducará por el cese de actividades, jubilación, retiro o asignación de otras funciones. El paso del tiempo obligó a extender esta protección a más jueces y fiscales, al fiscal de Corte y a otras autoridades, de forma esporádica o continua. Los criterios se han ido flexibilizando debido a situaciones puntuales y algunos jueces de materias por fuera del narcotráfico también tienen custodia.
