El programa de gobierno que presentará el Frente Amplio en las próximas elecciones está en una etapa clave. La coalición de izquierda está sistematizando las propuestas de modificación a las “bases programáticas” que distribuyó entre sectores y comités de base para poner todo a votación en su próximo Congreso, previsto para los días 8, 9 y 10 de diciembre. El resultado de esa discusión será el documento final con los lineamientos que deberá aplicar una eventual administración frenteamplista a partir de 2025.
La Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio tiene en análisis más de 2.300 propuestas de modificaciones al documento original, presentadas tanto por sectores de la fuerza política como por comités de base e incluso militantes, según una base de datos interna a la que accedió Búsqueda.
El sector político que más propuestas ha presentado es el bloque Izquierda y Libertad, una alianza que apoya la precandidatura de Carolina Cosse y tiene entre sus sectores más importantes al Partido Socialista, al Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), a Casa Grande y a la Lista 5005. Este bloque planteó agregados, eliminaciones y sustituciones a la redacción de las “bases programáticas” que en algunos casos modifican la esencia de la propuesta original.
Estos sectores buscan agregar en el preámbulo del futuro programa de gobierno que el Frente Amplio surge de la necesidad de “enfrentar con eficacia el proyecto político conservador”, que está “basado en la conjunción de intereses de los sectores dominantes internos (oligarquía) y los intereses de los países centrales dominantes (imperialismo)”.
A su vez, el PVP propuso, con el apoyo del resto de los socios del espacio, que en el capítulo económico del programa (de “capacidades”) se defina con más especificidad qué rol tendrá el Estado en la economía. “El Estado debe dejar de ser simple garante y sustento de decisiones de los empresarios para pasar a ser el orientador general de las actividades económicas del país” en busca del desarrollo económico y social. Para estos sectores, “la defensa del patrimonio nacional pasa indefectiblemente por la defensa de las empresas del Estado y el control nacional de los servicios públicos estratégicos”, por lo que “el área de la propiedad pública debe ampliarse selectivamente, tanto para participar efectivamente en el sistema de formación de precios como para captar una parte del excedente económico”. Mencionan que la “inflexión hacia el desarrollo” depende de que el Estado “encare emprendimientos productivos de alto impacto, pues, junto con las eventuales ganancias que se generen para fortalecer las finanzas públicas, serán garantía de alta calidad e innovación en lo tecnológico y organizativo”.
Las sugerencias de cambios al capítulo sobre política económica presentadas por este bloque no son pocas y a veces van más allá del enfoque de los tres gobiernos frenteamplistas. “Cualquier proyecto al servicio de la vida y la igualdad en el Uruguay de hoy debe partir de una transformación de la matriz productiva”, dice otro agregado propuesto, que cuestiona que “la estructura productiva se ha mantenido relativamente constante en términos de proporciones del PIB, lo que hace que se perpetúe la dependencia de sectores que tienen vulnerabilidades y oscilaciones importantes, principalmente los primarios e industriales de baja transformación”.
El PVP presentó, con el apoyo del Partido Socialista, un agregado que establece que la “lucha contra la primarización de la economía” es una de las “premisas” de los procesos de desarrollo social y que “con apertura externa irrestricta el desarrollo es imposible”. Los acuerdos que se impulsarán deben basarse en la “complementación concreta de sectores productivos” y en la “reducción de las asimetrías”.
El bloque también propone que se incluya en el programa expresamente que “no se aprobará la instalación de nuevas plantas procesadoras de celulosa”, mientras que uno de sus integrantes, Casa Grande, plantea que se suspenda la búsqueda de petróleo e hidrocarburos en todo el territorio nacional.
Nueva tributación, ministerios y empresas públicas
Izquierda y Libertad también aprovechó la oportunidad para plantear algunas “correcciones” en el área impositiva. Así, se propone “profundizar y corregir la tributación de rentas y, en particular, las vinculadas al capital”. Sostiene que el diseño actual del IRAE “genera desigualdad intraempresarial”, dado que pequeñas empresas tributan “porcentualmente lo mismo” que otras grandes. A su vez, dice que para tributar la riqueza acumulada “el instrumento más adecuado es el impuesto al patrimonio”, del que se deben fijar “nuevos parámetros”.
Otro aporte del bloque apunta a que las empresas públicas deben ser utilizadas como “palanca fundamental del desarrollo del Uruguay”, amortiguando “los efectos del mercado sobre la economía”. Entre otras cosas, impulsan que el futuro gobierno avance “hacia dispositivos de cogestión en las empresas públicas, incorporando a los trabajadores a los directorios de las empresas”.
Otro agregado, redactado por el PVP y apoyado por el resto de sus socios, dice que, en aras de darle “mayor institucionalidad” a la “conducción y coordinación de las políticas culturales”, se propone “rediseñar” el Ministerio de Educación y Cultura, “manteniendo los costos actuales”, para que pase a llamarse “Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios”. Este sector, incluso, propone asumir un incremento del compromiso presupuestal en cultura “orientado a alcanzar el 1%” del PIB en “el menor plazo posible”.
Fuerzas Armadas
El rol de las Fuerzas Armadas tiene varias referencias en las “bases programáticas”. En la versión original dice que las participaciones de tropas uruguayas en misiones de paz de Naciones Unidas “se estudiarán caso a caso”. El Partido Socialista, con el apoyo de sus socios, propuso un sustituto tajante: “Entendemos que la falta de resultados en lo que refiere a la mejora de las condiciones de vida de la población afectada, sumado a que estas ocupaciones extranjeras habilitan abusos de diverso tipo y terminan siendo funcionales a la acumulación de los grandes capitales imperialistas, son razones suficientes para que como país no seamos parte de esta clase de misiones militares”.
El PVP, con el respaldo de los socios del bloque, redactó un aditivo para establecer que las Fuerzas Armadas manejen una doctrina que “comprenda hipótesis de conflicto que se remitan solamente a la defensa externa del país”. En tanto, el Partido Socialista pidió añadir al documento una frase que diga que “no se justifica la existencia de liceos militares”, por lo que “la especialización militar propiamente dicha deberá quedar reservada a estudios superiores, posteriores a los ciclos de educación media”.
El Partido Socialista había planteado sin éxito, mientras se discutía la redacción original de las “bases programáticas”, incluir un párrafo sobre la necesidad de “redimensionar” las Fuerzas Armadas.
Educación
El capítulo que trata aspectos educativos es uno de los que tiene más agregados propuestos por el bloque Izquierda y Libertad. “Promoveremos la educación popular como camino para el aprendizaje y la puesta en práctica de valores de solidaridad que contrapesen el individualismo imperante”, piden añadir al programa.
El Partido Socialista y sus aliados proponen “derogar, en el menor plazo posible, todos los artículos de la LUC referidos a la educación” y también “suspender de inmediato el proceso de “transformación educativa” en curso, “retornando a los planes vigentes hasta el momento” de su aplicación.
El bloque quiere que el Frente Amplio impulse en un eventual gobierno “la autonomía y cogobierno en ANEP (incluyendo sus desconcentrados) y en Utec”. Esta autonomía “será de carácter técnico y financiero”.
Por último, el bloque busca que el congreso vote un agregado que define que se apostará a la “soberanía en el proyecto educativo nacional”, lo que implica que “no se aceptarán modelos importados que desconocen las características del Uruguay” ni se permitirá la “injerencia de ningún tipo de organismo internacional en nuestras definiciones de políticas educativas”.
Seguridad
El capítulo de las “bases programáticas” referido a la seguridad también cuenta con aportes de los sectores que integran Izquierda y Libertad. El PVP, con el respaldo de Casa Grande, propone que se incorpore al programa “revisar y derogar leyes represivas y punitivas, fundamentalmente hacia jóvenes y mujeres, en especial las establecidas por la LUC, entre otras”.
El bloque, a su vez, pujará para que se incorpore al programa que “el modelo de participación público-privado en la construcción y gestión de cárceles, lejos de ser una solución, agrava el problema, ya que la lógica del lucro empresarial difiere de la de reintegración social de las personas privadas de libertad”. Este tipo de modelos, asegura, “carecen además de toda evaluación”. Lo que se propone, en cambio, es “descomprimir establecimientos, apuntando a infraestructuras más pequeñas con menos personas privadas de libertad”.
Estos sectores consideran que existe una “correlación entre el aumento de la represión —entendida como la prisionalización y el punitivismo— y el aumento del delito” y que “para abordar el problema de seguridad no hacen falta más leyes represivas, sino una mejor gestión integral del problema”.
Así, por ejemplo, el PVP propone “definir una política de seguridad basada en la perspectiva de prevención, de descriminalización de la pobreza, de desprisionalización, desarme, etc.”.
Información Nacional
2023-11-23T00:02:00
2023-11-23T00:02:00
