Lo segundo, fue que el MGAP adquirió nuevamente un fuerte liderazgo en su rol para abrir mercados. Abrimos más de 108 mercados para nuestros productos agropecuarios. Hemos tenido cada cinco días calendario una acción vinculada con la apertura y la defensa de mercados.
¿Eso significa mantener abiertos los mercados que ya están?
Exactamente. Hay una agenda ofensiva, que es para abrir nuevos mercados, y después hay otra defensiva, vinculada al sostenimiento de los mercados. Hemos tenido auditorías de Estados Unidos, Europa, China y demás, y las hemos salvado con éxito.
Los mercados tienen dos caras. Una es la sanitaria, que le corresponde al MGAP; y la otra es la arancelaria, que corresponde más a una estrategia país y de Cancillería y diplomacia presidencial. Uruguay ha hecho todo el esfuerzo para poder tener una mejor calidad de inserción internacional, a veces eso no ha cuajado del todo con las expectativas que teníamos.
¿Qué aperturas de mercados destacaría?
El sorgo a China, que es sumamente importante; la diversificación de la colocación de la colza, descalzando la dependencia de Europa y abriendo México y Chile; también es de destacar la mejora de la inserción de las carnes ovina y vacuna con hueso en Israel.
Además de la apertura del sudeste asiático, que desde hace muchos años se veía muy promisoria. En esta administración se iniciaron las gestiones, con un ida y vuelta muy fuerte de cuestionarios para lograr la apertura. Ahora tenemos a Malasia abierto, un mercado de enorme potencial para Uruguay. También el mondongo a China.
¿Cuál sería el tercer logro?
Las campañas sanitarias. Está claro que no está todo resuelto. Este gobierno nunca ocultó que había problemas en varias campañas. Cuando ingresamos había más de 15.000 animales con tuberculosis y hoy eso se resolvió. Se generaron cambios normativos en las campañas de brucelosis, de garrapata, donde seguimos teniendo problemas, pero hay acciones muy importantes.
Hemos reducido a cero el costo del análisis de resistencia, lo hemos descentralizado –se realiza en Tacuarembó y en Montevideo–, hemos generado los grupos de discusión de los productores, hicimos más de 250 reuniones a lo largo y ancho del país, se han aprobado nuevos productos, hemos potenciado la hemovacuna como una solución potente para integrar en el proceso de control de la garrapata.
Además, se han hecho cambios muy fuertes en la campaña contra la fiebre aftosa. El país sigue con una definición clara de seguir vacunando, pero hemos ahorrado millones de dólares al mejorar los procesos de licitación. El año pasado ahorramos más de US$ 7 millones, y eso es 7% del presupuesto total del MGAP en un año.
¿Cómo evalúa la articulación con otras instituciones estatales?
Quiero destacar un trabajo muy fuerte con el Banco República, generando herramientas de financiamiento muy potentes. El Banco República ha entendido al sector agropecuario como en ninguna otra administración en la historia de este país. Se han generado herramientas de financiamiento para el riego, para la compra de campos a 30 años, algo que no existía en Uruguay.
¿Se logró darle competitividad al sector agropecuario en este gobierno?
La competitividad es una variable que se nutre de varias fuentes. No es solamente el tipo cambio, por más que sea un aspecto sumamente relevante. La competitividad exige trabajar a todo el gobierno.
Un aspecto importante es el gasto del Estado. Esta administración ahorró por año US$ 600 millones. Cuando el Estado gasta más de lo que le ingresa, esa es la primera etapa de tener falta de competitividad.
Hemos tratado de aceitar los trámites. Esta administración firmó un decreto que establece que si un productor presenta un documento en algún lugar del Estado, ningún otro lugar del Estado se lo puede reclamar. Es obligación del Estado comunicarse con otra oficina para acceder a ese documento. Eso está vigente y operativo hoy.
Hemos tratado de aceitar los procedimientos de la aprobación de eventos transgénicos. La mayor parte de los eventos transgénicos que el país ha aprobado en su historia fue en esta administración.
Además, hemos transparentado cómo se define el costo del combustible. Antes la variable de costo de combustible era un instrumento de recaudación. Y se ha definido el precio de paridad de importación. En ese sentido se han generado ahorros a nivel de gasto del costo de combustible y gasoil de más de US$ 400 millones.
Recordemos que la anterior administración más de US$ 900 millones salieron del sector productivo por tener diferencias con el precio y paridad de importación.
El desarrollo de la infraestructura, me parece que también es competitividad. Hay más de US$ 3.800 millones dando en las rutas del país.
El dragado del río De la Plata, aprobado recientemente, también es construir competitividad. No hay ningún factor aislado que vaya a generar un salto de competitividad al sector, pero sí la suma de todos estos elementos.
También generamos cambios en la Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones), que permitieron aterrizar un conjunto muy fuerte y muy potente de inversiones.
¿Qué opción hay para quienes tributan por Imeba?
Esa es una agenda que tenemos pendiente y que hay que trabajar. Está presente en el programa del Partido Nacional generarle a estos productores condiciones similares a los que tributan por Impuesto a la Renta.
Se han encarado procesos que nunca son suficientes. Hay que seguir trabajando en el tema logístico, incorporando el tren, que es muy importante para poder abaratar costos en cadenas como la arrocera. Hay que seguir trabajando, por ejemplo, en el desarrollo y potenciación del riego como una herramienta de resiliencia del sector, en ese segundo escalón de desarrollo que Uruguay se merece.
Construir competitividad es tener un gobierno que entienda al sector, que entienda que hay que tener conectividad en todo el país, y las más de 70 antenas que ha puesto Antel son ejemplo de ello. Es entender que tener salud a lo largo y ancho del país también es tener competitividad.
Este gobierno ha entendido como nadie al sector agropecuario, que es la base de desarrollo, no excluyente, de este país. Sobre la base del sector agropecuario después se van a desarrollar todas las demás actividades. Lo que pasa en Vichadero termina repercutiendo en Ciudad Vieja.
¿Qué proponen para bajar costos?
Lo primero es trabajar en un fuerte proceso de desburocratización. Hay que bajar la cantidad de trámites en el Estado, porque cada trámite implica algún costo asociado. Hay que seguir trabajando en el valor del combustible, sin entrar a discutir la justicia que pueda tener el subsidio del boleto a los estudiantes, ese es un costo que recae sobre el gasoil.
Una propuesta del PN consiste en revisarlo e ir desarmando el financiamiento de ese fideicomiso, para que pase por todos los combustibles y no exclusivamente por aquel que utiliza gasoil y lo termina pagando solo el productor agropecuario. En ese sentido, también hay propuestas para reducir el costo de gasoil.
Tenemos que trabajar también en un sinceramiento del costo de energía eléctrica. Esta administración redujo el costo de la energía eléctrica para múltiples sectores: regantes, lecheros, vitivinicultores.
Tenemos que seguir trabajando en la confianza responsable. Cuando alguien presenta un proyecto, que el Estado confíe en que lo está haciendo bien, y luego, en procesos de auditoría, analizar si es así, y si están mal se lo va a castigar como corresponde. También me parece que es una buena herramienta para los proyectos Comap.
Además, hay que seguir trabajando en la estructura de los costos de importación. El PN propone ir desmontando la tasa consular, que es un impuesto a todo lo que se importa, y muchos de los insumos con los que trabaja el sector agropecuario están sujetos a esto, y terminan repercutiendo en el costo de vida de todos. La tasa consular es 3% del valor de importación; es muy importante.
Ninguna medida aislada va a generar un salto de competitividad, pero aplicadas todas, en forma coordinada y ordenada, sí van a permitir ese salto, con la reducción de costos que todos reclamamos.
¿Con los seguros agrícolas no se logró avanzar como se esperaba?
Cuando ingresamos a esta administración comenzamos a trabajar en los seguros de rendimientos agrícola. El sector agropecuario está muy acostumbrado a trabajar con seguros, y hubo un trabajo muy fuerte con todo el sector productivo y el arco asegurador. Se definió que uno de los elementos en los que había que trabajar era conseguir más información. La falta de información en los seguros es sustituida por prima.
Se generó un plan piloto, donde el foco fue conseguir información en clave de bien público. El MGAP tiene la información de los rendimientos agrícolas y todas las características tecnológicas que hacen a esos rendimientos, como las características de suelo, clima y demás. Esa información está al servicio de todo el sistema para poder generar mejores herramientas.
En el medio tuvimos escenarios muy complicados en términos climáticos, las aseguradoras tuvieron cierto repliegue en la región, y eso nos afectó para tener herramientas arriba de la mesa.
Esta administración encaró el proceso de los seguros sabiendo que no iba a tener resultados en este período, pero en algún momento se tenía que poner el tema arriba de la mesa y trabajar.
El seguro de rendimiento no solo es una herramienta de resiliencia para el sector agrícola, sino que es una herramienta de desarrollo para toda la agropecuaria, porque implica tener financiamiento y poder generar una red de contratos a lo largo y ancho del país. Eso va a generar un dinamismo brutal.
Lo segundo que está claro es que se podrá masificar este tipo de herramientas si el Estado tiene un rol protagónico y catalizador. El Estado va a tener que analizar y poner esto arriba de la mesa, con el sector productivo y el arco asegurador, y ver de qué manera puede incidir para que se masifique.
El Estado tiene un rol muy fuerte por jugar, por ejemplo, en la generación de herramientas y negociaciones directas con las aseguradoras para tener seguros de rendimiento catastróficos que generen un piso de riesgo cubierto por parte del Estado, para cubrir sus cuentas fiscales. Porque cuando hay un bache climático esto repercute en los ingresos fiscales del Estado.
Será en la próxima administración que, sobre la base de lo construido en esta, desarrolle la política, la potencie y amplifique.
Las gremiales lecheras plantean que los pequeños productores no pueden hacer las inversiones para el tratamiento de efluentes. ¿Cómo se puede solucionar este tema?
En esta administración hubo un plan que otorgó subsidios directos, de más de US$ 25.000, para que los productores puedan resolver esto.
En el sector lechero hay un fuerte porcentaje de tierras arrendadas, además de coyunturas complejas, que han hecho que los recursos para encarar el tema no sean suficientes. Tenemos recursos vinculados con esto, pero hay que generar alguna otra forma de articularlos y autorizarlos.
Está claro que es una política de Estado. No podemos seguir sosteniendo algunas actividades lecheras sin estas herramientas o sin esta gestión de fluentes en cierta zona del país porque, en definitiva, están afectando recursos de todos los uruguayos.
¿Cómo propone el PN llevar adelante la política de riego?
Es indiscutido que el riego es una herramienta muy potente para desarrollar el sector agropecuario, no solamente cuando hay seca, sino como una herramienta que aumente la producción de manera estructural.
Hay dos o tres premisas que son importantes destacar. Hay que demostrar que el sistema político está preparado para el riego. Una de las principales limitantes al desarrollar el riego es la atomización de permisos, habilitaciones y trámites. Se pretende generar un ordenamiento muy fuerte, con el liderazgo de Presidencia de la República.
Lo segundo es seguir generando y potenciando herramientas de financiamiento. En esta administración el Banco República generó líneas de crédito a 15 años. Seguir ajustando esas líneas de financiamiento y mejorando los beneficios para ciertos sectores productivos que no han accedido, por ejemplo, a la Comap. Hoy quien tributa por Impuesto a la Renta e invierte en riego a través de la Comap tiene un beneficio fiscal de 63%, en cambio quien tributa por Imeba solamente tiene 10% de beneficio.
Lo tercero es trabajar sobre algunas iniciativas agregadas, empresas multiprediales que puedan tener, además del servicio productivo, un servicio a ciertas urbanizaciones. El rol del Instituto Nacional de Colonización, repensándolo no solamente como un arrendador de campo, sino como un proveedor de agua, es importantísimo para poder catalizar este proceso.
¿Aceptaría ser ministro de Ganadería si se lo piden?
Soy hombre de proyecto, de partido y de país. Voy a cerrar con una frase que nuestro candidato a la Presidencia (Álvaro Delgado) dijo: para mí es mucho más importante ser útil que ser importante. Donde sea útil voy a estar.
