El corazón del plan nacional de riego que busca impulsar el gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar) es el Programa de Fomento de Riego Multipredial, pensado para superar el modelo predominante hasta ahora, en el que cada productor construye su propia represa, según la topografía de su campo, sin necesariamente elegir el sitio más eficiente para embalsar agua.
El coordinador general de la Ceiar, el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, explicó que ese esquema individual excluye a los productores que no tienen escala o aptitud topográfica para hacer su propia obra, y planteó como alternativa represas de uso compartido entre varios predios y gestionadas por inversores —agropecuarios o no— que vendan el servicio de riego a los productores interesados.
Durante la concurrencia de una delegación de la Ceiar a la Comisión de Ganadería del Senado, el pasado jueves 13, se presentó como caso testigo el proyecto de la represa del Águila, en la cuenca del río San Salvador, cerca de Dolores, con un potencial estimado de 9.000 hectáreas regables y un grupo de productores que ya manifestó interés en sumarse.
En esa oportunidad también se mencionó el proyecto Palo a Pique, en Treinta y Tres, que data de la década de 1960, y dos iniciativas vinculadas a la lechería en predios del Instituto Nacional de Colonización (La Casilla, en Flores, y Timote, en Florida).
La Ceiar fue creada por el Poder Ejecutivo para diseñar la nueva estrategia nacional de riego. A la sesión, convocada en el Palacio Legislativo, también fue invitada la Comisión de Ganadería de la Cámara de Representantes, dado el interés que despertó el tema en ambas cámaras.
Aguerre estuvo acompañado por representantes de los cuatro ministerios que integran el organismo: Ariel Cancio e Inés Morato, por Economía y Finanzas; Inocencio Bertoni, por Ganadería, Agricultura y Pesca; Rodrigo Díaz, por Industria, Energía y Minería, y Luis Giménez, por Ambiente.
Completaron la comitiva Rafael Laureiro, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y el profesor de Derecho Agrario Enrique Guerra.
La Ceiar fue creada por el decreto 183/2025, que estableció un comité de gestión presidido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con los cuatro ministros de las carteras antes mencionadas, y un comité operativo —que preside Aguerre— encargado de elaborar las líneas de acción de la estrategia nacional de riego.
Recurso mal distribuido
Aguerre abrió su exposición con un diagnóstico que reiteró varias veces, según figura en la versión taquigráfica del encuentro: Uruguay no tiene un problema de cantidad de agua, sino de distribución y de capacidad de almacenamiento.
En el país llueven en promedio 1.400 milímetros al año, pero entre el 60% y el 65% de esa agua cumple una función ambiental —es absorbida por suelos, plantas y cursos de agua— y, del 35% restante que escurre, Uruguay solo aprovecha el 5% a través del millar de represas existentes, las hidroeléctricas del río Negro y la cuota que le corresponde de la represa de Salto Grande.
El resultado, explicó, es que el país queda expuesto a déficits hídricos puntuales, incluso en años lluviosos, porque ningún suelo uruguayo es capaz de sostener el agua necesaria para un cultivo de maíz en floración por más de 10 días sin lluvia.
Fuera del arroz —que ocupa unas 180.000 hectáreas y depende estructuralmente del riego—, el resto de los cultivos de verano apenas alcanzan el 4% de su superficie bajo riego: unas 70.000 hectáreas sobre un total de 1,6 millones.
Según los cálculos de la Ceiar, ese número podría escalar hasta 300.000 hectáreas si se resuelven las restricciones normativas, energéticas y financieras que hoy frenan la inversión.
Aguerre ilustró el impacto productivo con cifras de rendimiento: mientras el promedio nacional de maíz en secano ronda los 4.500 kilos por hectárea, los productores que riegan promedian 11.000 kilos, con casos de hasta 15.000 y 18.000 kilos en los mejores suelos del país.
“Uruguay puede triplicar la producción de maíz y duplicar la de soja poniéndole riego a los cultivos”, resumió ante los legisladores.
Instrumentos
Para destrabar estos proyectos, la Ceiar impulsa una batería de instrumentos: una reserva de derecho de uso de agua por un año, prorrogable a un segundo año, para dar tiempo a negociar entre quien invierte y quien compra el servicio de riego; el traslado de los beneficios fiscales excedentes de la sociedad agraria de riego hacia la empresa inversora, con exoneración del impuesto a la renta sobre ese traspaso —cambio que llegará por ley en la Rendición de Cuentas—; y la exoneración de impuestos a la renta generada por arrendamientos o servidumbres sobre las tierras que queden bajo el espejo de agua, para favorecer acuerdos voluntarios entre propietarios.
En materia energética, Aguerre anunció que se evalúa elevar de 250 a 800 kilovatios el umbral de potencia contratada al que se aplica la tarifa de riego, de forma de no penalizar a los productores que amplían la escala de sus sistemas de pivotes, y consolidar en un producto tarifario zafral los beneficios que hoy dependen de un exhorto anual del Poder Ejecutivo y una resolución también anual de UTE.
También está en marcha una ventanilla única digital ante los ministerios de Ambiente y de Ganadería, a la que luego se sumarían la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones y UTE, para agilizar los trámites de permisos y concesiones.
Impacto económico. Según un modelo de equilibrio general computable elaborado por la economista Cecilia Estrades, junto con el equipo de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, una inversión de US$ 900 millones para regar 150.000 hectáreas de maíz —de capital privado y promovida por el Estado— produciría a 10 años un aumento del Producto Bruto Interno de entre 0,7% y 1,3%, junto con mayores exportaciones agropecuarias, más recaudación tributaria, más empleo rural y salarios más altos, aunque también una caída del tipo de cambio real y de la renta de la tierra ganadera frente a la agrícola.
Aguerre agregó que el crecimiento sostenido del consumo interno de maíz —que pasó de 500.000 toneladas hace 15 años a 2 millones este año, con una proyección de 3 millones el año próximo— podría otorgarle al país un ahorro cercano a US$ 120 millones anuales si Uruguay dejara de importar maíz para cubrir su demanda.
Las dudas de los legisladores
La presentación derivó en un intercambio extenso con los legisladores presentes. El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva planteó la posibilidad de que el Estado recurra a la expropiación para destrabar acuerdos entre vecinos y reclamó no dejar de lado la costa del Río de la Plata como fuente de agua dulce para riego.
El senador Felipe Carballo, del Frente Amplio, preguntó por los plazos para alcanzar las 300.000 hectáreas y por un eventual aporte del sector forestal al financiamiento de la política, mientras que el senador Gabriel Gurméndez, del Partido Colorado, repreguntó sobre los obstáculos para que los propios interesados lleguen a acuerdos privados y sobre el rol de las administradoras de fondos de ahorro previsional en el financiamiento de estos proyectos.
Uno de los temas que causó más consenso entre los legisladores fue el de las servidumbres de paso del agua entre predios lejanos a la represa.
El profesor Guerra explicó que hoy existe la figura de la “concesión condicionada”, que obliga a litigar durante años cuando un propietario se niega a dejar pasar el agua por su campo, y planteó la posibilidad de exonerar impositivamente solo los acuerdos voluntarios de servidumbre, como incentivo para evitar los juicios.
Dos artículos vinculados a los beneficios fiscales del riego multipredial y a la exoneración de las servidumbres ya están incluidos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que en estas horas es votado en la Cámara de Diputados.
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