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La crisis de las empresas dedicadas a captar capitales de inversores para el negocio ganadero (Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera) provocó variadas reacciones en actores del sector productivo, financiero, político y legal, entre otros. Esta situación desencadenó denuncias civiles y penales por deudas que totalizan más de US$ 300 millones, y se señalan omisiones del Banco Central del Uruguay (BCU) y de Fiscalía.
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En este marco hay quienes reclaman una regulación y control por parte del BCU, mientras que otros sostienen que se trata de acuerdos entre privados y que el Estado no debería intervenir.
“Creo que el negocio tal cual estuvo planteado por las tres empresas en dificultad no va a sobrevivir. El tipo de negocio murió definitivamente”, sostuvo enfáticamente el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Ángel Urraburu a Agro de Búsqueda.
Y opinó que el BCU debería regular y controlar estas operaciones. “Si no está establecido por ley hay que crear una ley. Debería decir que todo emprendimiento, público o privado, que recurra al ahorro público, con publicidad masiva, obligatoriamente tiene que cumplir con las normas de emisión pública establecidas en el BCU. Y el BCU va a controlar que esa reglamentación se cumpla en tiempo y forma”, planteó.
Para Urraburu “la figura que mejor se adapta es el fideicomiso financiero o de garantía”, porque “encapsula en un patrimonio propio, aparte al de cualquier empresa, y se administra ese patrimonio de tal manera de generar flujos para ir a emisiones de valores públicos”, que “forzosamente tiene que pasar por el BCU”.
Sin embargo, la posibilidad de operar a través de la BVM “es inviable”, dijo el empresario Gerardo Zambrano al programa Punto de Equilibrio, en radio Carve. Comentó que “este es un tema simple, de capitalización de ganado, de acuerdo con productores que saben del negocio. Querer oficializar el sistema a través de la BVM es como el mercado de futuro de carne, algo en lo que se insiste y nunca funcionó”. Aunque opinó que “sería bueno regularizarlo, en la medida de que sea práctico y posible”.
Zambrano & Cía ofrece un servicio de capitalización de ganado, que reúne al propietario del campo y al inversor, generando una sociedad productiva.
“En estos días estuvimos con gente del BCU en el escritorio. Querían informarse de cómo funcionaba el sistema, no solo en ganadería, sino también forestal y agrícola. Porque hasta ahora eran negocios entre privados y no tenían por qué intervenir. Pero si es un negocio de colocación de plata, con tasas fijas, va a haber una regulación del BCU, que va a limitar al sistema”, opinó.
Conexion-Ganadera-cartel-ruta.png
Cartel de Conexión Ganadera en la ruta
Cómo funcionaban y qué pasó con los fondos de inversión
El abogado Juan Pablo Decia, representante de inversores afectados por las empresas denunciadas, dijo a Agro de Búsqueda que “hay una estafa clarísima, porque a los inversores se los indujo a un error”. Señaló que, en un negocio ganadero, “donde hay un montón de vicisitudes que pueden determinar el resultado, nunca te pueden asegurar rentabilidad”.
Conexión Ganadera ofrecía cuatro tipos de contratos: inversión en terneros con rentabilidad asegurada de 7%; tres modelos vinculados al engorde de ganado con una rentabilidad del 8% anual; bono y pool ganadero con rentabilidades marcadas entre 9% y 11%. Por su parte, Grupo Larrarte aseguraba 11,3%; y República Ganadera 10,3%.
Decia fue quien realizó la primera denuncia penal a Jairo Larrarte en agosto de 2024, y en diciembre se presentaron 40 denuncias penales contra los directores de República Ganadera. “Desde entonces fiscalía no ha hecho absolutamente nada”, afirmó.
El abogado consideró que “está toda la prueba para incriminar a Jairo Larrarte, a sus asesores y a las personas que firmaban los contratos”, así como en el caso de República Ganadera, que “es exactamente igual, porque el 90% de los inversores no tiene el ganado que debería tener por contrato, eso es apropiación indebida”.
Conexión Ganadera tiene unos 4.500 inversores, 1.500 en República Ganadera y 900 en Grupo Larrarte.
Larrarte atrajo inversiones por más de US$ 10 millones, ahora se transita un concurso solicitado donde el síndico Alfredo Chiavatone trabaja en la conformación de activos. Y se abrió el plazo para que los acreedores verifiquen sus créditos, que vencen el 5 de febrero. La junta de acreedores se realizará en abril de 2025.
República Ganadera, según números presentados por la empresa, recibió inversiones por US$ 85 millones y activos por unos US$ 20 millones. Habrá que determinar si no incluye el ganado en administración, que es propiedad de los inversores, y no forma parte de los activos. La empresa hizo una propuesta de acuerdo privado, pero paralelamente siguen las denuncias penales.
Y Conexión Ganadera declaró un pasivo de US$ 400 millones y un activo de US$ 150 millones, con una diferencia de US$ 250 millones.