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    sábado 08 de junio de 2024

    La confidencialidad de UPM fue un “error” y el Frente Amplio debe “exigirse más” control, dice Martina Casás

    La exdiputada critica la decisión de declarar reservado un proyecto de hidrógeno verde y reconoce dificultades en su partido para lograr acuerdos sobre el tema

    En febrero el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la compañía HIF Global para la construcción de una planta de hidrógeno verde y e-combustibles en Paysandú. Según sus promotores, se trataría de la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los US$ 6.000 millones, y permitiría crear unos 3.000 empleos.

    Los detalles del proyecto, sin embargo, aún no fueron divulgados y no está previsto que lo sean, ya que el memorándum y “toda la información y documentación intercambiada por las partes en su marco” se encuentran “amparados por una cláusula de confidencialidad que impide su revelación”, informó la diaria días atrás. Esta decisión fue dada a conocer por Presidencia de la República al responder un pedido de acceso a la información presentado por Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. En la respuesta oficial las autoridades plantearon además que, cinco días antes, el Poder Ejecutivo había emitido otra resolución en la que clasificaba como “confidencial” la documentación referida y sostenía que su accionar se amparaba en los artículos 8 y 10 de la Ley 18.381, que establecen las “excepciones a la información pública”.

    La confidencialidad despertó críticas e inquietudes de organizaciones sociales y de actores políticos, incluso dentro del oficialismo. Como el diputado colorado Ope Pasquet, que solicitó al Ministerio de Industria acceder a un acuerdo. También surgió de inmediato en la discusión pública el antecedente de UPM.

    En ese marco, la exdiputada suplente por el sector frenteamplista Fuerza Renovadora, Martina Casás —quien abandonó su cargo luego de que la agrupación decidiera promover que el titular de la banca, Gustavo Olmos, regresara a la Cámara Baja tras las denuncias de acoso presentadas en su contra—, reflexionó acerca de la declaración de confidencialidad. Y lo hizo también con sentido autocrítico por la forma en que su partido actuó con proyectos como la última planta de UPM.

    En su opinión, el Frente Amplio cometió “el mismo error” que acaba de cometer el gobierno actual. Casás —bióloga y estudiante de Ecología Política y Alternativas al Desarrollo— dijo a Búsqueda que este tipo de acuerdos “ponen en riesgo la soberanía de los uruguayos” sobre sus recursos naturales. Por ejemplo, señaló que muchas veces este tipo de grandes inversiones desplazan a otras economías como la ganadería o los pequeños productores rurales hortifrutículas en caso de que ambos emprendimientos tomen agua del mismo lugar. “O como pasó con UPM, que hubo un derrame y nos enteramos mucho después”, criticó.

    Casás considera que la instalación de tres pasteras dejó una “enseñanza” a Uruguay. En su opinión, el Frente Amplio debería tomarla y “autoexigirse un poco más en materia ambiental”. La exdiputada se siente parte de “una nueva generación” frenteamplista, que no fue parte del último gobierno. Como “votante frenteamplista” y “militante ambientalista” dijo que está convencida de que “este tipo de cosas” —como las declaraciones de confidencialidad— "vulneran” al país.

    En paralelo a su tono autocrítico, Casás señaló una contradicción en el gobierno actual. “Hay que recordar que el primer acto legislativo del oficialismo en el Parlamento fue una interpelación de 17 horas por UPM y su tren y por el acuerdo de confidencialidad de UPM 2. Entonces que hagan lo mismo al final de su período de gobierno me parece irónico y bastante paradójico”, afirmó.

    Una idea similar había planteado Viñas, quien dijo que algo que fue “duramente criticado en el período anterior” es defendido por “los que hoy desde el gobierno actúan de la misma manera”.

    “Nos falta mucho”

    Casás cree que en el modelo que plantean proyectos como los de hidrógeno verde es fundamental que “exista conocimiento y transparencia” respecto a los insumos y las cantidades que se van a utilizar. Señaló que hay aspectos delicados —como qué tipo de extracción de recursos naturales van a aplicar, qué cantidad de carbono biogénico van a necesitar o cuánto espacio territorial van a abarcar— que quedan desdibujados al acceder solo a los trámites de viabilidad de localización de los proyectos.

    “Hay un tema de cuánto nos exigimos nosotros mismos con el control ambiental de las grandes industrias. Se van a producir combustibles sintéticos a través de la utilización de hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables de energía, pero el producto final es un combustible sintético, y eso es lo que no hay que perder de vista”, sostuvo.

    Opinó, además, que si bien es importante diversificar la matriz productiva de Uruguay, para ser un país industrial hay que tener “un montón de cosas con las que Uruguay hoy no cuenta”, principalmente en relación con el control sobre la industria. “No estamos capacitados, nos falta mucho. Tenemos un Ministerio de Ambiente muy reciente, que además es el que tiene menor presupuesto, y pocos técnicos disponibles para hacer las tareas que tienen que hacer. Entonces, cuando vienen estas grandes empresas, uno tiene que preocuparse por que el Estado pueda controlarlas; no es solo hacer acuerdo de confidencialidad y después vemos, va más allá”, agregó.

    En esa línea, señaló que ante la construcción de la hoja de ruta del hidrógeno verde desde el Frente Amplio reclaman que se lleve adelante una evaluación de impacto ambiental estratégica a escala global que abarque todas las iniciativas que se proyectan en la materia hasta 2045. Esto se debe, explicó, a que si bien un solo proyecto podría no tener impactos ambientales significativos, la sumatoria de emprendimientos sí podría tenerlos. A su vez, dijo que su partido político también exige “una mayor participación pública” de las empresas del Estado como UTE o Ancap en el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, algo que hoy está en manos casi exclusivamente de inversores privados.

    Consultada respecto al tratamiento que el programa del Frente Amplio le ha dado a la promoción de la transparencia en este tipo de proyectos, Casás reconoció que los lineamientos, ya aprobados, no hacen referencia específica a los contratos confidenciales. A lo que sí apunta el programa es a “darle mayor peso a la territorialidad” en las decisiones sobre localización de infraestructura pública; a su vez, incorpora el concepto de “transición ecológica justa” como un eje transversal que apunta a cambiar la matriz productiva por una más sostenible.

    “En este punto de los contratos”, sin embargo, “es más difícil encontrar acuerdos en la interna del Frente”, lamentó.