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En la columna de opinión ¡Te llevan! (publicada en la edición de Búsqueda del 30 de abril de 2026), la periodista Paula Scorza manifiesta que el proyecto presentado por el llamado Diálogo Social no vulnera la decisión del soberano, relativa al plebiscito sobre la seguridad social de octubre de 2024. Con esta afirmación apoya lo manifestado por el gobierno en cuanto a que el referido proyecto para nada afectaría lo dictado por el soberano en 2024.
Me permito disentir con tales afirmaciones, ya que la realidad, a mi entender, es que sí se vulnera lo laudado en el plebiscito, y se intenta hacerlo pasar inadvertido mediante una distorsión semántica.
No se puede atender solo a la forma de lo establecido en el proyecto porque, justamente, esta desatiende la sustancia de lo que se laudó por la ciudadania, y esta es ni más ni menos que debe seguir el sistema de ahorro individual y que las AFAP (administradoras de fondos de ahorro previsional) son el elemento indispensable para dar base a este pilar.
Los defensores del proyecto dicen que no se estatizan las AFAP y que lo que se pretende es una mejor administración de los ahorros previsionales.
Pues yo creo que sí se estatizan los fondos que hoy administran las AFAP, ya que pasan a quedar en manos del Estado, lo cual hace que se caiga el fundamento del ahorro individual.
¿Y por qué es esto? En primer lugar, porque el aportante y titular de esos fondos deja de tener contacto directo con la AFAP, y pierde así la capacidad de controlar la administración de sus ahorros, ya que deja de poder cambiar de AFAP en caso de no estar de acuerdo con la administración. Es decir, queda atrapado en manos del Estado.
Pero, además, actualmente, esos fondos están identificados, pertenecen a quien los aporta y son un activo que se puede transmitir por sucesión, cosa que dejaría de ser posible al perderse la identificación de los activos aportados en un fondo general al que pasarían.
Pero además todos sabemos que el Estado es un mal administrador, y con base en hechos ocurridos en el pasado no habría garantías de que esos ahorros no pudieran ser utilizados por Rentas Generales con otros motivos ajenos a los previsionales.
Por último, el régimen actual tiene 30 años de buen funcionamiento, por lo que no se ve la razón para modificarlo y mucho menos cuando no se generaría ningún beneficio tangible a los pasivos.
