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Académicos que asesoran sobre el programa de deudas dicen que tiene “escasa efectividad”
Desde la Universidad de la República proponen que se extienda el plazo para adherir más allá del próximo 15 de noviembre y que se haga mayor difusión entre la población vulnerable y se clarifiquen las condiciones
Unas 215.000 deudas fueron reestructuradas o condonadas hasta el viernes pasado
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Al viernes 25 se habían reestructurado o remitido cerca de 215.000 deudas en el marco del programa habilitado en julio por los bancos y la asociación de administradoras de crédito, una cifra para “celebrar, ya que son muchos hogares los que potencialmente lograron salir” del Clearing de Informes. Sin embargo, el número de beneficiados “está muy lejos de las anunciadas 865.000 (personas) que cumplen con las condiciones para hacerlo”, evalúan integrantes del grupo Finanzas de las Personas y los Hogares en Uruguay, del programa Grupos I+D de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. En función de eso, consideran necesario extender el plazo para adherir —que vence el próximo 15 de noviembre— y, además, instan a que se revean aspectos de la comunicación y se corrijan algunas ambigüedades en las condiciones y los beneficios.
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Aunque los términos de la reestructura “son muy favorables para quienes tenían deudas”, el programa viene exhibiendo una “escasa efectividad”, señala Graciela Sanroman, la coordinadora de ese grupo, junto con Agustina Castro, Martín Meizoso y Julián Rapetti —el núcleo principal del programa de difusión y asesoramiento para la reestructura de deudas—, en una evaluación por escrito que fue compartida con Búsqueda.
Meses atrás, Sanroman y otros colegas de la Facultad de Ciencias Sociales constataron en un estudio que existe una “epidemia” de más de 800.000 personas que tenían más de 90 días de atraso en sus préstamos y que, de esas situaciones de default, 191.280 eran población vulnerable o pobres endeudados, sobre todo, con empresas financieras.
El Programa Voluntario de Reestructuración de Deudasfue anunciado en julio por la Asociación de Bancos Privados (ABPU) y la Asociación Nacional de Empresas Administradoras de Crédito (Aneac), con el apoyo de la Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y la articulación del Banco Central (BCU).
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El lanzamiento del programa de reestructuración de deudas
BCU
Desde Ciencias Sociales armaron un programa de difusión y asesoramiento gratuito a las personas con el apoyo y el trabajo del Departamento de Trabajo Social y la Unidad de Extensión. Según la información recabada por los académicos, de las cerca de 215.000 deudas reestructuradas o remitidas (condonadas) hasta el viernes pasado, 118.000 son de esa última categoría, por ser menores a $ 5.000.
No accedieron a datos actualizados sobre la cantidad de personas que lograron reestructurar sus deudas. Según la información que manejan, al 4 de setiembre se habían reestructurado 81.151 deudas de entre $ 5.000 y $ 100.000 pertenecientes a 55.820 personas. “Manteniendo la misma proporción de deudas reestructurables por persona, estaríamos hablando de que apenas unas 145.000 personas habrían logrado acceder al plan”, señalan.
Plan con dificultades
Los integrantes del grupo Finanzas de las Personas y los Hogares entienden que una de las principales razones de la baja “efectividad” del programa fue la “estrategia de difusión utilizada, que se ha basado principalmente en la prensa escrita y radial, con alguna mención esporádica en los canales de televisión abierta y ninguna inversión en publicidad paga”. Según ellos, la comunicación no llegó de manera efectiva al público objetivo y, en ese sentido, sugieren darle difusión a través de canales abiertos de televisión y que el Ministerio de Desarrollo Social juegue un rol activo en informar a hogares vulnerables.
A partir de las consultas por asesoramiento recibidas, identificaron como otro problema la “ausencia de un marco normativo y, por lo tanto, la falta de garantías respecto a las condiciones y los beneficios de la reestructuración”.
La información disponible en la página del programa (soluciondeuda.com.uy) y también en la del BCU “es en algunos casos ambigua y en otras contradictoria”, aseveran. Además, según los académicos, hay financieras que establecen condiciones diferentes a las anunciadas y no hay resoluciones del directorio ni circulares del regulador que fijen claramente las reglas. “Esto priva a los deudores, por ejemplo, de un marco que les permita realizar reclamos ante la Unidad de Defensa del Consumidor cuando no se aplican las reglas anunciadas”, apuntan. Reclaman que el BCU adopte una resolución formal “que ofrezca más garantías”.
Observaron que las instituciones están aplicando condiciones diferentes. Una de las empresas administradoras de crédito solo está reestructurando deudas con más de siete años de antigüedad, lo cual “se aparta de las condiciones anunciadas y no está aclarado en ninguna página web”, aseguran. Otra no informa, en algunos casos, el monto de la deuda para reestructurar. Insisten en cuanto a que “no hay garantías de que las condiciones de reestructura que se ofrecen a las personas sean las mismas para todos”, ya que estas, en términos particulares, “varían y solo son accesibles luego de informar el número de cédula, por lo que cada uno solo puede ver su información personalizada”.
También advierten que “muchas deudas” menores a $ 5.000 no fueron remitidas. Los estudios jurídicos que gestionan carteras de crédito solo condonan aquellas inferiores a $ 1.000, pero “esta información no está disponible ni en la página del programa lanzado por las empresas ni en las notas publicadas” por el BCU, indican.
Por otro lado, notan algunas “ambigüedades y contradicciones de las condiciones” informadas en la página de Solución Deuda (así como la del BCU que informa las condiciones), por ejemplo, en cuanto a cómo se define la elegibilidad. Sobre ese punto, plantean que hay confusión respecto a cuál es el saldo de capital.
Agregan que en la página web de la ABPU se indica que uno de los requisitos para poder acceder a la reestructura es “tener un ingreso menor a $ 100.000 mensuales”, lo cual, según los académicos, “no está en ninguna de las otras principales fuentes de información. Se trata probablemente de un error, pero contribuye a que las condiciones no sean claras”.
Otro “problema de primer orden” es que en la página Solución Deuda se establece como beneficios para el deudor “ver rehabilitada su calificación crediticia”, aunque —señalan— “no hay información certera ni en esta página ni en las del BCU respecto a en cuánto tiempo o de qué manera” ocurre eso.
También cuestionan que la página para la reestructura “no es amigable” y que “no brinda toda la información necesaria para tomar la decisión de la conveniencia de realizar el acuerdo”. En ese sentido, alegan que el “principal atractivo del programa es dar una solución a aquellos que están en el Clearing de Informes por deudas con el sistema financiero, para lo cual las personas deberían tener toda la información, ya que deudas con otros (empresas públicas, intendencias, créditos de tiendas, entre otros) no se incluyen en el acuerdo. Acceder al descuento para realizar la consulta al buró de crédito ($ 72, incluido el IVA, en vez del precio regular de $ 490) “no es sencillo” y, además, es relativamente caro —similar a un kilo de arroz, comparan— para la población objetivo del programa.
De las consultas recibidas surge que hay casos de personas que están dispuestas a pagar, pero la propuesta de refinanciación excede sus posibilidades debido a que la cantidad de cuotas se define por separado para cada crédito. En este sentido, explican, como la cantidad de cuotas se relaciona de manera directa con el monto del préstamo, aquellos más pequeños “terminan siendo un obstáculo para que las personas puedan adherir al programa”.
Como una “carencia adicional” identifican que el lugar donde realizar los pagos solo puede saberse una vez confirmado el preacuerdo, y que incluso después de eso no se brinda información de las fechas de vencimiento de los pagos correspondientes. “La incertidumbre sobre la fecha de pago es una preocupación también de primer orden para la población objetivo del programa” y, de hecho, en algunos casos fue el “motivo principal para no realizar los preacuerdos”.
También cuestionan que la página de Solución Deuda remita a un número de WhatsApp y a otro de teléfono fijo, pero esas vías de contacto “no ofrecen la posibilidad de realizar consultas” y “son solo para confirmar los preacuerdos”.