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Cabildo Abierto entregó firmas para convocar a plebiscito; deudas de las familias son 21% de su ingreso
La campaña por la “deuda justa” liderada por el partido del presidenciable Guido Manini Ríos presentó este lunes al Parlamento 322.928 adhesiones llamando a consultar a la población sobre una enmienda constitucional en materia de usura y de reestructuración de deudas
Guido Manini Ríos cargó con la caja Nº 1 conteniendo las firmas para convocar a un plebiscito por la “deuda justa”
A pocas semanas de la realización de dos plebiscitos —sobre la seguridad social y los allanamientos nocturnos— que se efectuarán junto con las elecciones nacionales del próximo domingo 27, la campaña por “la deuda justa” planteada por Cabildo Abierto dio este lunes un nuevo paso al entregar al Parlamento 322.928 firmas solicitando convocar a un consulta popular para reformar la Constitución en 2025.
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El senador y candidato presidencial cabildante, Guido Manini Ríos, destacó en ese acto en el Palacio Legislativo que su partido fue el único que “se atrevió a poner el problema sobre la mesa” cuando, cuatro años atrás, gran parte de la población desconocía que “había casi un millón de uruguayos en el Clearing de Informes”, la base de datos comerciales que lleva la empresa Equifax.
La campaña “contra la usura y por una deuda justa” había sido lanzada por Cabildo Abierto en agosto de 2023, con la intención de llegar al 10% de adhesión del padrón electoral (unos 270.000) para poder convocar a un plebiscito en las elecciones de este mes. Sin embargo, al no alcanzar el mínimo necesario optó por seguir con la recolección y aspirar a someter su papeleta a consulta junto con los comicios departamentales y municipales de 2025.
La papeleta cabildante propone modificar el artículo 52 de la Constitución para que la tasa de interés máximo sea fijada por una nueva ley con mayorías especiales; hasta que se apruebe esa norma, la tasa de interés máximo se fijará en 30% en unidades indexadas (UI) a la inflación. Plantea aplicar esa tasa “tope” también a multas y recargos por atrasos aplicados a tarifas y servicios públicos y privados.
También establece que todas las deudas contraídas antes del 18 de julio de 2023, ya sea en moneda nacional, en moneda extranjera o en unidades reajustables, podrán ser canceladas por el deudor mediante el pago del monto inicialmente convenido, convertido a UI al valor de la fecha de otorgamiento del contrato originario, en las siguientes condiciones: al monto resultante se le aplicará una tasa efectiva anual del 4% por concepto de intereses, multas, moras, recargos y cualquier otro tipo de gastos. A ese monto se le descontarán los pagos ya efectuados, convertidos a UI.
Esa disposición comprende a cualquier persona que tenga un total de adeudos por un monto originario no superior a 200.000 UI, que al día de hoy son unos $ 1.221.400 o US$ 29.562.
Promoción de la campaña de firmas "contra la usura y por una deuda justa" en el Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Promoción de la campaña de firmas "contra la usura y por una deuda justa" en el Palacio Legislativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Simultáneamente, en julio, los bancos y las financieras, apoyados por el Banco Central (BCU), pusieron en práctica hasta el próximo 15 de noviembre un programa que condonó deudas personales de hasta $ 5.000 y habilitó la reestructuración para los montos que no superen los $ 100.000 en condiciones excepcionales. La iniciativa busca resolver los problemas de pago, en especial de sectores de la población de ingresos bajos.
Según investigadores del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, a fin del año pasado había 801.764 personas con más de 90 días de atraso en sus préstamos. Unas 191.300 eran población vulnerable o pobres endeudados, sobre todo, con empresas financieras, un sector que cobra tasas de interés de hasta 140%, lo que —sostenían— constituye una “epidemia”.
Datos informados por el BCU en el Reporte del Sistema Financiero del segundo trimestre de 2024 muestran que el endeudamiento de las familias tanto con bancos como con administradoras de crédito tuvo un gradual aumento en los últimos tres años, al pasar de guarismos cercanos al 18% de su ingreso en junio de 2021, a cerca de 21% en junio de 2024. Si a esos préstamos para consumo se adiciona los otorgados para vivienda, el porcentaje llega hasta el entorno de 30%.
