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Del trabajo de más de dos años —entre febrero de 2022 y mayo de 2024— de un grupo ad hoc integrado por una contadora, una escribana, un arquitecto y otros colaboradores— surgió un relevamiento de inmuebles de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), con datos vinculados al estado notarial, contencioso, edilicio y tributario de cada uno.
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Ahora, las autoridades aduaneras se proponen tener actualizada esa sistematización, en el entendido de que “resulta imprescindible contar con información completa, veraz y actualizada que permita a la organización la gestión, planificación y adecuada conservación de los inmuebles”, según señala una resolución del jueves 10 en la que el director nacional de Aduanas, Joaquín Serra, crea una Comisión de Inmuebles.
Su cometido será mantener actualizada la información de los inmuebles de la DNA, ya sea en propiedad, en posesión o a cualquier título, que surjan del Sistema de Registro de Inmuebles respecto a la situación jurídica, edilicia y tributaria de estos. La comisión tendrá la facultad de solicitar la colaboración de cualquier dependencia de la organización, la que deberá asistirla a efectos de cumplir con sus propósitos, dispone la resolución.
El grupo estará integrado por el encargado del Departamento de Escribanía, en carácter de coordinador, por un representante del Área Administración General, uno del Departamento Contrataciones y Suministros y otro del Departamento Contencioso Letrado.
La Ley 19.924, de diciembre del 2020, y sus normas modificativas imponen a los incisos del Presupuesto Nacional la obligación de informar al Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE) que lleva la Dirección Nacional de Catastro sobre los inmuebles que tengan, ya sea en carácter de dueños o en posesión a cualquier título.
Según información obtenida por Búsqueda a partir de pedidos de acceso a la información pública, entre los ministerios, el de Economía y Finanzas —que integra Aduanas como unidad ejecutora— era uno de los que más inmuebles tenía inscriptos en el RUIE hasta agosto del 2022: 422 en total. La cifra global rondaba los 8.800.
El gobierno anterior, presidido por Luis Lacalle Pou, reeditó acciones tendientes a la racionalización del patrimonio inmobiliario estatal, aunque los inmuebles declarados prescindibles que fueron vendidos rondaron los 30 en todo el período y el dinero obtenido en los remates no alcanzó al millón de dólares.
Tras el cambio de administración, hace pocos días un centro de análisis vinculado a la Academia Nacional de Economía —Pharos— propuso crear una oficina para gestionar profesionalmente el patrimonio edilicio público, vendiendo o alquilando aquellos inmuebles que no están operativos. Eso generaría una nueva fuente de recursos en un contexto fiscal restrictivo como el actual.
Estas ideas ya fueron conversadas con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, a quien le parecieron un “buen aporte”, dijeron a Búsqueda desde Pharos.