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El gobierno saliente vendió inmuebles públicos innecesarios por menos de US$ 800.000
El “sentido de propiedad” de los organismos titulares y la falta de compradores en algunas zonas hicieron difícil la ejecución del programa que pretendía bajar costos rematando los padrones declarados prescindibles
El edificio de 10 pisos de la Secretaría Nacional de Deportes cuyo remate fracasó dos veces
Algunos predios rurales y padrones urbanos de propiedad del Estado llevan vacíos muchos años, y el hecho de tenerlos implica gastos en vigilancia y mantenimiento. Una de las prioridades que tuvo Luis Lacalle Pou como presidente fue desprenderse de esos inmuebles considerados inútiles o innecesarios, con un sentido de austeridad, aunque el resultado concreto no fue el esperado: en todo el período se remataron poco más de una veintena y el dinero obtenido no llega a los US$ 800.000.
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Una ley de 2020 creó el Programa de Racionalización de Uso de Bienes Inmuebles del Estado (Prubie) en la órbita de la Presidencia de la República, que empezó a trabajar en 2022. El camino de la venta de los inmuebles estatales que no se usan es uno de los previstos en la norma; el otro es que pasen a disposición del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El producido del remate de las propiedades declaradas prescindibles, luego de deducidos los gastos de la transacción, va hasta en un 75% al Programa de Mejoramiento de Barrios y el resto queda para el inciso al cual estuviera afectada la propiedad, para financiar sus inversiones.
Este plan de racionalización formaba parte de un “shock de austeridad” anunciado por Lacalle Pou en la campaña electoral de 2019, que pretendía abatir el gasto público en US$ 900 millones anuales. En ese total, la suma de las medidas de eficiencia en las compras de suministros, en la “resolución temprana o la correcta defensa del Estado” en sus litigios, el expediente electrónico al 100%, la “racionalización de bienes muebles e inmuebles”, las “oportunidades de ahorro” identificadas por sus asesores equivalía al orden de los US$ 220 millones.
El patrimonio edilicio del Estado total está inventariado en el Registro Único de Inmuebles del Estado (RUIE), que durante el gobierno de la coalición republicana fue transferido a la órbita de la Dirección Nacional de Catastro. Según datos que entregó esa repartición del Ministerio de Economía a Búsqueda, en respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho en 2023, 36 organismos habían inscripto allí un total de 8.832 inmuebles. En la administración central, el Ministerio del Interior era el inciso con más propiedades (1.401).
La estrategia para identificar y sacarle de encima al Estado los inmuebles que no utiliza y sus costos asociados encontró algunas dificultades.
Al amparo de la “ley de acceso a la información pública”, Búsqueda solicitó a la Presidencia de la República el listado de los bienes “prescindibles” que fueron enajenados en cada año desde la creación del Prubie, incluido el 2025, con el detalle de las características de cada inmueble (ubicación por departamento, localidad, superficie, tipo de edificación, organismo público que lo tenía en propiedad o en posesión, etcétera), el precio base del remate y el monto al cual se enajenó.
De las planillas entregadas el último día de gestión del gobierno saliente surge que el Ministerio del Interior fue el más activo dentro de este programa de racionalización. Se desprendió de 18 padrones rurales y urbanos, la mayoría rematados durante el 2023. Los montos obtenidos en cada subasta oscilaron entre US$ 4.000 (un inmueble de 450 metros cuadrados en Egaña, Soriano) y US$ 64.000 (218 metros cuadrados en Rivera).
No prosperaron otros seis remates de propiedades de esa secretaría de Estado.
El Ministerio de Economía, por su lado, enajenó cinco inmuebles. El monto máximo que obtuvo en uno de esos remates fue de US$ 136.000; se trata de un padrón céntrico de 312 metros cuadrados ubicado en la calle Vázquez, entre Mercedes y Uruguay, que figuraba con un valor venal —la tasación catastral, que considera el valor del suelo y el de la construcción— de US$ 409.393. Quedaron frustradas otras cinco propiedades declaradas prescindibles.
También fracasó, por dos veces, el intento de vender un edificio propiedad de la Secretaría Nacional de Deportes situado en la calle Mercedes entre Cuareim y Avda. Rondeau, que está listado con un valor venal de US$ 2.252.688.
Las ventas de inmuebles de los ministerios del Interior y de Economía obtuvieron, sumadas, US$ 789.798, surge de la respuesta al pedido de acceso a la información.
“Un camino” creado
“Hace como 20 años que se están tratando de vender inmuebles... por lo menos vendimos unos 30 en este período. Creamos un camino, hay un registro actualizado, y probablemente el futuro gobierno va a tener que decir que estos inmuebles procedan a la venta, porque en ciertos casos también es un tema de independencia, de autonomía”, como el de la Administración Nacional de Educación Pública, dijo semanas atrás a Búsqueda el saliente director de la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas y presidente del Prubie, Hugo Odizzio.
Entiende que “quizás falta un poco de poder de imperio, de decir ‘bueno, esto se puede enajenar porque encontramos tales indicios de que los inmuebles no están en uso’. Hay diferentes factores, algunos de ellos culturales, donde se genera un sentido de propiedad” y de reticencia a desprenderse de los inmuebles.
Por otro lado, alegó como otra dificultad que enfrentó el programa el hecho de que muchas propiedades están ubicadas en zonas que perdieron interés comercial, lo que se vio en algunos casos en los que no se consiguieron compradores pese a que se bajó el precio pretendido por el organismo vendedor.
En las planillas entregadas a Búsqueda figuran resoluciones de remates todavía sin concretarse; son cinco predios del Ministerio del Interior, uno de Economía y otro de la Administración de Servicios de Salud del Estado.
También está prevista la venta, mediante licitación pública, de un edificio de más de mil metros cuadrados del Ministerio de Turismo en la Ciudad Vieja, con un valor venal que ronda los US$ 1,2 millones.
