Al fijar precio de combustibles, Poder Ejecutivo “limita la capacidad” de la Ursea para promover competencia

Ancap fue uno de los actores centrales en la modificación de la política de los combustibles, porque debió buscar eficiencias en sus costos y dejar de ser juez y parte. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tomó la función de árbitro del mercado, asumió nuevas competencias y se transformó en un servicio descentralizado. En la administración de Yamandú Orsi, Andrés Cardozo, que se desempeña desde el 2021en el área Energía Eléctrica de la Gerencia de Fiscalización, presidirá la entidad.

La jerarca reconoció que el mandato de la reforma en el gobierno de Lacalle Pou fue “muy ambicioso”, aunque lo evaluó como “necesario para modernizar y optimizar” el sector, que “venía funcionando en un statu quo confortable para las partes involucradas”.

“Toda regulación debe afirmarse en tres pilares fundamentales: la razonabilidad, la previsibilidad y la gradualidad. En este caso, el aprendizaje clave fue el tomar conciencia de la importancia de incorporar los cambios de manera gradual” para que los actores se adaptaran de forma “progresiva” a las nuevas reglas del mercado, reflexionó.

Para la titular de la Ursea, con una “planificación más detallada y una implementación escalonada de medidas”, además de mantener comunicación “constante” con los actores involucrados, se alcanzará la “consolidación de los objetivos a largo plazo”.

Entre los principales desafíos por delante en materia de regulación, Romero incluyó la finalización de la reglamentación comercial de la distribución, en especial en lo que hace al suministro de los grandes clientes y el tratamiento adecuado de las zonas desabastecidas.

En cuanto a los precios, agregó, es necesario avanzar en el “análisis de un margen minorista eficiente y, una vez que la competencia genere una diferenciación de precios respecto al máximo establecido”, difundirlos para “garantizar la transparencia y el acceso equitativo” a dicha información por parte de los consumidores.

Más recursos

Constituirse como un servicio descentralizado implicó para la Ursea, además de una mayor autonomía y un margen superior de acción como regulador, el fortalecimiento de sus procesos y del equipo. Debió incorporar técnicos de otras organizaciones del Estado, contratar consultorías, participar de capacitaciones, etcétera. El personal de la unidad pasó de 67 a 87 funcionarios; en conjunto la plantilla participó en unos 500 cursos, congresos y foros, lo que contribuyó a “mejorar la eficiencia, la competencia técnica y la calidad regulatoria”, afirmó Romero.

A pesar de ese fortalecimiento, con la reforma de los combustibles en marcha, debió solicitar prórrogas al Poder Ejecutivo por falta de recursos técnicos y financieros, por ejemplo, para avanzar en la regulación de la cadena de distribución.

En los hechos, la limitante de recursos permanece al inicio de la nueva administración. Romero insistió en que existe una “necesidad real de reforzar los recursos materiales y técnicos” para lograr el “cumplimiento cabal” de los cometidos.

En contrapartida, celebró que “luego de años de gestiones” se concretara la firma del comodato para las nuevas instalaciones de la Ursea, que se ubicará en el histórico edificio de la ex Compañía del Gas de Montevideo (en la esquina de Juncal y 25 de Mayo), desocupado hace varios años.

Distribución

Romero destacó los ajustes normativos en la distribución secundaria de combustibles. Recordó que se diseñó una metodología específica para calcular el margen de la distribución mayorista y el precio máximo intermedio eficiente, que se aprobaron tras ser sometidos a consulta pública. Informó que la implementación de esos cálculos se prevé para enero de 2026 y señaló que ello “permitirá un mayor alineamiento de los precios con los costos reales”, lo que “promoverá una mayor transparencia en el mercado”.

Agregó que se reglamentaron las condiciones de suministro de Ancap a los sellos mayoristas, explicitando públicamente las condiciones generales que antes se acordaban en contratos privados. Afirmó que ello colabora con una “mayor claridad y previsibilidad” en la cadena.

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Durante el gobierno que acaba de terminar se aprobaron 22 aperturas y 16 traslados de estaciones

Javier Calvelo-adhoc/FOTOS

En la distribución minorista también hubo nuevas reglamentaciones a partir de 2022 para la apertura de estaciones de servicio, lo que dinamizó la cadena. Desde entonces, dijo, recibió más de 100 pedidos de traslados o aperturas de nuevos puestos de venta.

Entre 2010 y 2019 se aprobaron tres aperturas de nuevas estaciones en todo el país (todas de un mismo sello distribuidor), informó, y lo contrastó con las 22 aperturas y los 16 traslados aprobados en el período de gobierno de la coalición republicana, que en “muchos” casos ya están operativos.

Un tema que quedó pendiente para resolver por parte de la nueva administración es la regulación relativa a la obtención de información contable y de facturación de los puntos de venta de cada sello luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anulara un reglamento emitido por la Ursea. Romero dijo que se están “analizando diferentes enfoques para asegurar que la (nueva) regulación sea efectiva y conforme a los principios legales” y, a su vez, “garantice la obtención de información relevante del sector”.