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    Ursea cuestiona si Ancap importó combustibles “al mejor precio”

    El ente prevé enviar las facturas de las compras que realizó mientras no refinó petróleo, para que la unidad reguladora “evalúe si tiene que hacer una corrección“ en la metodología y cálculo del precio de paridad de importación (PPI)

    Lejos de la discusión que al inicio del gobierno se planteó sobre la liberalización de la importación de los combustibles, que terminó sin incluirse en la Ley de Urgente Consideración, en los últimos meses Ancap se comportó como un importador nato de refinados para abastecer la demanda interna mientras duró —270 días— la “parada” de mantenimiento de su planta de La Teja.

    Ahora Ancap suministrará a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) la información de las facturas reales de importación —más de 1,7 millones de metros cúbicos de combustibles que llegaron a la refinería o a la Terminal del Este (José Ignacio) como sucedió con la mayor parte del gasoil— “para que evalúe si tiene que hacer una corrección“ en el cálculo del precio de paridad de importación (PPI), dijo a Búsqueda el presidente del ente, Alejandro Stipanicic.

    El mecanismo de fijación de precios de los combustibles que considera ese valor teórico que mensualmente calcula la Ursea, además del informe preceptivo de Ancap, lleva tres años de aplicación. La presidenta de la unidad reguladora, Silvana Romero, dijo a Búsqueda que “no se ha previsto una revisión de la metodología aprobada en 2020“. Sin embargo, apuntó: “No está escrito en piedra, pero es importante dar tiempo para observar cómo evoluciona” el marco normativo. Y planteó que en caso de ser necesaria una revisión, “se discutirán nuevamente todos los aspectos correspondientes” porque la Ursea debe “asegurar certeza jurídica a los actores involucrados, evitando cambiar las reglas sin la debida fundamentación“.

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    imagen de El gobierno opta por el camino del medio, entre lo político y lo técnico, en combustibles

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    El PPI en cuestión

    Stipanicic opinó que el escenario que tuvo Ancap en las importaciones realizadas durante el mantenimiento de unidades “es el mejor” que puede presentar Uruguay, porque los privados en el caso teórico de que existiera la libre importación no tendrían el grado de infraestructura física, logística y el acceso que posee la empresa estatal al mercado internacional.

    En la práctica, las compras de combustibles desde el exterior que llegaron a La Teja entre agosto de 2023 y abril pasado resultaron siendo más caras que lo calculado por el PPI en US$ 11,1 millones, según cálculos realizados por Ancap, presentados en un taller para periodistas semanas atrás.

    Sin embargo, para la Ursea “cabe preguntarse si Ancap consiguió el mejor precio al realizar la importación, y si, a su vez, informó de esas diferencias para la definición del precio de venta por parte del Poder Ejecutivo”, señaló Romero. Aclaró que el cálculo del PPI considera los “costos eficientes de las diferentes etapas que transcurre el combustible, desde la refinería de referencia hasta la planta de distribución primaria”. Y agregó: “Es un cálculo independiente de los costos reales de Ancap, se determinan los costos eficientes. Una mayor eficiencia implica una reducción de los costos, lo que podría conducir a una disminución de los precios”.

    Sobre las “eventuales diferencias” entre el costo transado por Ancap en las importaciones de gasolinas y gasoil en 2023 y el PPI, Romero dijo que la Ursea toma los datos disponibles en el sitio web de compras estatales. “A partir de esa información se desprende que el precio de las adjudicaciones realizadas por el ente entre julio y noviembre fue mayor para el caso de las gasolinas en el orden de US$ 4 millones y menor para el gasoil, en el orden de US$ 18 millones, lo que implicaría que las adjudicaciones del período mencionado se hicieron por un monto menor al PPI en el orden de US$ 14 millones”, en condición equivalente al lugar de entrega acordado.

    Ancap también estimó que, en el caso de los embarques de gasoil, ahorró unos US$ 23 millones en siete operaciones que durante la parada de unidades llegaron a la Terminal del Este. Se trata de compras de mayor escala que pueden bombearse por el oleoducto para ahorrar el costo de alije que se requeriría en caso de hacerlo por el Puerto de Montevideo. Por ejemplo, un embarque de 100.000 metros cúbicos de gasoil entregados a fines de 2023 en la boya petrolera tuvo un valor de US$ 646 por metro cúbico, mientras el PPI estableció un costo de US$ 709.

    La discrepancia en el costo real de los alijes en el puerto de Montevideo (el trasbordo del buque petrolero a otros de menor tamaño que pueden recalar en La Teja) es algo que Ancap manifestó a la Ursea y que, según Stipanicic, no está bien contemplado en el cálculo del PPI.

    En ese tema, Romero también cuestiona si el ente “negoció el precio más conveniente”. Y agregó: “De acuerdo a la información internacional disponible, estos alijes se pagan muy caros en nuestro país”.

    Recordó que en 2020, de acuerdo a la metodología aprobada, se definió que el “costo eficiente” de la operación era de US$ 8,8 por metro cúbico y Ancap presentó el valor de US$ 10,6, según el cálculo realizado por un consultor independiente. “En definitiva, para llevar a precio de venta al público, la diferencia fue del orden de $ 0,07 por litro de gasolina”, relativizó la titular del organismo regulador.

    Silvana Romero. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
    Silvana Romero. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda
    Silvana Romero. Foto: Nicolás Garrido / Búsqueda

    Resultado genuino

    La regulación de los precios de venta de Ancap, usando el modelo de paridad de importación, cumple este mes tres años de aplicación. Y aunque el costo de importación teórico que calcula la Ursea no es exacto y está por debajo de lo que se verifica en las operaciones reales —según surge del análisis de la empresa pública—, “los resultados de Ancap hablan por sí mismos“, dijo Stipanicic. Señaló que el ente “ganó plata sin capturar renta en el mercado monopólico“. Insistió en que la explotación del monopolio, mediante la actividad de producción y comercialización de naftas y gasoil en el mercado interno y donde el Poder Ejecutivo fija el precio de venta, no le genera una renta relevante al ente. En ese mercado, donde concentra el 80% de su actividad, los resultados fueron de equilibrio —en torno a US$ 20 o 30 millones—, salvo las pérdidas que registró el ente debido a la paralización de la producción por el mantenimiento de la refinería.

    “Eso quiere decir que el PPI es suficiente para cubrir los costos fijos de la operación de la refinería, que Ancap gana plata genuinamente por todos los demás negocios que tiene en competencia“, razonó Stipanicic, sin considerar la producción de cemento, un área que arroja una pérdida estructural.

    Y remarcó: “Hoy el resultado de Ancap es genuino, asociado con su gestión, no con un resultado que viene regalado por las tarifas, como lo que pasaba hasta el 2020“.

    “El PPI no solo le puso transparencia, sino que le puso muchísimo más control a las finanzas de Ancap, que no corren riesgos de grandes desbalances. En estos últimos tres años las ganancias acumuladas de Ancap en términos nominales son como de US$ 450 millones, y encima de todo la gente pagó US$ 500 millones menos“, dijo su presidente en entrevista con El Observador, publicada el domingo 16. Eso porque el precio que fijó el Poder Ejecutivo fue menor a lo que marcaba el PPI. “Si se hubiera cobrado exactamente a precio de paridad de importación, Ancap hubiera juntado US$ 950 millones de ganancia en tres años“, concluyó.