Para algunas gremiales empresariales, la reforma de los combustibles líquidos que inició esta administración tiene aspectos positivos que deberían mantenerse, pero hay varios que quedan pendientes para el futuro gobierno.
Para algunas cámaras, debería mantenerse la revisión mensual de las tarifas y eliminar el sobrecosto del gasoil para financiar la movilidad de pasajeros, que a partir de este 1º de enero se redujo a $ 3 por litro
Para algunas gremiales empresariales, la reforma de los combustibles líquidos que inició esta administración tiene aspectos positivos que deberían mantenerse, pero hay varios que quedan pendientes para el futuro gobierno.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáUno de los principales cambios que se introdujeron en este período fue la fijación del precio de los combustibles mes a mes, considerando una nueva metodología del cálculo teórico de paridad de importación (PPI), que realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, además del informe preceptivo de Ancap.
Algunos empresarios están en alerta, porque piensan que el gobierno del Frente Amplio que asumirá en marzo próximo puede revisar ese criterio, como sugirió en declaraciones públicas el presidente electo Yamandú Orsi. “No me convence mucho que esto (de que el ajuste de tarifas) sea mes a mes, porque genera mucha incertidumbre”, señaló Orsi en diciembre. Sostuvo que si bien no hay definiciones al respecto, hay que considerar con cuidado los “avatares que pueden incidir en el precio de los combustibles a nivel global”. Para enfrentarlos, dijo, “siempre están el Estado y Ancap para contener y amortiguar; históricamente todos los partidos de los gobiernos han resuelto eso”. El mandatario electo agregó: “A mí me gusta la certeza, o sea, que alguien que invierte sepa que dentro de tres o cuatro meses la realidad va a ser esta”.
“Tengo cierto temor con eso”, dijo a Búsqueda el titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Guillermo O’Brien y opinó que si se pasaran a revisar las tarifas en plazos de seis meses o un año, como sucedía antes de la actual administración, se perdería algo que el consumidor y las empresas ya incorporaron en los últimos años. Alegó que tener un “seguimiento” y hablar de los números “mes a mes” permite que los “problemas” o “sorpresas” que puedan aparecer se resuelvan o sean más manejables al identificarlos en un plazo acotado de tiempo.
O’Brien recordó que la ACA reivindica, desde hace muchos años, liberar la importación de combustibles. “No claudicamos en el reclamo, creemos que es hacia donde debemos ir”, señaló. La gremial también plantea “abrir y liberar” la distribución para los medianos y grandes consumidores de combustibles por los “altos costos” que hay en esa cadena y que afectan la competitividad agropecuaria.
Además, el dirigente empresarial se refirió al valor de la electricidad en términos comparativos, que recae en el sector a pesar de la diversificación de la matriz que el país logró en base a la incorporación de fuentes renovables. “Seguimos teniendo el kilowatt más caro de la región”, se quejó.
Consultado sobre la viabilidad de que el futuro gobierno introduzca ese tipo de reformas liberales, O’Brien replicó: “Son temas dificilísimos (de lograr) pero si no los ponemos en discusión… Son lujos de rico, en un país que pierde competitividad. O los empezamos a ordenar y enfrentar… Es un tema de voluntad política, son estructuras históricas, difíciles de mover, pero no puede ser que algún día se precise un (Javier) Milei para moverlas”.
En tanto, otros ejecutivos no prevén modificaciones sustantivas en la forma en que se ajustan las tarifas actualmente. “Considero que la metodología llegó para quedarse. Estamos todos acostumbrados, la población, los clientes. Hacer lo contrario sería recargar con sobreprecios a la ciudadanía y la experiencia no fue positiva cuando se hizo eso en Uruguay”, dijo a Búsqueda el gerente general de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), Federico de Castro. Y arriesgó: “Capaz que en vez de revisarse mensualmente se hace de forma bimensual. Pero no imagino grandes cambios”.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) destaca que considerar el PPI para fijar el precio de los combustibles ha sido “positivo”, porque el mecanismo termina arrojando un resultado equivalente a lo que costaría importarlo y ello da “transparencia y certezas”.
Las expectativas de las gremiales también difieren sobre los temas pendientes que piensan que el futuro gobierno debe encarar en el sector de los combustibles.
Tanto la CCE como la ACA afirman que es preciso avanzar con los cambios en la cadena de distribución.
“Los sobrecostos en la cadena de distribución son altos, hay mucho para hacer y reducirlos tendría un impacto importante en el mundo agropecuario. Hay fletes en contra, una logística mal hecha en los centros de distribución de Ancap”, dijo O’Brien. Planteó que, con regulación y condiciones, se debería abrir y liberar la distribución para que el mediano y el gran consumidor del mundo agrícola (que en muchos casos ya tienen su camioneta y cisterna) puedan retirar su combustible con la habilitación correspondiente.
Para la Unvenu, esta administración aprobó un reglamento que se está aplicando y “cumpliendo” que establece condiciones para la instalación, apertura y traslado de los puestos de venta según la zona geográfica y los volúmenes de venta, entre otros aspectos. Plantea que el costo de distribución está alineado con los valores internacionales.
Ahora, de cara al próximo período, la Unvenu cree que “sería deseable” que en las naftas se dejara de ajustar o incluso “reducir” el Impuesto Específico Interno, porque los consumidores se están volcando a la movilidad eléctrica y, por la vía de los hechos, están dejando de pagar el tributo y cambiando el consumo energético.
En cuanto al gasoil, uno de los combustibles que utilizan los sectores agropecuarios, transporte, industria y otras actividades productivas, la administración de Luis Lacalle Pou introdujo algunos cambios que incidieron en el precio en el surtidor, como la eliminación de la obligación de mezclar biodiésel y la exclusión de la tasa consular del cálculo del PPI.
La modificación más reciente, que rige desde este 1º de enero, fue la reducción del sobreprecio (en $ 2 por litro) incluido en el gasoil. Ese sobrecosto se destina a financiar la movilidad de pasajeros a través del fideicomiso del boleto, que pasó a denominarse —tras la última Rendición de Cuentas— “Fideicomiso para la movilidad sostenible” (FIMS) y que promueve el recambio gradual de flota de las empresas transportistas sin que ello incida en el valor del pasaje. Todas las gremiales consultadas por Búsqueda valoraron el cambio de forma “positiva”.
“Es bienvenido, es una señal. Hay que seguir achicándolo o eliminarlo”, opinó O’Brien. A su juicio, si el subsidio perdura mucho en el tiempo el cambio de flota hacia los ómnibus eléctricos también se posterga; mientras tanto, el sobrecosto al gasoil sigue afectando la competitividad de la producción. Para la CCE la rebaja del sobrecosto del gasoil (que pasó de $ 4,984 a $ 3 por litro) “es una buena noticia”, pero apuntó que es necesario profundizar e incentivar los planes de renovación de flota para que la financiación del FIMS “desaparezca” de forma genuina. Esa supragremial entiende que “sería deseable modificar la fuente de financiamiento hacia otras de origen fiscal para que el precio del gasoil se alinee con el valor medio internacional".
De Castro, de la Unvenu, también destacó la reducción del sobreprecio incluido en el gasoil: “Restan $ 3 para que, en forma gradual, de a $ 0,75 centavos por año en los próximos cuatro, se pueda eliminar el sobreprecio, o bien que se cambie la fuente de financiamiento”.
Consideró que si no se puede financiar por Rentas Generales, se haga desarmando y sustituyendo lo que se destina al subsidio general al GLP, que significa US$ 40 millones al año, por el subsidio al boleto. Esa solución, dijo, permite mantener el subsidio a la movilidad de pasajeros, bajar el precio del gasoil que repercute en toda la economía y dejar de subsidiar el producto supergas a la población en general. Aclaró que no se plantea eliminar el subsidio específico a las personas de menores recursos que reciben el GLP rebajado por ser beneficiario del Ministerio de Desarrollo Social.
De Castro destacó que con la rebaja del sobreprecio vigente desde este mes, el precio del gasoil en Uruguay equivale a US$ 1,13 por litro, ubicado “por debajo del precio medio mundial, que es de US$ 1,17”.
Igualmente, consideró que “hay urgencia” en quitar el sobreprecio del gasoil porque “no se puede seguir encareciendo y cargando al sector productivo”.
Para el subsecretario de Industria, Walter Verri, “salvo una decisión política de financiar de otra manera ese subsidio a la movilidad de pasajeros, no parece que se pueda eliminar (el sobrecosto) del gasoil”.