La CAF, que invitó a más de una docena de periodistas para la ocasión, eligió esa ciudad —inaugurada en 1960— por la “magia” y la particularidad de haber sido la única planificada y diseñada desde cero en América Latina, fundamentó el presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz-Granados.
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La mitad de los latinoamericanos vive a más de 500 kilómetros de la capital, relevó el informe de CAF
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La publicación analiza la organización territorial de los países, los roles de los gobiernos locales, la magnitud del gasto, cómo invierten y financian los proyectos. Además, hace foco en la estructura de los ingresos propios, de las transferencias del gobierno nacional, las burocracias, la calidad de las instituciones locales y la modernización de los trámites y las gestiones a través de la digitalización.
Para Díaz-Granados, la última década ha sido “la peor desde 1950” para la región por el bajo crecimiento económico y el deterioro de la productividad dados los shocks que tuvieron que enfrentar los países, como el Covid-19, anteriormente las caídas del precio de los commodities o los problemas climáticos más recientes. En ese contexto, pedirles a los gobiernos nacionales más transferencias para los niveles de gobernanza local sería “ir a contrapelo”, opinó el lunes 5 en rueda de prensa.
“Con lo que tenemos, hay que ser más eficientes, hay que digitalizar las gestiones municipales. Hay margen para mejorar los ingresos por esa vía (…), para que los gobiernos locales sean parte de la solución a los dilemas de crecimiento que tiene la región. El buen funcionamiento local podría ayudar muchísimo a emparejar la cancha, a mejorar los niveles de productividad”, sostuvo.
En esa línea, planteó que el fortalecimiento de la recaudación de impuestos propios, por ejemplo, a través de innovaciones tecnológicas como fotos satelitales sacadas a los predios por parte de las oficinas catastrales, puede ser una fuente de recursos para invertir en desarrollo sin depender tanto de las transferencias gubernamentales.
Además, Díaz-Granados se refirió al “cambio profundo” que pauta la guerra arancelaria de la administración del estadounidense Donald Trump, desde “un mundo con reglas globales a uno con reglas propias de cada país e impredecibles” en el que cada nación deberá “ajustar las velas” para acomodarse al nuevo escenario. Advirtió a su vez que los “problemas de déficit de confianza institucional” que se observan en la región latinoamericana transmiten un pesimismo que alimenta el aire caliente de la polarización. Ese déficit de esperanza y optimismo se refleja, por ejemplo, en el hecho de que hay 18 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan.
El martes 6, en el lanzamiento público del reporte, realizado en el Banco do Brasil, el presidente ejecutivo dijo que CAF apunta a convertirse en el banco de los gobiernos locales de la región, como sucede en Brasil, cuya cartera de financiamientos supera los US$ 4.000 millones. Alegó, parafraseando al exmandatario brasileño Juscelino Kubitschek, que la responsabilidad del banco de desarrollo de la región es “ayudar a coser a América Latina y el Caribe por dentro”.
Al cierre de 2024, existían 18.236 gobiernos locales (concejos, municipios, distritos, provincias) en 29 países de la región y en 13 de ellos había 262 gobiernos regionales (provincias, departamentos, estados), indica el reporte. Con foco en esos niveles de gobernanza, la CAF destaca que el fortalecimiento institucional es vital no solo para mejorar la prestación de servicios como educación, salud o infraestructura básica, sino también para enfrentar de forma más efectiva fenómenos como el cambio climático, la informalidad urbana o la violencia.
Burocracia
El reporte, de más de 300 páginas, plantea que la dificultad de generar burocracias de calidad en los niveles locales o intermedios de gobierno es mayor que en el nivel nacional porque, por ejemplo, la “menor fortaleza de las instituciones en los gobiernos subnacionales favorece el uso político” del empleo público. Por eso, indica que para atraer, motivar y comprometer a las personas con su trabajo y el bien público es central tener políticas de selección de personal, remuneración y desarrollo profesional.
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En las décadas de 1980 y 1990 la descentralización tuvo fuerte dinámica en Brasil, Bolivia, Ecuador y Paraguay; en Uruguay los gobiernos locales o municipios nacieron luego de 2010
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Al comparar la magnitud con el empleo público total para 11 países que poseen datos disponibles, encuentra que Brasil, donde el grado de descentralización es mayor, la prevalencia del empleo subnacional alcanza altos niveles (86%), al igual que en Argentina y México, donde ronda el 75%. En contraposición, en Venezuela el empleo subnacional representa apenas el 22% de los funcionarios públicos. En tanto, en Uruguay el empleo público de los gobiernos locales es 6%, en los departamentos es 27% y el 66% restante se ubica en el plano nacional.
Cuando se analizan el perfil y las condiciones laborales, los datos disponibles permiten comparaciones entre cuatro países: Uruguay, Bolivia, Brasil y México.
Para un área de administración pública que no incluye prestación de servicios como manejo de residuos, suministro de agua, limpieza urbana, educación, salud y seguridad, los cálculos de la CAF arrojan que la proporción de empleados públicos es cercana al 30% en Bolivia y Uruguay y al 40% en Brasil y México.
En los cuatro países, en comparación con el gobierno nacional, las intendencias y los municipios tienen una menor proporción de cargos de tipo profesional y técnico y más cantidad de puestos operativos. En consonancia con ello, los funcionarios de los gobiernos locales tienen en promedio menor escolaridad y salarios más bajos en comparación a los gubernamentales.
También en los cuatro países los funcionarios subnacionales tienen una mayor probabilidad de ser contratados temporalmente. Ese patrón es “consistente” con el mayor uso político del empleo público en los gobiernos locales, afirma el reporte.
Siguiendo con la caracterización de la burocracia, el estudio muestra que la representación de las mujeres en el empleo público y en los cargos gerenciales es mayor a la que registra el sector privado (asalariados formales) en los cuatro países analizados. Pero, dentro del sector público, la participación de ellas es en general menor en el nivel subnacional que en el nacional. Algo similar pasa al comparar la remuneración de las mujeres con la de los hombres (según escolaridad, edad, tipo de ocupación, horas trabajadas, etcétera), ya que la brecha salarial de género es menor en el sector público que en el privado, pero mayor en el nivel subnacional que en el nacional. La brecha oscila entre alrededor del 5% en México y Uruguay y 17% en Brasil.
Entre los factores centrales para profesionalizar las burocracias están los mecanismos utilizados para ingresar a la función pública, indica la CAF, como los concursos de oposición públicos, los procesos simplificados para decidir contrataciones sin explicitar criterios o ponderadores a utilizar y la contratación mediante designación directa.
Gasto y transferencias
Los gobiernos subnacionales pueden solventar los gastos y las inversiones a través de la recaudación propia de recursos y mediante transferencias del gobierno nacional. En promedio, el 58% de los ingresos de los gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe provienen de transferencias y el restante 42% proceden de recursos propios.
La descentralización de las últimas décadas estuvo acompañada de un aumento en el gasto ejecutado por los gobiernos locales, indica el reporte. Según el nivel de gobierno, el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) es en promedio 5,8% en los gobiernos subnacionales. En Uruguay es menor (3%) y, al clasificarlo, el 83% corresponde a gasto corriente (personal, seguridad social, funcionamiento, etcétera), 14,5% a capital (infraestructura) y 2,5% es servicio de deuda. Esa distribución del gasto es similar en varios países como Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú.
Entre los incentivos para gastar mejor, la asignación de recursos en función de metas específicas de desempeño permite optimizar el uso de los fondos públicos. Sin embargo, hay escasa integración entre los sistemas de monitoreo y evaluación de los presupuestos, apunta la CAF.
En cuanto a la inversión, solo el 15% es ejecutada por gobiernos subnacionales en Uruguay, en tanto en Bolivia, Colombia y Perú, con mayor descentralización, alcanza a ser entre 29% y 53%. Sobre la calidad de la inversión pública, los proyectos subnacionales están “peor planificados y presentan menor alineación estratégica y estudios de viabilidad más débiles”, advierte el estudio.
