Los últimos estados contables disponibles en la central de balances de la Auditoría Interna de la Nación son de 2022 en el caso de CG y del 2021 en el caso de la sociedad Hernandarias XIII —una empresa del mismo grupo—, que maneja el 90% del ganado de los inversores, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales.
Otro cuestionamiento a este tipo de inversiones surgido en el marco de esta crisis es si pueden ser una vía de lavado de dinero.
El derrotero de CG es el más sonado de las últimas semanas y en el que se están destapando situaciones de tensión entre sus socios. Los problemas de insolvencia afectaron antes a República Ganadera, que está buscando reestructurar los pasivos mediante un acuerdo privado, que a su vez le siguió al Grupo Larrarte, que hoy puede verse como la punta de un iceberg.
Es probable que los tres casos terminen tramitándose como concursos de acreedores; el de Larrarte se solicitó a fines del año pasado, y en los otros dos ya se prepararon y presentaron pedidos por grupos de personas damnificadas y la Justicia deberá evaluarlos y expedirse tras la feria judicial.
Efecto dominó
El modelo de negocios de estas empresas es similar: reciben dinero de inversores —en los últimos años, de personas ajenas al sector agropecuario— para destinarlo al engorde de ganado que luego es vendido a la industria frigorífica. En el caso de CG, el contrato de inversión mínima es por US$ 15.000 a seis meses de plazo y una rentabilidad de 7% anual en dólares. La ganancia ofrecida por las otras dos empresas era mayor.
Las dificultades en Larrarte empezaron cuando algunos inversores no pudieron verificar que el ganando en el que habían puesto plata había sido efectivamente comprado, lo que debía estar documentado por la empresa ante el Ministerio de Ganadería. Eso derivó en denuncias y, finalmente, en el concurso de acreedores.
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Fundada en 1999, Conexión Ganadera ofrecía distintos productos de inversión en ganado
Sitio web de Conexión Ganadera
Desde fines del año pasado y tras los problemas en ese grupo y en República Ganadera, algunos abogados empezaron a llamar la atención sobre la situación de CG, la que tiene más clientes.
El Observador informó el lunes 27 que seis inversores presentaron ese día ante la Justicia la solicitud de concurso —“necesario”—, con el cual buscan desplazar a las autoridades de la empresa, dirigida por Pablo Carrasco; Gustavo Basso, el otro socio, falleció en un siniestro de tránsito hace pocos meses.
Otros clientes de CG asesorados por abogados también presentaron el pedido de concurso de acreedores y varios profesionales están trabajando en demandas civiles y penales en Uruguay y en el exterior, para perseguir el patrimonio de los socios de la empresa y de otros participantes del negocio.
Carrasco se excusó de haber cancelado el streaming que estaba previsto realizar el jueves 23. Dijo estar “absolutamente sorprendido” con los resultados de la evaluación financiera primaria de la empresa y consideró que requiere ajustes y una “auditoría profesional y especializada”. Adujo que en su momento consideró que debía transitar “de inmediato el camino del concurso voluntario”.
Se refirió a la “voluntad y organización ya avanzada, de un grupo de inversores que, previo a cualquier intervención judicial, han planteado participar de inmediato en una planificación respecto a los activos de la empresa” y expresó no oponerse a la misma, si bien debería requerir coordinación y la “imprescindible auditoría profesional”. Carrasco habló de comprometerse “para la transición” en la “organización del cuidado de los ganados en campos”. Agregó: “Mis socios han propuesto no postergar el streaming para proponer de inmediato, comenzar el período de transición que asegure a los inversores, una salida con su participación y con las máximas garantías”.
El martes 21, en un encuentro presencial en el club de pesca Ramírez con un centenar de inversores de mayor porte, CG expuso una situación financiera complicada al reconocer un defasaje de unos US$ 250 millones entre los activos y pasivos, recogió la diaria. Entonces, solicitaban —sin éxito— una “tregua” para llegar a un acuerdo privado de reestructuración, sin que se presentaran denuncias penales.
En general, las situaciones que denuncian los damnificados giran en torno a diferencias en la cantidad de ganado inscripto a nombre del inversor o a la ausencia de dicho registro.
“Desastre” y “corrida”
La situación tuvo varias repercusiones a nivel político.
El senador electo Sebastián da Silva, del Partido Nacional, dijo que se trata de un “negocio entre privados”, excediendo la responsabilidad de organismos públicos como del Banco Central (BCU), como señaló el futuro titular del Ministerio de Ganadería (MGAP), Alfredo Fratti, que en declaraciones recogidas por el periodista Leo Sarro asimiló la situación de los fondos ganaderos a una “corrida bancaria” y la catalogó como un “desastre”.
“Ha habido un descuido, una falta de participación del BCU que es el garante”, señaló. “El tema es que el que se quema con leche ve la vaca y llora, esto nos va a traer problemas a que la gente vuelva a creer en el sector agropecuario como un lugar seguro de inversión”, apuntó el designado ministro. “Si hay desasosiego en el sector… Yo tengo una lista de gente que ha llamado, pero es un problema que tiene que resolverlo quien esté, cuando nos toque a nosotros veremos lo que podemos hacer”, declaró Fratti.
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Ministro de Ganadería designado en el futuro gobierno del Frente Amplio, Alfredo Fratti
Javier Calvelo, adhoc/FOTOS
La respuesta del regulador del mercado financiero fue rápida. En un comunicado difundido el jueves 23, el BCU afirmó que desde el 2018 hizo 11 actuaciones en firmas que ofrecen inversiones ganaderas para verificar que el negocio fuera ese “y no un depósito, préstamo individual, fondo de inversión u oferta pública de valores (instrumentos financieros) sin el debido registro del valor y su emisor”. En algunos casos, aclaró, se instruyó a esas empresas a que se abstuvieran de realizar publicidad llamando a inversores, lo que hizo que algunas modificaron su negocio.
El BCU reiteró que las empresas dedicadas exclusivamente a la cría y engorde de ganado o a la capitalización ganadera “no están reguladas ni supervisadas” por el organismo, dado que la “naturaleza de su actividad no es de carácter financiero, sino productivo”.
El titular del BCU, Washington Ribeiro, señaló que “si se pretende” que ese tipo de firmas esté bajo la supervisión del BCU, debería ocurrir un cambio normativo.
El presidente de la BVM, Ángel Urraburu, dijo en Radio Carve el jueves 23 que está “totalmente alineado” con el planteo de Fratti. Vaticinó que se trata de un golpe “definitivo” al negocio de fondos ganaderos. “A partir de ahora va a ser muy difícil convencer a alguien de que invierta en engorde de terneros o de vaquillonas”, aseguró. Dimensionó en unos 7.000 inversores damnificados entre las tres empresas y lo asimiló a la “crisis bancaria de 2002”.
Comentó sobre la falta de balances de las firmas y opinó que existen “carencias regulatorias que son notorias”. El corredor de bolsa opinó que hay un “vacío legal” porque “cuando se trata de captar el ahorro público, el BCU tiene una obligación que cumplir. No estoy diciendo que no haya cumplido con sus objetivos legales, pero si hay un vacío legal y está aconteciendo un hecho que no es el apropiado para el sistema financiero uruguayo, creo que se debieron generar herramientas para intervenir en forma rápida”.
Tras una reunión por la transición en el MGAP, el titular de la cartera, Fernando Mattos, se refirió en conferencia de prensa a la situación de insolvencia de las tres empresas de inversión ganadera, opinó que está “afectando el ahorro nacional” y que los hechos le pegan “colateralmente” a la cartera.
Dijo que, a su juicio, el BCU “debiera intervenir” en el caso de que se determine que se trata de inversiones de carácter financiero. “No está muy claro desde el punto de vista jurídico si es financiero o si es un sistema de capitalización. Parece ser algo híbrido que no está bien comprendido por la normativa, incluso conversamos con el futuro ministro de la posibilidad de dejar alguna propuesta de carácter legislativo para que el Parlamento lo pueda considerar”, afirmó Mattos. Al respecto, Fratti expresó su acuerdo con recorrer ese camino. “Al Banco Central le pasó un elefante por delante y a los legisladores también, porque seguramente los que tenemos vinculación con el agro no pegamos el grito a tiempo; con este sonsonete de que ‘es entre privados, no te metás’, tenemos una cantidad de uruguayos damnificados”, reflexionó.
“Batalla judicial” y salidas posibles
El martes 28 se efectuó la reunión virtual con los inversores de CG que se había postergado; la transmisión por YouTube, de más de una hora, fue seguida por más de 5.000 personas.
Carrasco asumió la “responsabilidad total” de los problemas de la empresa, y por la “negligencia y la omisión“ en las cosas que se hicieron mal. Expresó sentir una falta “moral” frente a los inversores perjudicados y prometió que dejará “el pellejo” para corregirlo.
El contador Ricardo Giovio, un asesor financiero experto en situaciones de empresas en crisis y liquidación contratado por CG hace pocas semanas, presentó los grandes números de la firma. Reveló que “no es auditable” porque los balances “no reflejan la realidad”, aunque señaló que los pasivos superarían a los activos en una cifra aproximada a los US$ 230 millones. Aseguró que el negocio que desarrollaba CG no era rentable; “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó” como tal por el “grave” problema de solvencia que se iba cubriendo con el capital que aportaban nuevos inversores.
“Todos aceptamos que esta empresa no tuviera información y basamos todo en su prestigio, antecedentes y cumplimiento. Fuimos todos para adelante y nos la pusimos de sombrero”, afirmó.
Para Giovio, el primer paso y el más aconsejable es que la empresa llegue a concurso de acreedores cuanto antes y luego alcance un acuerdo privado de reestructuración para —propuso— formar una nueva empresa en manos de los inversores a la cual transferir los activos (más de US$ 100 millones en más de 100.000 cabezas), los campos y otros activos, lo que daría la posibilidad de recuperar inicialmente entre 35% y 40% del capital perdido, contra el 10% que lograrían en caso de que se fuera por la vía de la liquidación.
El experto avizora una “batalla jurídica” librada por los representantes de los inversores que tienen ganado a su nombre —que van a exigir retirarlo— contra los que la propiedad de los animales es dudosa en los papeles, que son la mayoría y que buscarán impedirlo.