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Caso de corredora de bolsa Sara Goldring “cambió de fase” luego del fracaso del acuerdo
Lideco, como liquidador, dice que una minoría “arrastró” a la mayoría y que no hay otra propuesta para los acreedores; una abogada en el exterior entiende que la empresaria acusada de apropiación indebida está “obligada” a sentarse a negociar
La fecha límite para que la corredora de bolsa Sara Goldring alcanzara un acuerdo con el Banco Central (BCU) y los inversores de su firma, Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), venció el 31 de octubre. La propuesta, que prometía un pago del 50% de los créditos —unos US$ 21 millones en total— en un plazo de 15 días, a cambio de que los damnificados por apropiación indebida desistieran de todas sus reclamaciones civiles, no llegó al 75% de aprobación necesaria.
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Fernando Cabrera, gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco) —liquidador delegado por el BCU—, dijo a Búsqueda que a la fecha no hay “ninguna propuesta alternativa arriba de la mesa” por parte de Goldring.
Desde Lideco se impulsaba la aceptación del acuerdo por entender que representaba “algo concreto” frente a “meras promesas” de los abogados de damnificados en el exterior, que afirman la existencia de activos de un valor considerablemente mayor al ofrecido en la propuesta, depositados en cuentas bancarias de la empresaria que se encuentran congeladas por decisión judicial en Estados Unidos.
Refiriéndose al fracaso del acuerdo, Cabrera manifestó: “Fue el camino por el cual ellos optaron, o una minoría de ellos optó y arrastró a la mayoría. Nos faltaba un porcentaje relativamente menor, en torno del 15%-17% para llegar”.
Según informó El Observador, un estudio jurídico que representa a un grupo de inversores, el mismo 31 de octubre, hizo a Goldring otra propuesta, que fue rechazada. “El planteo que nos hacen de devolverles el 100% a los (saldos) negativos lo consideramos absolutamente inaceptable y perjudicial para los acreedores que ya habían llegado a soluciones. No lo vamos a hacer bajo ningún concepto”, afirmó Cabrera.
Lo que sigue en el caso es, en principio, la investigación del fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, que busca ampliar la imputación penal de Goldring a estafa u otros delitos. También seguirán su curso las demandas civiles de los damnificados —unos 760 en total— a cargo de varios estudios jurídicos locales.
Paralelamente, la abogada en el exterior Patricia Regules busca incluir en las negociaciones a Jefferies LLC —uno de los bancos desde los que operaba Goldring—, por entender que debe indemnizaciones a los acreedores. “La negociación no se terminó, solo cambió de fase”, sostuvo la profesional en diálogo con Búsqueda.
Para Regules, el “verdadero punto de presión” es que, independientemente del proceso de embargo en Estados Unidos, Goldring “está obligada a sentarse de nuevo a negociar” porque “no le queda otra alternativa viable para acceder a su plata en el exterior”, explicó, ya que Jefferies no podrá liberar las cuentas hasta que haya un acuerdo definitivo o culminen todos sus procesos penales en Uruguay.
Otro caso
Por otro lado, el 29 de octubre el BCU intervino la corredora de bolsa Pérez Marexiano S.A. tras detectar “posibles actos delictivos”.
En abril, había radicado en la Justicia una denuncia por estafa y apropiación indebida dirigida a su cliente —y empleado de la firma hasta 2015— Luis Ignacio González Palombo.
Según la resolución del BCU, González falsificó estados de cuenta y creó saldos negativos a varios de sus clientes, usando los activos de algunos para cubrir las operaciones de otros. Por otro lado, entendió que Pérez Marexiano “no controló adecuadamente las operaciones realizadas para estos clientes” y “ocultó información relevante” sobre González cuando la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU se la solicitó, lo que configura un “entorpecimiento de la fiscalización”.
“Nosotros le pusimos una sanción pequeña porque no cumplió con algunas cosas internas de la BVM (Bolsa de Valores de Montevideo), menores y no vinculadas estrictamente con esto. Pero desde el punto de vista de las sanciones, está 100% en manos del BCU”, comentó a Búsqueda el presidente de la BVM, Ángel Urraburu.
