Con el anuncio del preacuerdo alcanzado el lunes 3, algunas gremiales empezaron un “debate interno bastante intenso” sobre la reducción de la jornada en los últimos días, indicaron a Búsqueda fuentes empresariales. Para abonarlo, están relevando opiniones de socios, estudios académicos y opiniones de expertos, a fin de delinear de manera más orgánica y formal los “argumentos para oponerse”.
Discusión cuidadosa
Para el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la discusión que “está emergiendo” sobre el tema hay que “manejarla con cuidado”, dijo ayer en un evento organizado por la Liga de Defensa Comercial. Argumentó que, si bien pueden surgir acuerdos entre privados, el fenómeno que a escala global se viene de reducción del tiempo de trabajo, como una aspiración de balancear el esfuerzo con el estándar de vida, requiere en Uruguay una “discusión de la productividad profunda y, sin duda, una discusión sobre temas del mercado laboral”.
El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo a Búsqueda que, en diálogo con varios de los titulares de las gremiales socias, se analiza que la reducción de jornada sin afectación salarial “no es trasladable” al resto de los sectores, porque hay negocios que “no pueden soportar” el aumento de costos que significaría.
En otros casos, planteó, aunque se pudiera solventar, como podría suceder en algunos sectores que tienen actividad 24/7, aplicar la reducción del tiempo de trabajo implicaría tener que incorporar otro turno y eso los enfrentaría a la limitante de conseguir suficiente personal calificado. “Es un tema muy complejo que tiene que ser analizado sector por sector, tenemos que tener mucho cuidado, hay que estudiarlo y no se ha hecho con el tiempo suficiente”, advirtió Loureiro.
Aunque no opinó sobre el resultado de la negociación para la construcción, el titular de la CIU, Leonardo García, dijo a Búsqueda que el consejo directivo analizó con “mucha preocupación” la forma y los ribetes de “violencia” que se dieron en las obras durante el proceso que llevó al preacuerdo.
“Está claro que son sectores totalmente distintos”, dijo García y reafirmó que en la industria “transable, que compite con el mundo (la reducción de jornada sin pérdida salarial), es totalmente inviable, más en el momento actual donde hay muchas dificultades”.
Aclaró que en las actuales mesas de negociación de Consejos de Salarios, ningún rubro industrial tiene la “capacidad y posibilidad de negociar” un abatimiento del tiempo de trabajo. “No nos parece el momento adecuado, hay que ser responsable en lo que podemos dar, en lo que se puede negociar, porque si no, lo que vamos a lograr es que menos trabajadores trabajen menos horas”, señaló.
En la misma línea, el titular de la CCSU, Julio Lestido, dijo, el lunes 3 en el programa de streaming Todo un tema de El Observador, que “no están dadas las condiciones y que es muy difícil aplicar” la reducción de jornada cuando la “propuesta” se reduce a trabajar seis horas, pero ganando el equivalente a ocho.
Comentarios de ese tipo recibió el presidente de la Cámara de la Construcción, Alejandro Ruibal, desde actores políticos y ejecutivos empresariales a los que aludió como “con miedo que se les contagie” la reducción de la jornada, publicó la diaria el sábado 8.
También se refirió a las discusiones que su gremial tuvo con las asociaciones colegas que fueron parte de la negociación (la Liga de la Construcción, la Asociación de Promotores Privados-Appcu y la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este) que luego terminaron consensuando.
El titular de la Appcu, Alfredo Kaplan, dijo en El País del lunes 10 que la situación exige un “análisis crítico” para garantizar un equilibrio en el sector y una mejor relación entre todas las partes. Alegó que el preacuerdo es “lo menos malo” que se podía aceptar e indicó que los costos que se asumen en el convenio “se disparan para los desarrolladores, los consumidores finales e, incluso, el Estado”.
Leonardo Veiga, investigador de la Escuela de Negocios IEEM de la Universidad de Montevideo, desglosó en un hilo en la red social X los distintos impactos del preacuerdo y concluyó que “encarece las obras” de vivienda en 7,5% y las viales 4,3%, en términos reales. En la obra pública, identificó una “grieta contractual que eventualmente deja 44% del aumento sin reconocimiento”.
“Histórico” para el sector
El preacuerdo bipartito del Grupo 9, subgrupo 1, se prevé que quede ratificado en las próximas horas por una asamblea general del Sunca. Establece ajustes salariales anuales con los correctivos respectivos durante un plazo de cinco años, ya que regirá de manera retroactiva desde el 1 de abril de este año hasta fin de marzo del 2031.
En todo el plazo de vigencia asegura un crecimiento del poder adquisitivo (real) de 2,98%, según la Cámara de la Construcción.
Prevé una reducción gradual de 44 a 40 horas semanales, que comenzará a aplicarse desde el 30 de agosto del 2027, a razón de una hora por año. Será implementada por cada empresa, de acuerdo a la forma de organización del trabajo, pero sin estar condicionada a rendimientos o productividad.
En 2008, la jornada en la construcción había sido reducida de 48 a 44 horas semanales.
Ente las posibilidades previstas, la semana laboral puede ser de nueve horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes, o jornadas de ocho horas de lunes a viernes.
Uno de los asesores legales de tres cámaras empresariales durante la negociación y exdirector de la Inspección de Trabajo, Tomás Teijeiro, dijo a Búsqueda que el “gran hito” y lo “histórico” del preacuerdo son los cinco años de vigencia. “Eso le da por primera vez una estabilidad a la industria” que nunca tuvo, y otorga “certeza jurídica y comercial a inversores, constructores, desarrolladores y trabajadores”. Consideró que eso fue posible porque en la industria negocian actores “muy maduros” de ambas partes.
El abogado señaló que fue un “ejercicio de gran responsabilidad” de parte de las gremiales como Appcu, la Liga y la Coordinadora “posibilitar” el acuerdo en el entendido de que “le hacía bien al país no tener una industria trancada por meses”, en especial cuando el sector está atravesando una meseta en el nivel de actividad.
“Teniendo elementos legítimos para estar en desacuerdo con algunas cosas, avanzaron porque entienden que hay cuestiones instaladas en la industria, que hay que convivir con ellas, y porque es importante tener certeza” hacia adelante, apuntó el asesor.
Sin embargo, apartándose de lo convenido en la construcción y en términos personales, Teijeiro opinó que “Uruguay no está ni cerca de las circunstancias que tienen algunos de los países que a menudo son nombrados como modelo de reducción” del tiempo de trabajo, como Chile o España, comentó. Agregó que la economía uruguaya “no tiene, en general, una productividad comparada que habilite a una reducción de los tiempos de trabajo con o sin desmedro salarial”. “En ninguna de las dos hipótesis, entiendo que Uruguay esté en el momento en el que se justifique una reducción de la jornada, ni por compararnos con otros países, ni por mejoramiento de la calidad de vida”, añadió.
A su juicio, reducir los tiempos de trabajo no implica de por sí una modernización de la legislación laboral, sino “una respuesta a las demandas de determinados sectores”. “No pienso que, porque en determinados países la tendencia en algunos sectores o en general haya sido la reducción (de la jornada), Uruguay deba plegarse de plano”, alegó.
Destacó que, en el caso de la construcción, las partes coincidieron en que el sector “está apto”, en contraste con lo que puede significar que la reducción de jornada “sea impuesta por ley, por ejemplo, lo que sería generalizador y generaría inequidades de todo tipo”.
Reconoció que el rendimiento de los trabajadores estuvo en la mesa, pero no se incluyó directamente vinculado al menor tiempo de trabajo acordado: “Esperemos que la productividad se mantenga, que no decaiga, porque se entiende que hay un compromiso de los sindicatos y de las cámaras a que la industria sea cada vez más eficiente”.
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