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Esta semana la justicia concursal resolvió la liquidación de Conexión Ganadera
Una etapa posterior será la calificación del concurso, que, según el marco legal vigente, podrá ser “culpable” —si los dueños de la firma actuaron con “dolo” o “culpa grave”— o “fortuito”, en el caso de que la generación de la insolvencia responda a situaciones adversas o coyunturales del mercado. Ese asunto, indicaron las fuentes, se tratará de un “trabajo arduo” y de largo aliento, que “con suerte” se dilucidará en 2026.
La caída de CG —y, en menor medida, la de otras dos que también ofrecían productos de capitalización ganadera—, viene generando problemas de actividad y empleo en la cadena frigorífica por formar parte de un grupo económico y de un modelo de negocio que cubría toda la cadena (cría, engorde, faena y exportación).
La empresa, fundada a fines de los años noventa por cinco socios y cuyos administradores eran Pablo Carrasco y el fallecido Gustavo Basso, captaba ahorro privado para invertir en ganado y prometía a los interesados una renta fija, en un negocio que era variable.
El porcentaje de recuperación de los US$ 350 millones que CG debe a los más de 4.000 inversores damnificados que se estimaron en un inicio podría comenzar a dilucidarse en poco tiempo más, según la información recabada por Búsqueda.
Vacas, inversión y un “plus”
El 31 de marzo, informó El Observador, se decretó la liquidación de CG, por lo que queda sin efecto la junta de acreedores que estaba prevista para agosto. Los activos de la empresa serán rematados, primeramente “en bloque”, como establece la normativa. Hasta el momento, las existencias de vacunos son de unas 80.000 cabezas y otras 15.000 por nacer, indicó una fuente. “Hay ganado, no el que debería, pero hay”, comentó.
Una definición jurídica que está pendiente, y que se tomará en este primer semestre de 2025, está siendo estudiada por el juez y es de las más relevantes, porque definirá si los inversores están en pie de igualdad para reclamar su dinero una vez que se reúna, liquidación mediante, el total de activos. El análisis jurídico en cuestión pasa por dilucidar si los inversores compraban vacas o hacían una inversión respaldada o garantizada con los animales. Dependiendo de cómo se resuelva eso variará la suerte de los damnificados: si a todos les tocará algo en el reparto o si algunos recibirán más que otros.
La porción más importante de los más de 4.000 clientes de CG está entre los que tienen un contrato de inversión común, sin vacas a su nombre, dijeron los informantes.
Vacas en campo de Canelones. Foto: Javier Calvelo / adhocFotos
Unas 80.000 cabezas de ganado y otros 15.000 animales por nacer forman parte del inventario de activos de la deudora
Javier Calvelo, adhoc/Fotos
Explicaron que la definición jurídica puede ir por tres caminos posibles.
Si la decisión del juez considera que las vacas son de quienes las tienen a su nombre, los titulares de los animales cobrarían sin problema y los demás inversores no recuperarían “ni un peso”. Pero, si se entiende que, en realidad, todos tenían un contrato de inversión, solo que en algunos casos la renta estaba garantizada con vacas, podría haber un reparto más amplio que abarcara a más gente.
El tercer camino puede plantear una solución intermedia, en la cual todos los damnificados entrarían en el reparto, pero aquellos que tienen garantizado su crédito con vacunos a su nombre estarían en una situación más favorable y recibirían un “plus” o porcentaje mayor.
Llegar a una definición jurídica para optar por uno de esos tres criterios encierra un análisis “complejo”, indicó la fuente, que va más allá de responder si la apuesta de los damnificados de CG fue de “vacas o inversión”, sino que refiere a cuál es la decisión que haga más justicia.
Verificación “lenta”
Sea cual fuera el criterio que el juez resuelva, el reparto de lo que se obtenga por la liquidación de los activos de CG se hará entre la cantidad de acreedores que hayan efectivamente verificado su crédito. Ese proceso, que está en curso y se extenderá hasta el próximo jueves 24, viene “lento”, afirmó la fuente, porque hay “incidentes” jurídicos de la gente que considera que tiene ganado y está pidiendo la resolución de los contratos y reclama los vacunos. Otros en la misma situación están, en paralelo, planteando que su interés es verificar el crédito en caso de que la devolución del ganado no prospere, para entrar en el plazo de 60 días que establece la normativa para hacerlo de manera gratuita.
Según transmitieron las fuentes judiciales consultadas, de los más de 4.000 inversores de CG, por ahora no se llega a los 2.000 créditos verificados; “no hay ni la mitad”.
Entre las hipótesis que podrían explicar ese nivel de solicitudes de verificación respecto al total de afectados, está la imposibilidad de justificar el origen del dinero invertido, que es uno de los requisitos a presentar. Si bien la causa del crédito es el contrato que el acreedor puede tener en su poder, es necesario acreditar el origen y desplazamiento del dinero que el hecho o la inversión en cuestión encierra. Es decir, de dónde vino la plata, hacia dónde fue, indicando fecha, cuantía y demás.
Pese a que en ningún concurso de acreedores se verifica el 100% de los créditos a pagar por parte de la empresa deudora, en este caso se cree que, como el negocio de CG era captar ahorro público, sin regulación ni control que dejara una huella del origen del dinero —y en muchos casos se entregaba en efectivo—, habrá muchos impedidos de verificar su crédito. “Hay gente que le puede dar cierto calor tener que decir de dónde vino la plata, hacia dónde fue, si iba con bolsos al estilo de película y el señor Gustavo Basso decía: ‘Adelante, hagamos el contrato’”, comentaron.
Otra posibilidad es que buena parte de los damnificados dé por perdido el dinero invertido y prefiera no gastar en honorarios profesionales para la verificación porque cree que no lo compensará con el monto que pueda llegar a recuperar.
En paralelo al trabajo que realiza el juzgado de concurso sucede la labor de la Fiscalía en la causa penal por denuncias de estafa y apropiación indebida contra los administradores, familiares y mandos medios de CG.
Los informantes plantearon la posibilidad de que puedan surgir del expediente vías de colaboración con la Fiscalía o de intercambio de información por la investigación que se lleva adelante en busca de responsabilidades penales y civiles de los directivos de CG. “Es probable que haya alguna reunión para coordinar esfuerzos, compartir información”, explicó una fuente.
También aludieron a la planilla que circuló pocos días después de conocerse el caso con los nombres de autoridades y personalidades públicas que tendrían dinero invertido en CG y los montos. Señalaron que, hasta el momento, solo el colorado Isaac Alfie, el exministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la administración de Luis Lacalle Pou, reclamó el ganado. Según la lista, ese economista invirtió US$ 46.000 en dos contratos distintos; uno fue en un Bono Ganadero.
“Según lo que me dijeron, los que tenemos ganado somos minoría; el resto es préstamo puro y duro. Los estudios más grandes dicen que esto es una masa única, porque, de lo que haya, van a sacar un porcentaje. Pero no es así. Los que tenemos ganado, lo tenemos”, declaró Alfie a Montevideo Portal, según publicó el 14 de febrero.
Pago a damnificados
Una vez que sean verificados los créditos (sobre los que se espera todo tipo de impugnaciones) y que esté resuelto jurídicamente el criterio más justo para repartir lo que se logre realizar de activos por la vía de la liquidación, en la segunda mitad de 2025 “van a empezar los pagos” a los damnificados, aseguraron las fuentes judiciales. En ese momento, los primeros en cobrar serán los denominados acreedores “instante”, que tienen el “privilegio” de satisfacer el 50% de su crédito, por ser los que promovieron el concurso necesario en primer lugar y dieron inicio al proceso.
Luego de satisfacer a ese conjunto de acreedores y siempre que los fondos de la liquidación de activos alcance, se procederá a pagar el resto de los créditos.
En general, en los concursos de empresas existen hipotecas y prendas que tienen a favor instituciones bancarias o empresas públicas y que la ley concursal privilegia al momento del reparto. Sin embargo, en este caso, se trata de un “concurso raro”, porque la mayoría de los acreedores son simples, explicó una fuente.
Quizás por eso, entre otros factores, como el hecho de que los acreedores verificados sean relativamente menos de los esperados y porque hay un volumen considerable de existencias de ganado, el porcentaje que puedan recuperar finalmente sea “bastante” en comparación a lo que se podía proyectar en un principio, agregó.
Costos y el “tablero de dominó”
Además de definir la liquidación de la empresa, solicitada por Pablo Carrasco, uno de los fundadores y director, esta semana el juez del concurso resolvió autorizar la venta anticipada de los bienes que había pedido el síndico ante la imposibilidad de sostener la elevada estructura de costos de CG. Ese costo está relacionado con el pago de arrendamientos de campos en el litoral y el centro del país, donde se encuentran los animales, los insumos para su mantenimiento sanitario y alimentación, los costos de traslado y logística y la mano de obra rural y administrativa. En total, las fuentes dijeron son unos 120 empleados que en su mayoría están abocados a las tareas de campo.
Ahora que se autorizó la venta anticipada de bienes es posible que empiece a disminuir la cantidad de ganado; el dinero que se obtenga se depositará a nombre del Juzgado con la identificación correspondiente, para abatir los gastos en mantenimiento, arrendamientos y mano de obra. “Es todo como un tablero de dominó, una pieza mueve a la otra”, ilustró la fuente.
Otra de las empresas del grupo, Hernandarias XIII, que es la propietaria de 75.000 hectáreas de campo, también entró en liquidación. Mientras avanzan los concursos de otras firmas vinculadas, como Etranil y Del Terruño, en los que el síndico designado también es Ciavattone.
