En sus primeras reuniones con Jimena Pardo, nueva presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), los directores en representación de los trabajadores, pasivos y empresas se encargaron de trasladar todas las inquietudes generadas durante la gestión anterior. Tienen tiempo hasta 2026 —año de elecciones para esos cargos en el organismo— para volcar sus esfuerzos en revertir la tendencia a dictar resoluciones “ilegítimas” en contra de ciudadanos, resolver “más de 10.000 expedientes trancados” por cambios en la organización del trabajo, lograr una equiparación de las jubilaciones mínimas al Salario Mínimo Nacional y encontrar soluciones para el endeudamiento. Esas son las prioridades de esos jerarcas con representación de sectores sociales, según dijeron a Búsqueda.
Algunas de esas preocupaciones son compartidas por Pardo. Junto con ella, asumieron en el directorio María del Rosario Oiz como vicepresidenta y Ariel Ferrari, ambos designados por el Poder Ejecutivo.
Empresas
Las primeras impresiones de José Pereyra, director por las empresas, le indican que las nuevas autoridades traerán una “impronta distinta” en la forma de trabajar. “Creo que el directorio anterior era mucho más político, y este viene con un tinte más técnico. El otro era puramente confrontativo, no había posibilidad de diálogo”, afirmó.
Su prioridad con este gobierno nacional es atender ciertas “resoluciones inconstitucionales” que, asegura, se dieron durante el período anterior con el objetivo de beneficiar “las arcas del organismo”, mostrando una preferencia a cometer “una ilegitimidad” frente a “defender al ciudadano”. Según le consta, estas situaciones son cotidianas: “El otro día se mandó en el grupo de los funcionarios un video de un abogado que decía: ‘Otra vez ganamos un juicio contra el BPS, por querer cobrarle a un ciudadano una deuda que había prescripto’”.
Pereyra aseguró que un informe solicitado al abogado Ruben Correa Freitas le informó que no hay consecuencias para el director que asume una “postura ilegal”, salvo que el contribuyente “vaya contra el organismo y en el organismo se determine la responsabilidad del director”. Eso es algo poco probable, ya que “el sistema no va en contra del propio sistema”, apuntó el jerarca. Pese a esto, cree que hay voluntad en las nuevas autoridades de estudiar los casos antes de votar resoluciones.
“A mi entender, el BPS toma una postura de decir: ‘la mayoría de la gente no reclama porque lleva tiempo y costo de abogados’, pero, por suerte, hay mucha gente que empezó a pelearlo. Los servicios reconocieron que se está actuando de forma ilegítima. Eso colaboró a que los directores entendieran que, si bien es difícil adjudicarles responsabilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista moral tiene una implicancia importante”, opinó.
Otro tema de preocupación para el representante empresarial tiene que ver con las deudas que “atacan” a los pequeños empresarios. “Si uno se crea una unipersonal y se afilia al BPS, le va mal un día o hay una ola y termina con una deuda que no puede pagar, porque, además, si se atrasa, ya tiene un 20% de multas, moras y recargos. Ahí tenemos a unos 60.000 uruguayos”, comentó. Agregó que buscará reflotar un proyecto de ley que “quedó encajonado” en el período pasado y que ya pasó por el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir.
Trabajadores
Carlos Clavijo, director del BPS en representación de los trabajadores, comentó que ya se incorporó “un paso más” en el funcionamiento del directorio, el cual permite trasladar consultas a los servicios antes de llegar a una instancia de votación. Esto sería señal de que los representantes sociales están siendo “un poco más escuchados” con respecto a la gestión anterior.
Junto con su equipo, compartió al resto del directorio una carpeta con las principales preocupaciones de los trabajadores, donde insisten en que “hay que eliminar” los plazos para el reconocimiento de años de servicio que fueron determinados en la reforma jubilatoria aprobada en el gobierno anterior. Este será uno de los planteos que, asegura, se llevarán al “diálogo social” convocado por la nueva administración del Frente Amplio. Por el momento, en una reciente sesión del Directorio del BPS se logró una votación por unanimidad para extender dichos plazos.
En otra línea de planteos, buscará que el Fondo de Garantía de Créditos Laborales “realmente genere los derechos que tiene que generar”, ya que “por resolución de directorio” se cambió la manera de interpretar sus bases. Algo similar sucede en cuanto a las prescripciones de las deudas y los nuevos criterios para la nominalización de los salarios. “Se votó que el BPS iba a nominar lo que cobraba el trabajador cuando se hacía una denuncia por no aportación, cuando el trabajador en realidad cobra el líquido y deberían tenerse en cuenta los laudos de los Consejos de Salarios”, explicó.
Dentro de la carpeta también se integraron reivindicaciones de los funcionarios del propio BPS. Estas refieren a cambios en la gestión anterior que implicaron “más de 10.000 expedientes trancados”, una “muy mala atención” a los usuarios, el cierre de sucursales y una falta de personal “en todas las oficinas del país”. La entidad funciona con unos 3.200 funcionarios, y, según Clavijo, necesita de unos 250 adicionales como mínimo.
A la ineficiencia en los tiempos “por una forma de trabajo que decidieron las autoridades del organismo”, se le sumaría una falta de claridad en los procedimientos: “De mañana les dan una manera de hacer equis trabajo y de tarde les llega otro mail diciendo que tienen que cambiar tal cosa en la misma tarea”, ejemplificó el director. Esa situación llevó a un “estrés laboral” generalizado y una exposición a situaciones violentas, apuntó.
“En Salto rompieron un vidrio y quisieron prender fuego a los trabajadores, una persona llevó un bidón de nafta. Es común que los escupan o que les tiren papeles por la cabeza”, relató. “En Rivera, viene una persona a pedir un certificado único y le dan fecha para dentro de 15 días. Cuando se va, una compañera me dice: ‘Esto nos obliga a poner una agenda y hacer esta tarea, pero en realidad, si está todo bien, yo se lo puedo dar en 15 minutos’”, continuó.
Comentó, además, que, anteriormente, la población del interior del país gozaba de una gestión “mucho más cercana a la gente”, pero ahora la institución se “retiró del territorio” y tiende más a la atención vía web. “En Bella Unión, la gente de la caña de azúcar sigue haciendo el trámite presencial cuando va al seguro de paro. Teníamos una sola compañera que atendía y que en la zafra se desbordaba. Estamos hablando de gente que no es envejecida, pero que realmente no sabe o no tiene las posibilidades de acceder. El BPS tiene que pensar en eso y tener una atención presencial importante”, reclamó Clavijo.
Sobre estas cuestiones comentó que las nuevas autoridades “están totalmente de acuerdo de cambiar esa manera de trabajar” y que acordaron, con la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, encontrar una solución dentro de los próximos seis meses.
Pasivos
A diferencia de sus compañeros de representación social, María Elena Lloveras asumió como directora por los pasivos en enero pasado, luego de que Ferrari pasara a integrar el directorio por el Poder Ejecutivo. Su agenda está alineada con la de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), que nuclea a más de 100 asociaciones de pasivos y contará con representación en el Comité Ejecutivo en el marco del “diálogo social” convocado por el gobierno para discutir eventuales cambios en el sistema previsional.
Un objetivo de Lloveras será reclamar por los “derechos suspendidos” durante la gestión pasada y, particularmente, que las jubilaciones mínimas continúen recibiendo “el aumento diferencial en el mes de junio y el aumento del 3% a cuenta, y que no se descuente en enero como se resolvió en el gobierno anterior”. También reivindicará la “promesa” del presidente Yamandú Orsi, sobre que al final del período se equipare la jubilación mínima al salario mínimo de los trabajadores.
Por otra parte, la directora por los pasivos buscará que se amplíe el subsidio de alquiler, los cupos camas y la construcción de viviendas para jubilados; que se subsidien las órdenes de mutualistas; y que las operaciones por cataratas y pterigión realizadas por la Brigada Médica Cubana incorporen nuevamente a quienes se atienden por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
También que se continúe con la entrega de tablets en el marco del Plan Ibirapitá, que, según el sindicato de trabajadores de ese programa, fue “desmantelado” y tuvo una traspaso al BPS en “condiciones poco claras y con falta de información”, denunció un comunicado del 2022. “Fuimos introducidos y capacitados en la tecnología informática, pero sistemáticamente aislados cuando nos suspendieron el acceso a la tablet”, reclamó Lloveras.
