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El 4% de los ocupados son “contratistas dependientes”, un vínculo laboral que ha “proliferado”
Nuevos indicadores elaborados por el INE muestran que son más altos los niveles de subutilización de la fuerza de trabajo entre las mujeres, entre los más jóvenes, en el interior del país y en los niveles educativos más bajos
Los trabajadores por cuenta propia engrosan varias medidas de la informalidad
En 2024, hubo en el país 155.000 personas desempleadas. Dentro de ese total, fueron 770 los que estuvieron desocupados durante un lapso que se prolongó por más de un año, según nuevos indicadores de informalidad y subutilización de la fuerza de trabajo presentados el jueves 6 por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Esa cifra se desprende de la tasa de desempleo de larga duración (TDLD), que es la proporción de desocupados que están buscando trabajo hace un año o más respecto del total de desempleados, la cual fue 0,5% en 2024.
Este y otros indicadores son novedades surgidas a partir de los cambios metodológicos en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) introducidos en el 2021. Las nuevas estadísticas de informalidad y subutilización de la fuerza de trabajo se difundirán una vez al año.
Subocupación
Según la jefa del Departamento de Estudios Sociodemográficos del INE, Fiorella Adilandri, la subutilización mide el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, debido a que la mano de obra no es suficientemente absorbida. Uno de esos desajustes es el de la subocupación, que son personas que trabajan menos de 40 horas, pero quisieran trabajar más.
El INE difundió la tasa combinada de subocupación y desocupación (SU2), que expresa la suma de las personas desempleadas (que están disponibles para trabajar, que no tienen un trabajo y están buscando uno) y las ocupadas dispuestas a trabajar más horas —subocupadas—, expresadas en función de la fuerza de trabajo o población económicamente activa (personas mayores de 14 años que están ocupadas o desempleadas).
A su vez, la fuerza de trabajo potencial (FTP) son las personas que no están trabajando pero que no son desocupadas, al ser buscadores de trabajo que no están disponibles, o están disponibles pero no están buscando trabajo”. El INE presentó la tasa de desocupación y la FTP (SU3), que mide la suma de los desocupados y la FTP, en relación con la fuerza de trabajo ampliada, la suma de la población económicamente activa y la FTP.
Un cuarto indicador, llamado “medida compuesta de subutilización” (SU4), incorpora a la población subocupada a los desempleados y la FTP en el indicador SU3. El INE también difundió la tasa de FTP (SU5), que es el porcentaje que esa fuerza potencial representa en relación con la fuerza de trabajo ampliada.
En el informe, los datos se presentaron con aperturas por sexo, edad, región y por nivel educativo. En rasgos generales, los indicadores de subutilización “presentan valores más altos en la población femenina, entre los más jóvenes, en el interior del país respecto de Montevideo y en los niveles educativos más bajos”, explicó Adilandri.
Informalidad
La funcionaria del INE explicó que los cambios en la ECH también permiten reclasificar a los ocupados en función de quién decide sobre sus aportes, sobre su nivel de trabajo, las características del producto o servicio que se va a ofrecer o el precio. De allí surgen los “contratistas dependientes”. Se trata de trabajadores ocupados o cuentapropistas que dependen de otra entidad que se beneficia directamente de su trabajo y ejerce control explícito o implícito sobre sus actividades. Según los datos del INE, 4% de los ocupados forman parte de esta categoría.
Según el director del Departamento de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Rafael Diez de Medina, “la informalidad y la subutilización es una prioridad a nivel global”, particularmente por los “enormes cambios que se han dado en el fenómeno de informalidad”. En la presentación de los nuevos datos del INE, agregó que ahora la informalidad también está presente en “niveles de ocupaciones profesionales, técnicos. Ahora está ligado también a los contratos de dependientes que han proliferado”.
Partiendo de una definición alternativa de la informalidad, que históricamente en Uruguay se mide como el porcentaje de trabajadores no registrados a la seguridad social, al análisis se incorpora a los asalariados que no aportan por la totalidad de su trabajo y a los familiares no remunerados que trabajan en una organización. Bajo esta medición, la informalidad engloba a los empleadores o cuentapropistas cuyas empresas no están registradas; todos los familiares no remunerados del hogar; los asalariados y contratistas dependientes que no aportan a la seguridad social, y a los asalariados que no aportan por la totalidad de sus ingresos. En 2024 representaron 22,7% de los ocupados, un punto porcentual por encima de la medición tradicional.
Desagregando por la clasificación de ocupación, la informalidad es más alta entre los cuentapropistas (60% no están registrados en la seguridad social) y entre los contratistas dependientes (46,5% son informales).
A partir de la nueva definición, el INE también difundió el porcentaje de trabajadores informales por grupo ocupacional, y destacaron algunas categorías por los elevados porcentajes: 43,4% entre oficiales, operarios y artesanos; 37,9% entre agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros; 34,1% las ocupaciones elementales, y 29,5% los trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados. Entre los directores y gerentes, la informalidad fue de 3,9% el año pasado.
El INE también presentó otra medición de la informalidad, al distinguir al sector formal como las empresas registradas a la seguridad social, al sector de los hogares como las familias que contratan trabajadores para producir bienes y servicios de consumo propio (servicio doméstico, entre otros), en contraposición con el sector informal, integrado por las firmas no inscritas en la seguridad social. Con este enfoque, el sector informal acumula al 17,9% de los puestos de trabajo en la economía, mientras que el formal emplea al 77,6% y los hogares al 4,5%.