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El 64% de la población tiene deudas activas; hay que “poner un coto” al “sobreendeudamiento”
La Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios expuso ante legisladores un diagnóstico preocupante sobre los niveles de endeudamiento ciudadano
La Asociación Nacional en Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (Andcu) planteó una serie de datos en tono de alarma sobre el nivel de endeudamiento de la población.
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Al comparecer el miércoles 20 ante la Comisión de Hacienda de Diputados que trata un proyecto de ley de “protección de deudores de bajos recursos” —impulsado por sectores del oficialismo—, la presidenta de esa organización, Adriana Besso, instó a los legisladores: “Tenemos que poner un coto” al “sobreendeudamiento”.
Aseguró que el plan de reestructuración ofrecido en 2024 por bancos y financieras no dio las respuestas que se esperaban. “Si el consumidor tenía cuatro o cinco préstamos, podía firmarlos y acordar 18 o 24 cuotas. En ese momento llegó a un acuerdo porque sí se podía hacer cargo de la cuota. El problema fue que cuando llegó la segunda o la tercera cuota no pudo pagar más, y cayó el convenio que había firmado. ¿Qué ocasionó esta situación? Generó 150.000 deudores más en el sistema, que cayeron en la categoría 5 del Banco Central (BCU)”, describió. Los créditos en esa categoría se consideran incobrables.
Indicó que desde la Andcu perciben que “hay un mayor endeudamiento en tarjetas de crédito. Hay un 20% más de uso de las tarjetas, en el cual también se refleja ese porcentaje de endeudamiento”. Según dijo, hoy el consumidor uruguayo “usa la tarjeta, primero, para cubrir las necesidades básicas: para ir al supermercado. En segundo lugar, utiliza el plástico para la salud y, después, para el combustible. Ahora bien, si hoy vamos a un Redpagos o a un Abitab, vemos que es muy común que utilicen la tarjeta también para abonar los organismos públicos. Este es un grave problema”. Añadió que los bancos “están haciendo promociones diciendo que los organismos públicos se pueden pagar en dos o tres cuotas, dependiendo el caso”.
“El problema es que, después, no tiene el dinero. ¿Qué hace? Saca un préstamo para pagar la tarjeta de crédito. Así comienza todo el proceso, que implica que el consumidor no pueda salir de esa situación. La última cifra que tenemos indica que representa un 64,4% de la población real de endeudamiento”, aseveró.
Consultada por Búsqueda, Besso aclaró que ese dato surge de información del BCU, según la cual se “registró un aumento sostenido de personas físicas con deudas activas, contingente que pasó de 1.863.878 personas al cierre de 2015 a 2.253.404 personas al cierre de 2025, lo que representa el 64,4% de la población total del país”.
La “felicidad completa” y el “gota a gota”
También cuestionó la publicidad agresiva que hacen las administradoras de créditos. “¡Están atomizando al consumidor! Le venden la felicidad completa: la casa estupenda, la familia perfecta y el viaje perfecto, con dinero a una tasa que, muchas veces, no es la que le van a aplicar cuando firme”. Como otro problema, se refirió a los créditos “a sola firma”.
“Las financieras le dicen a la persona que le van a hacer perder su casa y que le van a sacar todo porque hicieron una denuncia penal, pero cuando uno va a la comisaría, se da cuenta de que esa denuncia no existe. Así que se llega a ese extremo (...). ¡¿A qué punto estamos llegando?!”, planteó.
A marzo pasado, la cartera de préstamos total de las grandes administradoras de crédito fue de $ 58.648 millones, equivalentes a US$ 1.457 millones, informó la semana pasada Búsqueda a partir de estadísticas presentadas por las empresas publicadas por el BCU. En términos reales —descontada la inflación—, significó una baja de 2% frente a setiembre de 2025 (el cierre del ejercicio anual anterior).
OCA, la Asociación Nacional de Afiliados (Anda), Creditel, Crédito de la Casa y Cash concentraban el 78,2% de la cartera total a marzo de 2026.
Además, la presidenta de la Andcu afirmó que el llamado crédito “gota a gota” ha “crecido muchísimo en Uruguay”, utilizado por pequeñas empresas y consumidores. “Acá hay un delito, además. (Los prestamistas) Recurren a medios extorsivos, a amenazas, hasta llegan a golpear a la gente. Es un sector integrado por un número importante de extranjeros; mayormente, son colombianos y también hay algunos ecuatorianos”.
Describió que el préstamo va de $ 5.000 a $ 50.000, y se cobra una tasa “terriblemente usurera”, que los deudores “nunca terminan de pagar”.
Sin entrar en detalles en el articulado, Besso cuestionó el nombre del proyecto: “¿Por qué hablar solo de los deudores de bajos recursos? Con este nombre estamos dejando afuera a una cantidad de consumidores” endeudados.
