El Banco Central dice que mejoró la supervisión en el lavado con un cambio criticado por consultor

El organismo respondió a través de su Área de Comunicación que “para valorar si la cantidad de ROS presentados es razonable se consideran aspectos tales como la tendencia de la variación en la cantidad presentada por los diferentes sujetos obligados en el transcurso de los años, la constatación por parte de los diferentes supervisores de los sujetos obligados del sector financiero y no financiero de debilidades relevantes en el proceso de detección, análisis y reporte de operaciones inusuales y sospechosas por parte de esos sujetos obligados, el riesgo al que está expuesto un sector en particular, la cantidad de transacciones y el volumen de fondos manejados por los sectores. Los sectores de sujetos obligados en los que se considera que la cantidad de ROS presentados no parecen suficientes han sido destacados” en las diferentes memorias de la UIAF.

Los rematadores hicieron siete reportes el año pasado, menos que los 10 que, debido a una “situación puntual”, habían presentado en 2023. Los ROS del 2024 por ese sector “fueron consecuencia de la detección de inusualidades en las actividades de los clientes y el cumplimiento de la obligación de su reporte”, explicó el BCU.

La unidad

La UIAF actúa como centro nacional para recibir, solicitar, analizar y difundir a las autoridades competentes la información relativa a operaciones inusuales o sospechosas. Su estructura administrativa, además, le asigna los recursos para dar cumplimiento a su rol de regulación y supervisión de la normativa en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Gerencia de Área de la UIAF, que depende directamente de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del BCU, cuenta con 15 funcionarios y está organizada en cuatro unidades: de análisis estratégico; de investigación financiera; de cooperación; y de supervisión de empresas de servicios financieros, casas de cambio y otros agentes.

¿Cómo es esa estructura en términos comparados con unidades similares de otros países?, interrogó Búsqueda al BCU. El banco contestó que “las UIF en cada país tienen ubicación en el Estado, con distintas formas. En algunos casos, dentro de un banco central o supervisor financiero, en otros fuera de estos organismos. En esta última situación, bajo la órbita del Poder Ejecutivo o en un organismo autónomo. También las funciones resultan más amplias o más restringidas”.

El consultor Alejandro Montesdeoca, contratado por el anterior gobierno primero para evaluar el sistema antilavado uruguayo y después para proponer una estrategia que corrija los problemas detectados, entiende que la función de supervisar el cumplimiento de las medidas en esta materia se diluyó dentro de la SSF y no se lleva a cabo por funcionarios especializados en la temática de lavado de activos. Según ese experto, tras la decisión del directorio anterior del BCU, que sacó de la órbita de la UIAF el control del lavado, el combate al blanqueo “ahora funciona peor”.

El BCU, en su respuesta, discrepó con esa visión. Señaló que la “función de supervisión la realizan funcionarios que están altamente especializados en la materia y han recibido y reciben capacitación acorde. No realizar dicha función en forma exclusiva no significa que no sean especialistas”.

También reprochó a Montesdeoca: “Desconocemos en qué se basó el consultor para realizar dicha afirmación. No revisó documentos o información de trabajo de la SSF, por ejemplo, el tiempo destinado en las actividades de supervisión a evaluar el riesgo de lavado, las observaciones e instrucciones formuladas a los supervisados con las debilidades surgidas del análisis llevado adelante, el número de actuaciones realizadas, la cantidad de sanciones aplicadas. De haberlo hecho, podría haber notado que, en la práctica, el cambio redundó en una mejora de la supervisión”.

La nueva directora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Sandra Libonatti, quien por 10 años —entre 2008 y 2018— fue jefa de la UIAF, parece alineada con la postura que expresó en sus respuestas el BCU, ahora presidido por Guillermo Tolosa.

“En el momento se podía percibir como una decisión equivocada y desde el punto de vista teórico una especialización siempre es buena, siempre que los recursos te lo permitan. Después, con el diario del lunes, cuando uno ve las actuaciones, si vemos la memoria de la superintendencia, dónde están las sanciones aplicadas, la cantidad de actuaciones hechas, dudo de que haya sido tan desacertada la decisión”, señaló Libonatti entrevistada en marzo por Búsqueda.

Según ella, si el BCU “tuviera recursos debería haber una unidad especializada. Ahora, si tuviera alguna potestad para ver dónde dirigir recursos, no los dirigiría tanto ahí para la supervisión del sector financiero, porque la evaluación y la estrategia nacional apuntan a otros lugares, donde están los problemas más graves. Y estoy hablando de los que están a cargo de la superintendencia, porque no nos olvidemos de que hay otros actores del sector financiero que quedan fuera de la superintendencia y que realmente hoy tienen un impacto importante, como son todos los operadores del sistema de pago, una serie de nuevos operadores que tienen ahí una participación importante”. Insistió: “Diría que lo prioritario, en mi opinión, son los recursos de la UIAF para su rol de inteligencia y estos otros nuevos actores, que han tenido un crecimiento muy importante, que fue parte de la estrategia del gobierno saliente”.

Las instituciones que brindan sistemas de pago no presentaron ningún ROS en 2024, cuando virtualmente se habían duplicado año tras año desde el 2021 (a 82 en 2023), surge de la memoria de la UIAF.