Desde la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Sauce, el exsenador Lauro Meléndez reclamó “el reintegro del aguinaldo arrebatado en la década de 1970 durante la dictadura militar” a las personas retiradas. Planteó, además, “consolidar las canastas de invierno no solo para los jubilados, sino también para la población en general”, y aludió a la experiencia del 2014, cuando se instaló el plan piloto del programa Canasta de Servicios que brindó subsidios a las tarifas de luz, agua y gas.
En cuanto a aspectos de financiación, propuso profundizar en el combate a la evasión y elusión fiscal, así como la revisión de “recursos no ingresados” al Banco de Previsión Social (BPS) por exoneraciones y regímenes especiales que, “si bien tienen sentidos en su transitoriedad, después permanecen inalterables”. También pidió equiparar los aportes patronales a los que hacen los trabajadores y crear una nueva franja del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas con una tasa de 40% para ingresos superiores a 150 BPC, lo que equivale a casi un millón de pesos. Sugirió, asimismo, establecer el impuesto a la herencia y dirigirlo hacia fondos de la seguridad social, como también los recursos provenientes de la gestión de las apuestas en el juego de loterías y los decomisos por narcotráfico.
Gustavo Borges, alcalde del municipio de Montes, presentó un documento elaborado con vecinos del Santoral de Canelones donde denunció una precarización laboral y falta de trabajadores organizados en el medio rural, especialmente en el noroeste del departamento. Allí, “hablar de sindicato muchas veces es palabra prohibida”, señaló. En la zona, “el trabajo de sol a sol sigue existiendo”, al igual que una población importante de inmigrantes que terminan siendo víctimas del trabajo “en negro”, afirmó.
Juan Carlos, un vecino que participó en la propuesta planteada por Borges, detalló ejemplos de accidentes laborales que son “moneda corriente” en la zona, donde los patrones no se ocuparon de la cobertura del seguro por incapacidad temporal de sus peones.
La Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa, a través de Laura Nieves, advirtió sobre la aceleración del despoblamiento del campo. Consideró que la actual generación puede ser la última de pequeños productores rurales. “Se están perdiendo fuentes laborales por no tener políticas atractivas para las nuevas generaciones”, señaló. Hugo Bragunde, de la misma organización, agregó la necesidad de “proyectos ambiciosos” para estimular la permanencia de las mujeres en el medio rural.
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En representación de la Comunidad Autista Adulta Sin Discapacidad Intelectual y Neurodivergente en Uruguay, Eleonora Campos aseguró que esa población se encuentra “bastante desamparada” en el esquema de la seguridad social, ya que también necesitan políticas de accesibilidad, aunque no se los suele considerar. Explicó que precisan comunicaciones asincrónicas, lenguaje claro, trámites descritos paso a paso y preferiblemente en línea, y propuso la creación de un documento de identificación para personas con discapacidad para la realización de trámites en oficinas públicas que facilite sus tránsitos. Meléndez se sumó al reclamo y pidió que la tasa de reemplazo para las personas jubiladas con discapacidad sea del 65%.
Entre la colectividad de los “cincuentones”, Sonia Delgado recordó que, en 1996, “se obligó” a unas 124.000 personas menores de 40 años a integrarse al sistema de ahorro individual a través de una administradora de fondos previsionales (AFAP). Con la Ley 19.590 promulgada en 2017, unos 36.000 jubilados decidieron retirarse de ese pilar, pero “en la letra pequeña” se les descontó un 10% de lo estimado en sus jubilaciones, lo cual generó una “inequidad brutal”, planteó. Por ello, reclaman voluntad política para derogar ese artículo o buscar alternativas para que vuelvan a percibir ese 10% —no de forma retroactiva—, lo que “no afectaría tanto las arcas del Estado”.
De la Red de Mujeres Uruguayas y la Asociación de Jubilados de San Antonio, Margarita Garrido reclamó al BPS por haber dejado fuera de los últimos aumentos de las jubilaciones a quienes perciben pensiones por viudez y sobrevivencia, generalmente mujeres que trabajaron toda su vida en la informalidad, lo que consideró “muy injusto”.
Cuidado de infancias y mayores
Las dificultades de transporte se plantearon como un problema transversal de todos los grupos etarios de la zona.
Bragunde explicó que el territorio rural de Canelones cuenta con servicios “muy malos” que desmotivan a los jóvenes a permanecer en el sistema educativo por las largas horas de espera y de viaje. Garrido relató que, en su pueblo, los mayores no tienen cómo trasladarse. “Cuando organizan reuniones como esta, miran el mapa y dicen ‘este pueblito está cerca de este’, pero no se fijan si realmente tenemos cómo llegar”, reclamó.
Fue recurrente la mención a la carencia de asistentes sociales, que, según Borges, deben compartirse entre varias localidades, instituciones educativas y de la salud. Rosana Carrasco, de la Comisión de Apoyo del Centro Auxiliar de San Ramón, alertó particularmente sobre la falta de asistentes sociales para el seguimiento de casos de violencia intrafamiliar, y agregó la necesidad de dar asesoramiento jurídico a las familias para el acceso a derechos como las pensiones alimenticias.
Nieves acotó que es común que las familias de bajos recursos tengan un “grado de vulnerabilidad que hace que naturalicen el estado en el que trabajan y viven, sin percibir que no todos sus derechos están siendo respetados”. A su entender, sería necesario contar con equipos multidisciplinarios que realicen un seguimiento de estas familias para hacerles conocer sus opciones y acercarles herramientas.
En el eje de los cuidados a los mayores de edad, Darwin Barreto pidió mayores flexibilidades laborales para quienes están a cargo de familiares con deterioros cognitivos como el alzhéimer. Bragunde agregó que el Sistema de Cuidados para mayores “no existe” en la zona, y que los productores rurales de edad avanzada cuyos hijos migraron a la ciudad se ven obligados a trasladarse a centros urbanos para acceder a servicios de cuidados y salud, generando desarraigo y dificultades para sostener su economía con jubilaciones insuficientes. Macarena Arias, integrante del Partido Colorado en San Ramón, añadió que, en su momento, “se había planteado” la instalación de centros de cuidado para el mayor, pero las conversaciones “quedaron en la nada”.
Entre otras limitaciones del Sistema de Cuidados, Garrido recordó que solo pueden ser beneficiarias del Programa de Asistentes Personales aquellas personas menores de 29 y los mayores de 80 años, excluyendo a otros grupos etarios que precisan del apoyo. Natalia Muñiz, docente y edila de San Ramón, subrayó la necesidad de potenciar ese sistema para atender a las madres jefas de hogar con dificultades de empleo y falta de apoyo en los cuidados de sus hijos, y Meléndez propuso ampliar la red de las escuelas rurales con jornada completa, algo que también sería un “alivio” para aquellos abuelos responsables del “cuidado múltiple” de niños y adolescentes.
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Sobre la atención a la primera infancia, Arias señaló la falta de cupos en el centro CAIF de la localidad, donde “muchos niños quedan afuera”. Borges reiteró la preocupación de los vecinos de la zona del Santoral de Canelones con respecto a esos centros, que suelen ver sus recursos reducidos cuando no llegan a una matrícula de 70 niños.
En el otro extremo de la trayectoria educativa, Muñiz, reconoció las oportunidades de formación en lechería de la región para los jóvenes, pero planteó la necesidad de ampliar la vinculación con otras ramas agropecuarias. Garrido también propuso ampliar la formación de cuidadores, lo que permitiría nuevas fuentes de trabajo.
Mariela Tejera, psicóloga de ASSE en la zona del Santoral, señaló los retrasos en la respuesta del sistema de salud a niños con problemas de desarrollo. “Vemos cómo pasan los años y no podemos brindarles los apoyos necesarios porque el acceso es complicado o llega muy tarde”, lamentó. Incluso para las familias que aportan al BPS, detalló, la distancia con los centros urbanos dificulta el acceso a ayudas especiales. Entre sus propuestas mencionó la creación de centros comunitarios para personas con discapacidad mayores de 15 años, que hoy quedan “excluidas de toda posibilidad de seguir aprendiendo y desarrollándose”.
Campos resaltó la necesidad de actualizar la formación de los educadores en materia de neurodiversidad. Explicó que la falta de conocimiento provoca que, muchas veces, las neurodivergencias de los alumnos sean confundidas con problemas de conducta. “Hay que saber de neurodivergencia para detectar y, con un equipo multidisciplinario, trabajar en la protección de esa trayectoria”, afirmó.
