Un momento crítico en la asignación de prestaciones debe ser la prenatalidad, especialmente en los primeros meses posconcepción, en los que a la organización le consta que “hay problemas”, señaló. Un proyecto en manos del Ministerio de Desarrollo Social en colaboración con Naciones Unidas prevé la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial predictiva en las primeras consultas médicas de las embarazadas para conocer de antemano la población que eventualmente necesitará del apoyo de transferencias de protección social. Si bien PIAS no está implicada en la iniciativa, Baleato entiende que la herramienta iría en la dirección correcta, para “no llegar tarde” a esos sectores vulnerables.
En cuanto al Sistema de Cuidados, reafirmó la necesidad de la ampliación de la cobertura y la extensión horaria, así como la adecuación de la oferta de los centros destinados a la primera infancia. En los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) se da la situación, comentó, de que hay cupos libres en ciertas zonas y cupos agotados en otras. “En un país con tan pocos niños y tan pequeño geográficamente, la Agesic (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) es un organismo clave para brindar herramientas informáticas de georreferenciación. Tenemos que saber cuáles son los problemas y dónde están”, propuso.
La Secretaría de Cuidados está trabajando en la multiplicación de los Centros Siempre cogestionados entre empresas y sindicatos, que, entre otras características, operarían con mayor disponibilidad horaria para atender a los hijos de los trabajadores.
Solidario y sin lucro
El presidente de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Sixto Amaro, representará como titular a la gremial en el ámbito convocado por el gobierno. La secretaria general, Estela Ovelar, será su alterna.
Una “seguridad social sin fines de lucro” será el principio “trascendente” que los pasivos defenderán en el diálogo. “Creemos que sí debe haber un pilar de ahorro individual en los trabajadores que tienen capacidad para ello”, pero “debe ser sin fines de lucro. (...) Está absolutamente claro que la Ley 20.130, como una última reforma de la seguridad social, tuvo como objetivo central defender y además desarrollar el sistema de AFAP”, señaló Amaro.
También el PIT-CNT replanteará puntos de la papeleta plebiscitada en octubre de 2024 —que fracasó— y que, entre otros temas, propuso eliminar el “lucro” en el pilar de ahorro individual en manos de las AFAP.
“Lo que plantean los compañeros del PIT-CNT seguramente tendrá sus fundamentos. Nosotros tenemos nuestra propia propuesta, que significa que cada cual aporte según sus ingresos. Que los que más tienen aporten para los que tienen menos”, aclaró el dirigente de Onajpu.
Las Bases Programáticas del Frente Amplio para el actual período de gobierno también plantean “impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario no contributivo, de reparto intergeneracional contributivo y de ahorro no lucrativo”, aunque actuales autoridades, como el ministro de Economía, han dicho que eso no implicará la eliminación de las AFAP, sino cambios en aspectos de su funcionamiento.
Otro tema que ya está en manos de la Presidencia de la República, a partir de una reciente reunión de la Onapju con el mandatario Yamandú Orsi, es el planteo de lograr una jubilación mínima de cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), algo mayor al salario mínimo nacional (SMN). En campaña electoral, el ahora presidente prometió llegar a una equiparación entre la jubilación mínima —hoy fijada en 3,05 BPC— y el SMN para el final de su mandato. Ese punto también formó parte de la papeleta rechazada en octubre.
En esa reunión entre Orsi y la organización de pasivos también se conversó la intención de que el ajuste retroactivo a julio de las jubilaciones mínimas, que funciona como “adelanto”, no se descuente más con el aumento anual por el Índice Medio de Salarios Nominal en enero. Eso implicaría un monto extra de $ 602 en el mes de agosto, siempre y cuando Presidencia firme el decreto antes del próximo jueves 10.
En lo que respecta a la salud, la Onajpu buscará que el gobierno y las mutualistas convengan en una política de tiques de medicamentos “más accesibles”. Estos “se han ido a más de $ 400”, y dentro de quienes cobran la jubilación mínima, “muchos gastan cerca de $ 5.000 por mes”, aseguró Amaro. También preocupa el tratamiento de la salud mental de los mayores, especialmente en lo que respecta a la violencia intrafamiliar, que, señaló, frecuentemente sufren. “Sobre estos temas, naturalmente esperamos encontrar la unanimidad”, expresó.
A mediados de junio el gobierno reinstaló la Comisión Honoraria Consultiva de Vivienda que funcionó en administraciones anteriores del Frente Amplio, y que la Onajpu integra en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Banco de Previsión Social (BPS). En este sentido, Amaro reforzó que si bien hay una lista de espera en el BPS de 2.500 jubilados con sus situaciones estudiadas, en total hay unos 6.000 jubilados que esperan viviendas y que ya cuentan con los requisitos necesarios para entrar en la lista de espera.
“Tenemos un retraso enorme. En los últimos cinco años se construyeron viviendas ya licitadas desde la administración anterior, pero no se hizo ningún programa de construcción de vivienda. Finalmente se lanzó un programa que parecía más un manotazo de ahogado que un programa de vivienda”, reclamó, en referencia al nuevo subsidio de alquiler que ofrece el BPS.
El presidente de la Onajpu afirmó que en el diálogo social también se referirán al “desmantelamiento” que la administración del gobierno anterior habría realizado en el Plan Ibirapitá de Ceibal, en el que “se eliminaron” las antenas de wifi colocadas en asociaciones de jubilados en todo el territorio nacional y se suspendió la entrega de tablets porque se entendió que “estaban obsoletas”.
“Al final se hizo la entrega de celulares, en defensa de la libertad ingresaron las empresas privadas de comunicación y terminó pareciéndose más a un negocio que a un programa de inclusión de los adultos mayores”, criticó. Agregó que actualmente discuten el retorno del programa con el Ministerio de Educación y Cultura.
“Nada sobre nosotros sin nosotros”
En la segunda reunión de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, a principios de junio, los representantes del Poder Ejecutivo resolvieron modificaciones en cuanto a los participantes que contarán con representación directa en el diálogo. Una de ellas fue la convocatoria a representantes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El cambio se dio luego de una sugerencia por parte de la Red Pro Cuidados, organización social que también tendrá un lugar en la Comisión Ejecutiva. Según adelantó a Búsqueda Silvia Areosa, representante del Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda y quien será su representante titular, uno de los ejes más urgentes será la accesibilidad a la información; que todas las comunicaciones en el marco del diálogo estén disponibles en lengua de señas, formatos compatibles con lectores de pantalla para personas con baja visión y en lectura fácil, tanto para personas con discapacidad intelectual como para personas sordas que no tienen al español como lengua materna
Natalia Gil, directora de la Acción Coordinadora y Reivindicadora del Impedido del Uruguay, recordó la consigna que guía a la Alianza: “Nada sobre nosotros sin nosotros. Ya no estamos en épocas de sensibilizar, sino de exigir accesibilidad para que todas las personas que viven en Uruguay puedan recibir la información y decidir con autonomía, entendiendo el mensaje”, sostuvo. Areosa añadió que “los países siempre pierden un montón de plata” cuando tienen como público objetivo a personas con discapacidad, pero no se las consulta directamente, aunque “hay personas con discapacidad perfectamente calificadas como para asesorar” políticas públicas.
Dentro del Sistema Nacional de Cuidados, las personas discapacitadas quedan relegadas a la categoría de “cuidados auxiliares”. El programa de asistentes personales cogestionado con el BPS excluye como potenciales beneficiarios a las personas de entre 29 y 80 años, y solo contempla casos de dependencia severa. Las activistas explicaron que hay una población que “necesita de apoyos más leves”, pero que “también deberían estar contemplados” tanto durante la jornada laboral como en el hogar. En ese sentido, señalaron que la principal necesidad es la de “formación adecuada y mayor cobertura para los asistentes, porque aún hay un “déficit notorio” incluso para la población objetivo del programa. Adicionalmente, señalaron que la nueva figura del “facilitador de autonomía en ámbitos educativos” también genera preocupación. “Choca con lo que es la asistencia personal. No puede sustituir al asistente. Sin embargo, eso es lo que está pasando”, advirtió Gil.
La Alianza también propondrá la “universalización” de las pensiones por discapacidad como derecho inherente, en el entendido de que este corte de la población “enfrenta muchos más gastos” que el común, por lo que no deberían “depender” de los ingresos del hogar. Además, esos ingresos están atados a un mercado en el que la inclusión laboral “no está llegando a todos” y los llamados para funciones públicas “favorecen solo a ciertos tipos de discapacidad”. Las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, aseguran, son las más excluidas.
Finalmente, como reclamo “histórico”, plantearán lo que entienden es una las principales barreras para avanzar en políticas públicas: la “falta de datos confiables” sobre la población con discapacidad. Si bien existe un Registro Nacional de Personas con Discapacidad, es voluntario y “la mayoría lo conoce cuando se postulan a un llamado público”. “No hay cifras globales ni actualizadas. Lo que hay está fragmentado y no refleja la demanda real de cuidados”, reclamó Gil. “Cuando se hable de presupuesto, no se puede pensar que se les está haciendo un favor a las personas con discapacidad. Son derechos. No es un lujo, es lo que corresponde”, sostuvo.
Las representantes de la Red Pro Cuidados serán Margarita Percovich como titular y Elizabeth Oria como suplente. Desde esa organización indicaron a Búsqueda que las delegadas prefieren tomar conocimiento de las propuestas del Ejecutivo antes de adelantar posturas públicamente.
PAPEL
Organizaciones representadas en el “diálogo social” reclaman prestaciones
universales por discapacidad y unificar las que cobran niños y adolescentes
